La sanidad sostenible, una cuestión de Estado

La deriva populista del Gobierno es un desafío para la eficaz cooperación sanitaria público-privada que existe en España

Ante la recién estrenada legislatura y con un Acuerdo de Gobierno que apuesta por blindar una sanidad basada exclusivamente en la gestión pública directa, sin analizar aún antes las consecuencias de esta actuación , conviene ofrecer una visión objetiva de la contribución de la sanidad privada al sistema sanitario en su conjunto que permita a nuestros representantes políticos tener una medida fiel del estado de la cuestión, lejana a tentaciones ideológicas más utópicas que sustentadas en cifras reales.

La temida deriva populista del nuevo Gobierno, bajo la influencia de Unidas Podemos, supone un desafío a la necesaria y eficaz relación de colaboración público-privada del sistema sanitario. De hecho, ya desde el Acuerdo de Gobierno se amenaza lo ya construido desde los Gobiernos de Felipe González y José María Aznar, con la Ley General de Sanidad de 1986 y la Ley 15/1997, respectivamente. Ante ello, es necesario realizar un ejercicio de “medicina preventiva” con propósito constructivo. Porque sin duda ese pilar del bienestar es una cuestión de Estado y la sanidad privada contribuye a su estabilidad, posicionándose al lado de la pública, y no delante ni detrás de ella, como se sugiere desde determinados sectores de la sociedad.

Desde la patronal del sector esperamos que los líderes del nuevo Gobierno no quieran imponer una visión de la gestión sanitaria propia de otros momentos históricos, caducos y trasnochados, sino que posibiliten un desarrollo basado en la moderación, la estabilidad y, si me apuran, la audacia del actual modelo colaborativo sanitario.

Algunas reflexiones: La sanidad española goza de buena salud. España encabeza desde hace años los mejores rankings de calidad y excelencia. La OCDE sitúa a España como el primer país por esperanza de vida (83 años). Además, el informe anual de Bloomberg sobre la eficiencia de los sistemas sanitarios de casi 200 economías del mundo, concluye que el sistema sanitario español es el más eficiente de toda Europa, y el tercero en el ranking mundial. Aún así, nuestro sistema no es perfecto. Sin duda existen aspectos mejorables que requieren del compromiso político y del conjunto de los profesionales del sector sanitario.

Lo que se ha demostrado desde el principio de la democracia es que la colaboración público-privada en nuestro sistema dual de salud supone no sólo una gestión eficiente de los recursos disponibles en materia de atención médica, sino que representa una opción altamente eficaz para hacer frente a situaciones puntuales de colapso sanitario.

Más realidades indubitables. La sanidad privada es un sector que atiende a 12 millones de usuarios anuales, sin cuyo concurso el sistema quebraría sin atisbo de exageración. Además, atiende al 31% de todas las intervenciones quirúrgicas en España (según datos de la OCDE de 2016). Asimismo, genera una de cada cuatro altas y atiende la misma proporción de urgencias. De los 785 hospitales existentes en nuestro país, 460 son privados; y de éste número, la mitad colaboran con la sanidad pública en algunos de los diversos modelos colaborativos existentes: listas de espera, conciertos para la atención médica puntual, concesiones administrativas de determinados complejos sanitarios o el propio sistema de mutualidades de funcionarios.

Por tanto, la complementariedad de la sanidad pública y la privada es una herramienta clave de gestión que ayuda a canalizar el flujo de pacientes, manteniendo la calidad en la prestación. Sin embargo, somos interesadamente cuestionados pese a ser un aliado necesario para una sanidad pública muy presionada por la sostenibilidad del sistema ante el envejecimiento poblacional, la cronicidad de enfermedades y la escasez de profesionales.

A este respecto, la sanidad privada se ha caracterizado siempre por ponerse a disposición de las necesidades sanitarias de nuestro país, también ante la falta de médicos especialistas, 4.000 según el último estudio del Ministerio de Sanidad. Se trata de un problema acuciante para el que la patronal ofreció la participación de hospitales privados para aumentar el número de plazas MIR, especialmente en aquellas especialidades donde la falta de profesionales pone en riesgo el servicio sanitario español. No ha habido sensibilidad ante nuestra oferta.

Habría que señalar, atendiendo al pilar del empleo, que la contribución de la sanidad privada es evidente. El sector sanitario privado emplea a más de 266.000 profesionales directos, siendo alrededor de 60.000 médicos y 70.000 enfermeros. De los 460 hospitales privados que hay en España, 24 de ellos son universitarios, otra clave para entender que la colaboración con la sanidad pública supone también un importante valor añadido.

En definitiva, el escaso espacio que la sanidad ha tenido en algunos de los programas electorales de las últimas Elecciones Generales, y aún peor, las oscuras perspectivas que se ciernen sobre una sanidad gestionada desde la ideología, genera enorme preocupación en el sector. Por eso desde aquí llamamos a la coherencia y al fortalecimiento de la alianza público-privada que hasta el momento han demostrado ser el camino más eficaz y positivo. No lo decimos nosotros, sino la valoración internacional y, de forma aún más relevante, la experiencia acumulada y los resultados de éxito de esa colaboración hasta el presente.

Carlos Rus es Presidente de ASPE (Alianza por la Sanidad Privada Española)