La tasa Tobin gravaría hoy la compra de acciones de 60 cotizadas españolas

De haber entrado en vigor en 2019 el impuesto solo habría afectado a 57 firmas

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El Gobierno dio el martes el pistoletazo de salida para la puesta en marcha de la que llama una “fiscalidad del siglo XXI”, una reforma tributaria que arranca con el impulso de dos nuevos impuestos, las llamadas tasas Tobin y Google. La primera de ellas está ideada como un impuesto sobre las transacciones financieras que gravará la compraventa de acciones de empresas españolas cotizadas con una capitalización superior a los 1.000 millones de euros. A cierre de la sesión de ayer, la medida afectaría a la adquisición de títulos de un total de 60 compañías patrias presentes en el parqué.

El nuevo impuesto gravará al 0,2% cada adquisición de acciones de sociedades de nacionalidad española negociadas en el país o en otros de la Unión Europea, a cuenta del intermediario financiero que ejecute la orden. El listado de valores afectados incluye los de todas las compañías del Ibex 35, pero también a otras 29 empresas ajenas al principal selectivo bursátil español.

El listado de cotizadas en España lo encabezaría Airbus, presente en el mercado continuo del país, con una capitalización de más de 102.000 millones de euros, si bien sus títulos no se verán afectados al tener nacionalidad francesa y no española. Quienes sí se verían sujetas al impuesto, por orden de volumen de capitalización, son los títulos de Inditex (98.798 millones), Iberdrola (71.732 millones), Banco Santander (64.744 millones), BBVA (34.460 millones) o Telefónica (33.910 millones), seguidos por los de todas las grandes compañías financieras, energéticas, constructoras, industriales o farmacéuticas del país, entre otras muchas.

El listado definitivo, en todo caso, no se establecerá hasta que reste exactamente un mes para la entrada en vigor del nuevo impuesto. Así lo fija el texto del proyecto de ley que el Consejo de Ministros impulsó el pasado martes, al que le restan ahora varios meses de tramitación parlamentaria. Una vez sea definitivamente aprobado y publicado en el Boletín Oficial del Estado, el articulado fija que el tributo no comenzará a operar hasta pasados tres meses más, a fin de dar tiempo a empresas y autoridades a prepararse para esta nueva modalidad de tributación.

Así, por poner un ejemplo, si la tasa Tobin entrara finalmente en vigor el 1 de octubre de 2020, el listado de acciones cuya compraventa quedaría gravada se fijaría tomando las compañías cuya capitalización supere los 1.000 millones de euros el 1 de septiembre de este año.

Para los ejercicios siguientes, sin embargo, la fecha en la que se designarán las acciones sujetas al pago del tributo se establecerá el 1 de diciembre del año previo. Es decir, que será en la primera jornada del último mes de 2020 cuando se designen los títulos afectados por el impuesto durante el ejercicio fiscal 2021. El listado oficial será publicado anualmente antes del 31 de diciembre en la sede electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

Así, la lista de transacciones sujetas al cobro del nuevo tributo irá cambiando cada año. De hecho, si el Gobierno hubiera logrado aprobar la tasa Tobin en 2019, como trató de hacer inicialmente hasta que la iniciativa legislativa decayó con la convocatoria electoral del 28A, el listado de acciones gravadas en 2020 habría descendido a solo 57 firmas, que eran las que superaban el umbral requerido el pasado 1 de diciembre.

Entre entonces y ahora han entrado a formar parte del grupo Audax Renovables, PharmaMar, Solaria y Promotora de Informaciones SA (PRISA), grupo editor de este diario. A su vez, ha salido del listado Parques Reunidos. Se trata de firmas con un una capitalización bursátil de entre 1.000 y 1.220 millones de euros, lo que explica su posible entrada y salida del listado en función del momento en el que se tome la fotografía definitiva.

La base imponible del tributo se entenderá como el importe de la contraprestación del intercambio de acciones, sin incluir costes de transacción, ni comisiones de intermediación ni ningún otro gasto asociado a la operación. El periodo de liquidación coincidirá con el mes natural. Corresponderá al depositario central de valores español, Iberclear, declarar las operaciones registradas y se impone una autoliquidación para las órdenes que no pasen por este. El objetivo es recaudar unos 850 millones al año.

El proyecto de ley impulsado por el Ministerio de Hacienda recoge una serie de excepciones a las transacciones gravadas, que incluyen las operaciones relacionadas con derivados financieros; la compra de acciones en salidas a Bolsa, incluyendo las realizadas por entidades colocadoras o aseguradoras; las operaciones de autocartera enfocadas a mejorar liquidez; o las transacciones relacionadas con procesos de fusión, escisión, o resolución de compañías.

En la exposición de motivos del proyecto legislativo, Hacienda defiende que el impuesto se ha diseñado siguiendo “la línea adoptada por países de nuestro entorno, entre los que cabe citar a Francia e Italia”. Pese a ello, la medida ha sido mal recibida por las organizaciones empresariales y financieras. Las patronales españolas CEOE y Cepyme subrayaron ayer que la “tasa Tobin castiga de forma clara a las empresas españolas”, en línea con la crítica hecha un día antes por la patronal de cajas, CECA, que denunció que el impuesto “discrimina” a las firmas patrias y provocará una “deslocalización de inversiones hacia otras jurisdicciones”.

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