El mundo judicial pide un protocolo único contra el coronavirus

Asociaciones y sindicatos denuncian la falta de directrices claras y la escasez de medios de protección

El mundo judicial pide un protocolo único contra el coronavirus

Pasillos vacíos y salas cerradas. El estado de alarma ha transformado y enrarecido el ambiente de los tribunales de justicia, que han pasado del ajetreo habitual a una calma relativa en apenas dos semanas. A pesar de la suspensión de plazos y procedimientos que ha decretado el Gobierno, los juzgados siguen abiertos para tramitar, entre otras cosas, denuncias, medidas cautelares e internamientos urgentes en prisión. Un servicio esencial que, según denuncian diferentes colectivos, se está prestando sin contar con las más mínimas medidas de protección contra el coronavirus y en medio de serias dificultades organizativas.

Javier Jordán, presidente del sector de justicia del sindicato de funcionarios CSIF, asegura que en la mayoría de sedes faltan mascarillas, guantes e hidrogeles, pero, sobre todo, directrices claras a la hora de evitar contagios entre trabajadores y ciudadanos. “Se están viviendo días muy duros, de mucho caos, porque no sabemos cómo debemos actuar ante esta situación excepcional”, lamenta. La presidenta de la Asociación de Fiscales, Cristina Dexeus, confirma que no hay equipos de prevención, fundamentalmente para el personal de guardia, que tiene que atender todos los días “a personas que, precisamente, no suelen respetar las indicaciones de las autoridades sanitarias. Aun así, estamos haciendo nuestro trabajo y no hay ningún servicio desatendido”, remarca.

La semana pasada, el Ministerio de Justicia acordó con las comunidades autónomas una serie de normas de seguridad de obligado cumplimiento en todo el territorio nacional. En concreto, se aprobó un protocolo de actuación ante casos de contagio, se ordenó la instalación de mamparas y la desinfección de todas las instalaciones judiciales. Javier Jordán valora positivamente los esfuerzos del Gobierno para “tomar el control de la situación”, aunque cree que las medidas llegan un mes tarde y no abordan el problema de fondo: la descoordinación entre el Poder Judicial y el Ejecutivo. “Deberíamos tener un protocolo unificado porque la enfermedad nos afecta a todos por igual”.

Los jueces deciden

En la práctica, son los jueces los que tienen la última palabra. Hace días que algunos decidieron atender solo a aquellas personas con citación previa y realizar videoconferencias, para que no se formen aglomeraciones a las puertas de los juzgados. Otros jueces, sin embargo, han optado por seguir celebrando comparecencias presenciales, en salas suficientemente amplias como para guardar la distancia de seguridad de dos metros recomendada por las autoridades sanitarias. Esta diferencia de criterios ha provocado ya varios roces y quejas por parte de abogados. Sin ir más lejos, el pasado 16 de marzo, el Colegio de Abogados de Málaga decidió suspender el turno de oficio y el servicio de guardia ante la negativa de varios magistrados a tomar declaración a detenidos por vía telemática desde la comisaría. Tras varios apercibimientos contra los letrados insumisos, la Audiencia Provincial de Málaga finalmente cedió un día más tarde.

El decano del colegio de abogados, Francisco Lara, recalca que los letrados y procuradores también forman parte del engranaje judicial y que, a diferencia de los jueces, no cuentan con un espacio propio en los juzgados para realizar su trabajo con seguridad en estos momentos. Asimismo,

destaca que hay muchos detenidos por causas menores que deberían ser notificados y puestos en libertad inmediatamente, en vez de permanecer en el calabozo durante horas. “No hay ninguna necesidad de poner en riesgo la salud de los detenidos ni la de los abogados. Mucho menos por delitos nimios”.

El portavoz de la asociación judicial Francisco de Vitoria, Jorge Fernández Vaquero, entiende que se debería priorizar la atención por internet, incluso, haciendo uso de medios alternativos como Whats­App y Skype, “siempre que se respeten las garantías procesales y el abogado esté de acuerdo”. En este sentido, reconoce que se están dando soluciones muy dispares, pero insiste en que la culpa la tiene el Consejo General de Poder Judicial (CGPJ), “que no ha dado las instrucciones necesarias”.

El órgano de gobierno de los jueces está en el ojo del huracán desde principios de mes. Primero por dejar en manos de cada juzgado la suspensión de las actuaciones en plena expansión del virus, y después por paralizar la actividad judicial en los principales focos de la pandemia, justo unas horas antes de que el Gobierno extendiera la medida a todos los partidos judiciales. Según Ignacio González Vega, portavoz de Jueces para la Democracia, el CGPJ, ha tenido una respuesta tardía y confusa que ha obligado a los magistrados a tomar la iniciativa e improvisar. “Nosotros, junto a otras asociaciones, hemos pedido crear un gabinete de crisis, pero han rechazado nuestra propuesta”, afirma.

Servicios mínimos

Al margen de la gestión judicial de la emergencia sanitaria, desde Comisiones Obreras (CC OO) también cuestionan la dinámica de trabajo. Su portavoz, Luis Calero, explica que se ha creado un sistema presencial para atender los servicios urgentes y un sistema de reserva o disposición para el resto de los asuntos. En total hay alrededor de 5.000 funcionarios rotando constantemente para que los juzgados estén abiertos las 24 horas del día, siete días a la semana, lo que supone unos servicios mínimos del 10,9%. El problema, desde su punto de vista, es que algunos servicios esenciales han caído en picado por el impacto de la cuarentena y hay juzgados de guardia que están sobredimensionados, sobre todo, los que están situados en ciudades pequeñas. “Hay funcionarios que se pasan toda la mañana esperando a que les entre trabajo, y eso es surrealista en un momento como el actual”, relata Calero.

Tanto CC OO como CSIF proponen reducir al mínimo el número de personas que van a trabajar físicamente y, con ello, el riesgo de contagios. En esa línea, apuntan que los funcionarios podrían hacer un gran número de tareas desde casa, pero indican que el sistema judicial no está pensado ni preparado actualmente para el teletrabajo. De momento, el Ministerio de Justicia ha repartido 4.000 ordenadores portátiles entre jueces, fiscales y letrados de la Administración de Justicia (los antiguos secretarios judiciales). Además, la Subdirección de Nuevas Tecnologías trabaja para ampliar el número de aplicaciones disponibles en el entorno virtual y reforzar el servicio de atención al usuario para resolver incidencias y consultas técnicas.

 

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