Transporte, movilidad y agenda urbana para una nueva realidad

Es necesario reorientar la política de inversión para incluir no solo los corredores preferentes, sino también priorizar las actuaciones sostenibles

Transporte, movilidad y agenda urbana para una nueva realidad

El cambio de Ministerio de Fomento a Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana contiene un propósito muy necesario: acometer, bajo un enfoque diametralmente distinto, las políticas de infraestructura de transporte y vivienda. Ese enfoque parte de una noción muy clara: la aportación de la inversión pública al desarrollo económico y bienestar de una nación no depende de la infraestructura en sí, sino de las soluciones de movilidad que brinda a ciudadanos y empresas a través de un servicio de transporte seguro, sostenible y conectado, así como del acceso que provee a una vivienda digna.

Esta noción, en la que el valor de las infraestructuras no se mide por su valor patrimonial sino por su valor como capital productivo, implica un cambio de paradigma impuesto por una nueva realidad. En el caso del transporte habría que mencionar cuatro cambios fundamentales. El primero consiste en que ya no somos un país con unas infraestructuras deficientes, sino situado a la vanguardia por la calidad y extensión de su sistema de transporte.

A esto hay que añadir tres vectores de cambio disruptivo que afectan a la economía global, y que implican una necesaria transformación de la política de transporte: nos referimos a la revolución tecnológica, cuyas nuevas soluciones de movilidad traerán cambios tanto en los patrones de uso de los transportes como en la demanda de infraestructuras; la lucha contra el cambio climático, recogida en el Pacto Verde Europeo, y que exige potenciar aquellas infraestructuras y transportes de bajas emisiones; y las economías de aglomeración derivadas de una sociedad cada vez más urbana y los problemas que suscita en términos de distribución de riqueza, desequilibrios territoriales e igualdad de oportunidades, asuntos que hay que afrontar para mitigar los riesgos económicos y políticos que implican.

La conjunción de esos cuatro factores requiere romper el comportamiento inercial que traemos si no queremos construir una red de transporte inadecuada, con infraestructuras caras, contaminantes, excesivas, improductivas e irreversibles que nos abocarían al fracaso. El cambio de nombre del ministerio adapta, por tanto, la política de infraestructuras de transporte a esta nueva realidad que, a su vez, viene acompañado de estrategias y políticas concretas. En ese sentido, quiero hacer énfasis en algunas.

La primera es la planificación. Para que sea adecuada, deberá considerar cuál será la infraestructura necesaria para las soluciones de movilidad del futuro basado en las necesidades de los usuarios, las nuevas tecnologías, los compromisos de sostenibilidad climática y las dinámicas de población. En consecuencia, planificar la movilidad supone adoptar una visión más integradora y transversal que precisará de una mayor coordinación y cooperación entre las Administraciones Públicas.

En función de esa planificación se reorientará la política de inversión en una transición en la que, además de concluir aquellos corredores preferentes, se priorizarán aquellas actuaciones sostenibles y de mayor valor económico y social. Muchas de ellas ya están construidas, funcionan y dan excelentes servicios, y nuestra labor será conservarlas y mantenerlas. Otras existen, pero presentan deficiencias en puntos críticos, por lo que actuaciones puntuales pueden generar ganancias rápidas de productividad, sobre todo en términos de intermodalidad. Otras habrá que adaptarlas a las nuevas tecnologías o crearlas, como aquellas que precisa el coche eléctrico y autónomo.

Pero además de su función como planificador e inversor, el Estado tendrá que concentrar más esfuerzos en mejorar la gestión y fortalecer su papel como regulador para aumentar el uso y capacidad de las infraestructuras existentes, dar cabida a las nuevas tecnologías y favorecer una movilidad más segura, sostenible y eficiente.

La adición del concepto Agenda Urbana a los de Transporte y Movilidad tiene varias explicaciones. Uno, reposicionamos la política de vivienda, íntegramente incluida en este ministerio, en un lugar preferente y acorde con la actual situación de dificultad en el acceso a la vivienda. Dos, asumimos una visión integral de las políticas de movilidad y vivienda que representan, en ese contexto de aglomeraciones urbanas, dos caras de la misma moneda, vital para crear ciudades compactas, inclusivas, eficientes y sostenibles. Y tres, porque como parte de esa agenda, la ciudad debe establecer puentes con los entornos rurales para fortalecer la cohesión social y económica y favorecer la convergencia de todos los territorios, puentes cuyos pilares son el transporte y la movilidad con el objetivo último de mejorar el crecimiento económico y bienestar de todos los ciudadanos.

Pedro Saura es Secretario de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana