La Seguridad Social incluirá una nueva prestación mínima para familias con rentas bajas
El acuerdo de Gobierno de coalición recoge la creación de un "ingreso mínimo vital" dentro de sistema, si Sánchez logra ser investido
Entre las novedades del acuerdo programático para el Gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos que pasaron ayer más desapercibidas está el anuncio de la futura implantación de un nuevo “ingreso mínimo vital como prestación de la Seguridad Social”.
Se trataría del embrión de una de renta mínima perseguida por la formación morada, que si bien no tendrá un carácter universal porque está destinada a familias carentes de rentas, sí se configurará como un nuevo derecho asistencial dentro del sistema público de pensiones.
El plan de las dos formaciones que planean estar al frente del Gobierno es empezar con un "aumento decidido" de la prestación por hijo a cargo para familias vulnerables y, posteriormente, crear “un mecanismo general de garantía de renta para familias sin ingresos o con ingresos bajos”.
El pacto programático no habla de cuanto terminará siendo este nuevo ingreso mínimo vital pero sí precisa que arrancará, en un primer momento, con una mejora de las actuales prestaciones por hijo a cargo. El Real Decreto del 8 de marzo pasado de medidas urgentes de protección social y de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo ya incrementó la cuantía anual (con efectos de 1 de abril de 2019) para los hijos o menores a cargo, menores de 18 años, sin discapacidad.
Esta cuantía quedó fijada en 341 euros anuales (28,41 euros mensuales) cuando los ingresos del beneficiario no rebasen el límite establecido de 12.313 euros anuales más un 15% por cada hijo o menor acogido a cargo a partir del segundo. Si se trata de familias numerosas, el límite es de 18.532 euros (con tres hijos a cargo), incrementándose en 2.002 euros por cada hijo a cargo a partir del cuarto, este inlcuido.
Esta promesa de nueva prestación llega en un momento difícil para las cuentas de la Seguridad Social. La garantía y sostenibilidad del sistema de pensiones es quizás el mayor reto de política económica y social al que se enfrenta el futuro Ejecutivo. La Seguridad Social tiene un déficit acumulado de alrededor de 100.000 millones de euros y el gasto en pensiones crece en el entorno del 5% anual y se intensificará notablemente a mediados de la década con la llegada masiva de los bayboomers a la jubilación.
Pese a la entidad de dicho reto, no hay ninguna propuesta novedosa ni de calado para una posible reforma. Las propuestas se limitan a “plantear a todas las fuerzas políticas y a los agentes sociales un nuevo Pacto de Toledo, que garantice la sostenibilidad y suficiencia del sistema público de pensiones”.
Sí hay propuestas más concretas en materia de aumento de gasto, ya que se pretende actualizar las pensiones conforme al IPC real “mediante ley de forma permanente”, y aumentar el poder adquisitivo de las pensiones mínimas y las no contributivas. Esto es, subir las pensiones más bajas por encima de la inflación. En consecuencia, derogarán el factor de revalorización, que limitaba la actualización de las pensiones al 0,25% mientras el sistema estuviera en déficit y también derogarán el factor de sostenibilidad, que adecuaba las nuevas cuantías a la esperanza de vida. Si bien no proponen mecansimos automáticos de ajuste alternativos.
Además se comprometen a impulsar “a reducción de la brecha de género en las pensiones y la revisión de las pensiones de viudedad, garantizando la igualdad de trato en los casos de parejas sin vínculo matrimonial”.
En el lado contrario, para aumentar los ingresos del sistema plantean “descargar a la Seguridad Social de gastos impropios, asegurando su sostenibilidad". Asimismo, otra maniobra para mejorar la recaudación del sistema consistirá en negociar con autónomos que empiecen a cotizar por sus ingresos reales ”sobre la base de la información fiscal”. Esto supondrá que la mayoría de ellos pague más cotizaciones (y también cobre mejores prestaciones), ya que en la actualidad más del 80% cotiza por la base mínima; y que los que menos ingresan no abonen una cuota excesiva para lo que cobran.
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