Garantizar el crédito empresarial es clave en la crisis que dejará la pandemia
El efecto causado en la economía por la obligada paralización del consumo y de la actividad ofrece dimensiones de catástrofe.
Aunque de momento resulta inviable cuantificar siquiera la durísima factura humana que la pandemia de Covid-19 dejará en España, el efecto causado en la economía por la obligada paralización del consumo y de la actividad empresarial ofrece ya dimensiones de catástrofe. Pese a que es pronto para afinar los cálculos, algunos economistas dibujan un horizonte de hundimiento de casi el 10% en el PIB y de severo repunte, del mismo porcentaje, en el déficit público, como consecuencia de las medidas de estímulo que ha debido adoptar el Gobierno y de la prolongación del estado de alarma al menos hasta mediados del mes de abril.
Para afrontar un contexto de destrucción como este y de posterior recuperación, propio de un país que ha sufrido un conflicto bélico o un desastre natural, inédito en la historia reciente de España y que deja muy atrás lo vivido en la crisis de 2008, resulta fundamental asegurar la financiación del tejido empresarial, garantizando la liquidez y tratando de evitar un estrangulamiento del crédito que necrosaría la actividad económica y agravaría de forma exponencial la crisis dejada por la epidemia. Con ese objetivo, el Gobierno aprobó ayer finalmente su anunciado paquete de avales públicos para las empresas, que operará sobre un primer tramo de 20.000 millones de euros, la mitad de ellos para pymes y autónomos, y que ofrece en general unas condiciones acertadas y urgentes para la pequeña empresa, dado que cubrirán el 80% del riesgo asociado a los préstamos que la banca conceda a pymes y autónomos. En el caso de las grandes compañías, sin embargo, la cobertura será del 70% si se trata de crédito nuevo y del 60% cuando se dirija a refinanciaciones, una cuantía que se queda corta para las necesidades de este tramo del tejido empresarial, que ejerce un papel dinamizador fundamental para un gran porcentaje de pymes y microempresas y que precisamente por ello convierte en potencialmente sistémica la caída de cualquiera de estas compañías como consecuencia de la crisis.
La movilización de este cupo de garantías públicas, unida al plan de choque por valor de 750.000 millones que ha aprobado el BCE y a un contexto de tipos de interés cero debería constituir un escudo lo suficientemente potente como para garantizar la apertura del grifo de crédito por parte de unas entidades financieras cuya solvencia es hoy sustancialmente más sólida que en la última crisis. No en vano irrigar de crédito el sector empresarial es uno de los mecanismos imprescindibles para poder afrontar con alguna garantía de éxito el desolador e incierto panorama económico que dejará esta epidemia.