Al Gobierno le ha llegado la hora de ponerse a trabajar para los ciudadanos

Debe trasponer a la normativa española directivas europeas pendientes que acumulan retrasos desde la época de Rajoy

Tras el marasmo político-jurídico en que se ha visto sumida España, en los más de 250 días de Gobierno en funciones que siguieron a la infértil legislatura salida de la moción de censura sobre Rajoy, al Ejecutivo le ha llegado la hora de ponerse a trabajar para los ciudadanos. Las aceleradas negociaciones para la puesta en marcha del primer Gobierno de coalición de la democracia tras los comicios del 10N, bien distintas del remoloneo del anterior periodo negociador, aunque sustentadas en aquel, son la muestra de que si se quiere, se puede. Pero es que además en este caso se debe poner en marcha la maquinaria legislativa a un ritmo tan revolucionado como urgente. Y eso, por la elemental razón de que al país y a su economía les urge salir del interminable periodo de indeseable inacción a que una política alejada de las verdaderas necesidades de los ciudadanos les viene sometiendo a lo largo de un tiempo ya insoportable.

Tras trimestres de parálisis y dos Consejos de Ministros de presentación, la reunión que celebrará el Gabinete mañana mismo, con su nuevo calendario semanal, debe marcar el inicio de esa tarea. España acumula retrasos en la trasposición de varias directivas de seguros, pensiones y mercados y la consigna de la ahora vicepresidencia económica, Nadia Calviño, durante la fase de parálisis política ha sido ir avanzando los trabajos técnicos todo lo posible para estar preparados en cuanto empezase a rodar la legislatura.

Una de las normas que el Consejo de Ministros tiene previsto aprobar próximamente es la directiva de distribución de seguros (IDD, por sus siglas en inglés), que acabó el plazo de traslado al ordenamiento nacional en julio de 2018 y cuyo retraso ya ha originado amenazas de la Comisión Europea con llevar una vez más ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea a España, el único socio que aún no ha trasladado una norma de trascendencia jurídico-económica a la legislación nacional. La directiva relativa a los planes de pensiones empresariales, conocida como IORP II, que data de 2016, y cuyo límite de trasposición se rebasó hace un año, también debe salir del cajón. Igual que la directiva sobre la implicación de los accionistas en las sociedades, que debió haber sido adaptada en junio del año pasado y traerá mucha más transparencia a la presencia de los fondos de inversión, de pensiones y las aseguradoras en las empresas, que deberán explicar su voto en las juntas y las votaciones más importantes.

Son solo tres ejemplos, pero dan idea de la ingente tarea que le queda a un Gobierno que acertará si es capaz de pasar de una vez de las musas al teatro.