El papel del ahorro como complemento de la pensión pública
No parece buena idea limitar los estímulos a los planes privados, muy cercenados en los últimos años, y que a fin de cuentas sí han funcionado
El flamante ministro de Seguridad Social e Inclusión compareció ayer en el Congreso y dejó claro que tendrá lista la propuesta de reforma del sistema de pensiones para después del verano, y habrá que esperar hasta entonces para calibrar si lo que propone resuelve el enorme problema financiero que tiene el país con el estado de bienestar, o no. Por el momento solo es posible analizar las propuestas parciales apuntadas ayer y que en absoluto son nuevas. Todos los responsables de la Seguridad Social han recurrido a soluciones parecidas, y casi todos ellos pasaron sin haberlo aplicado, o habiéndolo aplicado de manera muy parcial.
La batalla del retraso de la edad de jubilación ha dejado de centrarse en la fijada por ley (67 años) para hacerlo en la real (63 años), que sigue muy alejada de la legal tanto por las facilidades normativas para adelantar el retiro, como por la presión expulsiva que el sistema productivo ejerce sobre sus plantillas a determinada edad, muchas veces en plena madurez profesional. El Gobierno insiste en premiar la proplongación de la vida laboral (y la cotización) y en limitar las prejubilaciones, aunque sea endureciendo el recorte de la prestación cuando se anticipa el retiro. Seguramente más efectivo que un incremento de la penalización del retiro temprano sería cerrar las vías altamente fraudulentas de la jubilación parcial combinada con contratos de revelo, del que hay práctica abusiva en muchas empresas.
El ministro José Luis Escrivá anunció en paralelo retirar estímulos fiscales a los planes individuales de pensiones complementarias y elevarlos en el caso de los planes colectivos, los construidos en el seno de las empresas, cofinanciados por empresa y trabajador, y que hasta ahora no han tenido éxito. Reino Unido ha hecho un importante ensayo con esta fórmula en la que se destina una parte del sueldo a capitalizar fondos gestionados privadamente, y donde el trabajador participa por defecto, aunque puede negarse a hacerlo. Ha tenido notable éxito hasta ahora, y de replicarlo aquí debería ser con cierto grado de obligatoriedad; pero el Gobierno debe explicar bien que se trata de crear un pequeño espacio a la capitalización dentro del sistema público, algo que chocará con remilgos ideológicos sindicales.
Pero no parece buena idea limitar los estímulos a los planes privados, muy cercenados en los últimos años, y que a fin de cuentas sí han funcionado, aunque no de manera espectacular. Se trata, además, de instrumentos que ceban el ahorro privado y capitalizan la economía, y en el que los incentivos fiscales siempre se recuperan de forma diferida en el momento del retiro del partícipe. Además, es la única fórmula en la que libremente cada ciudadano puede ajustar a sus deseos futuros de renta, el destino de sus ahorros actuales.