La Agencia Tributaria no debe ser moneda de cambio
Existen varias líneas rojas que nunca deben traspasarse en cualquier posible cesión de competencias tributarias
Han transcurrido más de cuarenta años desde la aprobación de la Constitución Española sin que se haya dado solución a uno de los más graves y complicados problemas que existen, como es el sistema de financiación y la cesión de competencias a las comunidades autónomas.
El sistema de financiación autonómica es un gran problema al que ningún Gobierno, sea cual sea su signo político, ha sido capaz de encontrar la salida. Todos ellos prometen trabajar en la negociación de un nuevo sistema, pero pasan los años y cada vez son más las comunidades que se sienten agraviadas e infra financiadas. Ya es tiempo de sentarse todos y llegar a un acuerdo que evite tensiones innecesarias.
Otro de los problemas existentes, más grave aún si cabe, es el que tiene que ver con la situación que se vive en Cataluña, ante el peligro de que la Agencia Tributaria se convierta en la moneda de cambio en una negociación en la que prima más lo político que lo técnico. En el ámbito tributario ya hace años que un conocido político catalán expresó de manera ilustrativa lo que resume la máxima aspiración nacionalista: hacerse con “las llaves de la Plaza de Letamendi”, el edificio principal de la Agencia Tributaria en Barcelona. En esta sencilla frase se expresaba la determinación de quedarse con el edificio, los funcionarios, y la gestión y cobro de todos los impuestos estatales, y por ende, la desaparición de la agencia estatal de ese territorio.
Los inspectores de Hacienda saben muy bien del desastre que la descomposición de la Agencia Tributaria produciría en las tareas trascendentales que esta lleva a cabo, como la gestión y recaudación de los impuestos, la lucha contra el fraude fiscal, y también otras que la convierten en un órgano vertebrador de determinadas ayudas sociales del Estado.
Existen varias líneas rojas que nunca deberían traspasarse en relación a la posible cesión de competencias tributarias. La primera de ellas es la de un sistema de información único, porque sólo de esta forma se pueden analizar los riesgos fiscales en los que incurre un contribuyente y su ámbito de intereses. La experiencia en la lucha contra las tramas de fraude en el IVA, y también contra los entramados con nidos de sociedades –en los que, por ejemplo, una empresa sin actividad, ni empleados radicada en Madrid puede ser una sociedad pantalla para un defraudador en Barcelona, o viceversa– ha demostrado que la eficacia depende esencialmente de disponer de la forma más rápida posible de la mayor cantidad de información, con independencia del domicilio de los afectados.
La segunda línea que debería ser infranqueable es el sistema de caja única, con independencia del porcentaje de cesión de la recaudación que posteriormente se ceda a cada comunidad autónoma. Para el control de las declaraciones, y en especial de las devoluciones, es preciso garantizar un adecuado contraste de toda la información disponible con las declaraciones de los contribuyentes, por lo que la gestión y el control de las retenciones a cuenta y pagos fraccionados se debería llevar a cabo por la Agencia Tributaria.
Una tercera línea tiene que ver con la necesidad de que la gestión de las retenciones se efectúe de forma integrada. Sería impensable que las retenciones del trabajo fueran recibidas y gestionadas por las comunidades autónomas en las que tengan su domicilio las empresas; ello implicaría la imposibilidad de gestión de las declaraciones anuales de renta presentadas en otras comunidades por los trabajadores de esas empresas.
Y la cuarta y última línea que no se debería saltar es el de un sistema integrado de control de las actividades económicas. Para garantizar una mínima eficacia en la lucha contra el fraude es preciso que una misma Administración tributaria efectúe el control de todos los tributos que giran en torno a las actividades económicas, debido a la fuerte interrelación entre ellos (Impuesto de Sociedades, IRPF, IVA), que implica un control en su conjunto y no de impuestos aislados.
La Agencia Tributaria, además de gestionar de forma eficaz el sistema tributario español, con el reconocimiento nacional e internacional, realiza otras funciones que, en principio no tienen nada que ver con los impuestos, pero que para su implantación a nivel nacional ha sido necesario instrumentarlas de forma forzada, mediante deducciones en el IRPF, que incluso pueden ser cobradas por adelantado. El ejemplo más claro es el de las ayudas para madres trabajadoras o las destinadas a las familias numerosas.
Ante la situación actual de Cataluña, y el tan pretendido diálogo, existe cierto peligro de que se comience por dar lo primero que siempre han pedido, la cesión de todos los impuestos que se recaudan en Cataluña, con la consiguiente desaparición de la Agencia Tributaria de ese territorio. En este contexto político parece que poco importa el desastre que supondría dicha medida con tal de aplacar los ánimos de quienes nunca se van a contentar, aunque se les diese una parte de la Agencia Tributaria.
Así pues, si la fragmentación de la Agencia Tributaria va a ser la moneda de cambio, todos los que intervengan en la decisión deben ser conscientes de los graves daños que se produciría en la gestión de los impuestos. Bueno sería recordar que una parte de esos impuestos se ceden a todas las comunidades autónomas para financiar las competencias que han asumido, por lo que el daño afectará a todas.
José María Peláez Martos es Inspector de Hacienda del Estado