Audasa cancela la emisión de sus obligaciones por el virus
La concesionaria de la Autopista del Atlántico refinanciará una emisión de 400 millones con un crédito sindicado
El Covid-19 está arrasando muchas operaciones. La última, la colocación de deuda entre pequeños inversores de Audasa, la concesionaria que gestiona la autopista que cruza de norte a sur el oeste de la comunidad de Galicia. Estaba previsto que la colocación se desembolsara próximo 1 de abril, pero "con motivo de las actuales circunstancias extraordinarias imperantes, entre otros, en los mercados de deuda provocados por el coronavirus" cancela la emisión por un total de 100 millones de euros. La demanda no ha respondido, después de un plazo de suscripción del 9 al 26 de marzo.
Audasa, filial de Itínere, tenía previsto destinar el dinero a la amortización de una emisión por 400 millones de euros que vence el 1 de abril. Pero en el folleto ya contaba con la posiblidad de que no pudiera llegar a obtener el dinero de la emisión de los bonos, de manera que el pasado diciembre firmó un crédito sindicado por el importe total que debe refinanciar. El tipo de interés de dicho préstamo sindicado está referenciado al euribor 6 meses con un margen del 1,15% y vence el 28 de noviembre de 2024.
La firma explica que al tratarse de una operación de refinanciación suendeudamiento bruto de la por cerca de 1.100 millones de euros, no experimentará variación respecto al existente al 31 de diciembre de 2018 y 2019. Su gran debilidad es la deuda, con una ratio de deuda entre ebitda de 8,4 veces en 2018. La empresa tenía en balance una deuda neta de 1.041 millones a cierre del pasado junio, toda ella en bonos. Ahora también dependerá de las entidades financieras.
La empresa, cuya concesión vence en agosto de 2048, se ha refinanciado habitualmente en las oficinas bancarias a tipos de interés superiores a los de empresas con rating de inversión (BBB- o superior). Pero ha bajado el listón de rentabilidad. Los bonos que amortizará el próximo mes de abril ofrecían una rentabilidad del 4,75%, que se disparaba por encima del 6% gracias a la bonificación fiscal.
En los que tenía previsto vender, el rendimiento bajaba al 2%, interés que hubiera subido a cerca de un 2,6% por las prebendas tributarias del activo. Por una ley de 1972, a los inversores solo se les retendrá el 1,2% del importe de los intereses, frente al 19% habitual. Y no solo eso: los bonistas se podrán deducir en el IRPF el 24% de los intereses. La emisión hubiera pagado un 2%, de forma que los inversores recibirán 20 euros al año por cada 1.000 y el banco les retendrá 0,24 euros.
Si los bonos no gozaran de la bonificación, los inversores tendrían que tributar por el 19% de los intereses: los impuestos sobre 20 euros ascenderían a 3,8 euros. Pero se podrán deducir el 24% de esos 20 euros (4,8 euros). El euro que la Agencia Tributaria devolverá al inversor, siempre que esté sujeto al IRPF, son el resultado de restar 3,8 euros a 4,8.
La rentabilidad financiero-fiscal de los bonos hubiera sido del 2,56% para un tipo impositivo del 19% para los primeros 6.000 euros en plusvalías, del 2,58% para los siguientes 44.000 y del 2,59% a partir de 50.000 euros.
