Los frentes que abre la negociación del salario mínimo entre Gobierno, patronal y sindicatos

Prevén iniciar la próxima semana la negociación para determinar una nueva subida del SMI

Los frentes que abre la negociación del salario mínimo entre Gobierno, patronal y sindicatos

El Gobierno tiene prisa por cerrar un acuerdo con patronal y sindicatos para la subir el salario mínimo interprofesional de este año (SMI). El Ejecutivo no está obligado a negociar, pero en su nueva etapa, no quiere tirar de decreto, como hizo el año pasado, cuando aplicó una fuerte subida del 22% de esta renta hasta los 900 euros al mes en 14 pagas, dejando también la base mínima de cotización en 1.050 euros.

Sin embargo, la división de las competencias laborales en dos ministerios, el de Trabajo y el de Seguridad Social, está retrasando estas conversaciones hasta que quede claro quien acudirá a las negociaciones. En cualquier caso, patronal y sindicatos esperan iniciar el diálogo la próxima semana. Pero más allá de fijar una nueva cuantía del salario mínimo, fuentes de la negociación precisan que habrá otras cuestiones que dilucidar para dar el visto bueno a una subida mayor o menor. Estas son algunas:

  • Cuantía. El Gobierno se ha comprometido a que el salario mínimo represente el 60% del salario medio al final de la legislatura. Por ello, primero deberán ponerse de acuerdo primero en qué cálculo de salario medio –o mediano, según aconsejan los economistas– se toma. Si bien, dada la actual situación de desaceleración e incertidumbre, fuentes de la negociación prefieren decidir por separado, primero la subida para 2020 y, después, la senda hasta final de la legislatura. De hecho, el propio Ejecutivo quiere crear una comisión de expertos que estudie la evolución de esta renta. Otras fuentes consultadas aseguran que el alza de este año podría estar aproximadamente entre el 3% (927 euros al mes) y el 5,5% (950 euros mensuales).
  • Fecha de aplicación. Parte de la celeridad en las negociaciones obedece a que los sindicatos y el propio Ejecutivo quieren que los efectos de la nueva subida sean retroactivos desde el 1 de enero pasado. Por ello, si la norma recoge dicha retroactividad, una tardanza en llegar a un acuerdo, haría que las empresas tuvieran que pagar atrasos de la subida no aplicada desde el 1 de enero hasta la fecha en la que se alcance el acuerdo. Y los empresarios podrían poner objeciones a estos desembolsos si el pacto se demorase varios meses.
  • Complementos. Una de las cuestiones más polémicas en la aplicación de la subida del salario mínimo en 2019 y que más ha terminado en los tribunales es si los complementos salariales computan o no para llegar a los 900 euros mensuales en los que quedó fijada la nueva renta. Una sentencia de la Audiencia Nacional de junio pasado determinó, en contra del criterio de los sindicatos, que los complementos salariales e incluso “una prima de producción” sí eran absorbibles y, por tanto, forman parte del salario para llegar a los 12.600 euros anuales del salario mínimo legal. Esta sentencia está recurrida por los sindicatos al Tribunal Supremo, por lo que la aclaración normativa de este punto en las negociaciones podría ser clave para llegar o no a un acuerdo tripartito.

Además de estas cuestiones, en la mesa de diálogo podrían surgir otras como la posibilidad de establecer excepciones territoriales o sectoriales a través de un salario mínimo distinto o de ayudas. Esta circunstancia se llegó a barajar por una parte del Ejecutivo socialista tras constatar las dificultades que ha tenido la aplicación de la subida aprobada el pasado año en algunos sectores como el agrario o las empleadas del hogar.

Cambiar la ley de contratos públicos

Algo en lo que previsiblemente estarán de acuerdo los empresarios y los sindicatos en la mesa que se negocie el alza del salario será en su demanda de un cambio normativo para que las empresas que sean contratadas por administraciones públicas puedan repercutir las sucesivas subidas de esta renta mínima legal en los costes del contrato público durante su vigencia.

Si bien, fuentes jurídicas indican que la modificación debería hacerse cambiando la Ley de Contratos del Sector Público y esa norma no se puede modificar con un Real Decreto, que es la vía que se usa para subir el salario mínimo. Por ello, podrían pedir un compromiso del Gobierno para reformar dicha ley en la próxima de Presupuestos Generales del Estado.

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