Garamendi advierte que el pacto salarial dependerá de lo “excesiva” que sea la contrarreforma laboral
La ministra de Trabajo avanza que cuenta con suficientes apoyos para convalidar la derogación del despido por absentismo
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha firmado su primer gran acuerdo social cuando aún no se ha cumplido ni un mes desde su investidura. Escoltado por sus vicepresidentes económico, Nadia Calviño, y social, Pablo Iglesias, y la ministra de Trabajo y Economía social, Yolanda Díaz, el líder del Ejecutivo ha sellado una subida del salario mínimo interprofesional (SMI) del 5,5% hasta los 950 euros mensuales (13.300 anuales.
El Gobierno llegó a este acuerdo con los empresarios y sindicatos, cuyos máximos líderes de CEOE, Antonio Garamendi, y de Cepyme, Gerardo Cuerva, así como de CC OO, Unai Sordo, y de UGT, Pepe Álvarez han ratificado hoy también con su firma este pacto en el Palacio de la Moncloa. Tras la firma en el remodelado salón Barceló, antes repleto de tapices y ahora mucho más aseptico, los líderes patronales y sindicales y la ministra de Trabajo han coincidido en agradecerse mutuamente el trabajo realizado para alcanzar este consenso.
Si bien, dicho esto, los primeros en arrancar sus valoraciones han sido los responsables patronales dejando claro algunas de sus reticencias, sobre todo ante futuros cambios laborales. Así, Garamendi ha lanzado una advertencia ante la próxima negociación del Acuerdo de Negociación Colectiva (ANC) que debe abordar la patronal con los sindicatos para acordar las recomendaciones que dan a sus bases para negociar más de 5.000 convenios colectivos en sectores, territorios y empresas y que afectan a más de once millones de trabajadores.
Según el líder patronal, “los empresarios estamos dispuestos a trabajar (con los sindicatos) y añadió que lo harán “en silencio” y que espera que haya acuerdo, “pero si hay una reforma que es excesiva –en referencia a los cambios de los aspectos más lesivos de la reforma laboral cuya negociación se inicia mañana-- no sé qué vamos a ceder más en el ANC”.
Asimismo, condicionó el próximo pacto con los sindicatos en materia de convenios a cómo subirá el próximo año el salario mínimo, ya que sugirió que si el Gobierno decide una nueva subida “que presione mucho los salarios de los convenios” la firma de un nuevo ANC tampoco tendría sentido.
De esta forma, el líder patronal, que ha vuelto a defender la reforma laboral del PP de 2012, ha condicionado explícitamente la paz social que suelen garantizar los acuerdos de negociación colectiva a que haya también un acuerdo previo o, al menos así se derive de las primeras negociaciones, para hacer una contrarreforma laboral que agrade a los empresarios.
Los líderes sindicales, que intervinieron a continuación de los empresariales no quisieron entablar una polémica ante esta advertencia de Garamendi pero resaltaron la importancia de este acuerdo. “Aún no hemos abierto el marco de negociación del ANC, ya tendremos tiempo de discutirlo y hablarlo”, dijo Pepe Álvarez, para quien el hecho de que los empresarios vayan a tener en cuenta la contrarreforma laboral “no tiene porqué ser una perspectiva negativa. Este acuerdo aporta mucho también a las empresas, porque evitan conflictividad y es bueno para unos y para otros”.
En esta misma línea, Sordo consideró que la negociación de un nuevo ANC es de suma importancia por lo que, “no debería dejarse ningún resquicio a aparcar una negociación que va mucho más allá de la negociación salarial en las empresas”. Es más, ha lanzado un dardo a los empresarios, al decir que los sindicatos sí se sentaron con la patronal a negociar el ANC “después de reformas laborales que se habían llevado por delante lo pactado en anteriores ANC”.
Pero más allá de esta diatriba, los representantes empresariales y sindicales han coincidido en iniciar mañana las negociaciones para cambiar “lo más urgente” en palabras de la ministra, que según sugirió la propia Díaz consistirá en recuperar la ultractividad de los convenios (que estén vigentes de forma indefinida hasta que se pacte uno nuevo); hacer que los convenios sectoriales vuelvan a mandar sobre los de empresa; y limitar las subcontrataciones.
Antes, Díaz ha dicho que en las próximas semanas –probablemente en el Consejo de Ministros del 11 de febrero—el Gobierno derogará el conocido como ‘despido por absentismo’, regulado en el artículo 52.d del Estatuto de los Trabajadores y lo hará por decreto “y sin diálogo porque existe una vulneración de derechos fundamentales y esta ministra no dialoga si hay vulneración de derechos”, ha insistido. Al ser un decreto, su convalidación parlamentaria exigirá una mayoría de fuerzas, que según ha confirmado, el Gobierno ya tiene.
En cualquier caso, mañana arrancarán las primeras mesas de negociación para llevar a cabo una contrarreforma laboral, pero también se crearán otras mesas negociadoras como por ejemplo las dedicadas al futuro de la industria, la formación, o la energía entre otras que se definirán próximamente, junto a un calendario de conversaciones.
Cuando esta primera fase negociadora termine, Díaz ha precisado que se abordarán “cambios profundos” en la contratación y en el despido, algo que ha calificado de “tema muy complejo”, pero que hay que “adaptar al siglo XXI”.
En cualquier caso, los empresarios exigieron una mesa de diálogo bilateral con las organizaciones agrarias de CEOE para mitigar el impacto del alza del salario mínimo y que el Gobierno desvincule esta renta de los contratos públicos.
Sobre la firma
