Hacienda presentará una reforma de la financiación autonómica en otoño

Montero anuncia que en breve iniciará contactos con las regiones para debatir la armonización de impuestos entre territorios y confirma alzas en IRPF y Sociedades

La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero.
La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero.

El Gobierno trabaja en "acelerar" el diseño de nuevas cuentas públicas para aprobarlas antes del final del verano, dijo este jueves la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, en su primera comparecencia de la legislatura ante la Comisión de Hacienda del Congreso de los Diputados, en la que intervino para exponer los planes de su departamento.

Más allá de agilizar los Presupuestos Generales de 2020, para dejar atrás dos prórrogas consecutivas de los de 2018 porque eso ya “no se sostiene”, priorizó una reforma del sistema de financiación autonómica, para el que presentará “un primer esqueleto” de propuesta en otoño.

Para diseñarlo, Montero anunció que “de forma inminente” abrirá un debate con las regiones a fin de lograr “el mayor consenso”. El plan, dijo, pasa por dar más recursos a las comunidades para garantizar la “excelencia” de los servicios públicos y que “se garantice la igualdad entre españoles con independencia de donde vivan”.

Eso pasa, defendió, por promover una armonización tributaria para evitar la “competencia desleal o dumping fiscal” que estarían promoviendo algunas regiones bonificando totalmente impuestos como sucesiones o patrimonio. Una propuesta que promete complicar el consenso habida cuenta del rechazo frontal que despierta en partidos como el PP, que gestiona Madrid, paradigma de la baja fiscalidad.

Montero dijo que también revisará la financiación local y el corsé de la regla de gasto sobre su superávit.

La ministra, en todo caso, centra ahora sus esfuerzos en agilizar la tramitación de unos nuevos Presupuestos que, anunció, tendrán como novedad la incorporación de informes de evaluación de su impacto sobre género, jóvenes y familias, o avances en la agenda 2030. Además, desde 2021 incluirán las conclusiones de revisión del gasto público (spending reviews) de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef). Finalmente, la ministra anticipó que impulsará una herramienta de consulta “accesible” para facilitar al ciudadano conocer el detalle de las cuentas y sus gastos.

En paralelo, los Presupuestos ahondarán en una reforma fiscal que arrancó la pasada semana con el impulso de las tasas Tobin y Google. Ante las críticas del PP a esta última, Montero respondió que España no debe “arrodillarse ante EE UU” y sus amenazas arancelarias, defendiendo la soberanía fiscal.

A partir de ahí, Montero confirmó que prevé fijar un tipo mínimo de sociedades del 15% (18% para banca y petroleras) a fin de evitar que las empresas que facturan más de 20 millones al año acaben pagando por debajo de ese umbral desde el 25% del que parten (30% banca y petroleras), y que rebajará al 23% el de las pymes que facturen menos de un millón. Hacienda también prevé elevar en dos puntos el IRPF a rentas de más de 130.000 euros y en cuatro a partir de los 300.000. Esta última medida solo afectará a 92.000 contribuyentes, el 0,5% del total, aseguró, mientras que la subida en cuatro puntos del tipo sobre el ahorro a partir de 140.000 euros, lo haría sobre otro 0,1%.

Montero también defendió la necesidad de desarrollar una fiscalidad medioambiental que comenzará a debatir en breve con empresas y consumidores.

15.700 millones recuperados con la lucha contra el fraude

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, prometió plantar una “batalla sin descanso contra el fraude fiscal”, celebrando que los datos provisionales apuntan a la recuperación de 15.700 millones de euros en 2019 con este tipo de medidas, lo que supone un 4,1% más que en el ejercicio anterior. En este campo, Montero detalló que ultima una ley –similar a la ya impulsada en 2019 que decayó con la convocatoria electoral del 28A– para limitar a 1.000 euros los pagos en efectivo entre profesionales; ampliar la lista de morosos con Hacienda rebajando el umbral para aparecer en ella de un millón a 600.000 euros e incluyendo a los responsables solidarios de las compañías; o prohibiendo las amnistías fiscales.

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