Un nuevo partido en la Administración General del Estado

La “Vicepresidencia Social” sería el terreno propicio para aplicar medidas innovadoras de eficiencia y transparencia en lo público

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, en julio pasado.
El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, en julio pasado. Europa Press

Si todo se desarrolla tal y como parece que apuntan las ultimas noticias, en breves fechas se constituirá no solo el primer Gobierno de coalición de la democracia, sino que, tras casi 40 años, será la primera vez que un partido vendrá a dirigir parte de la Administración General del Estado sin disponer de una red de funcionarios afines que le acompañen y acomoden su llegada.

La más que posible entrada de Podemos en el Gobierno de la nación ha venido salpicada de mensajes alarmistas entre los que se encontraba la falta de experiencia en la gestión administrativa. La bisoñez como argumento para evitar poner en manos inexpertas herramientas complejas con consecuencias devastadoras para el interés general.

Nada dicen los acusadores sobre los efectos de su política de dirección administrativa, amansando a las administraciones públicas y a su entramado empresarial, convirtiéndolas en un coto privado de caza con efectos perniciosos que cada día son más evidentes. Ya sea desde la academia (excelente el libro Organizando el Leviatán de V. Lapuente y C. Dahlstrom), como incluso desde organismos administrativos (el presidente de la Airef impartió una conferencia sobre el tema recientemente), se viene señalando cada vez con más asiduidad que el factor principal que sitúa a cualquier país en la senda del crecimiento económico a medio y largo plazo, mejorando el bienestar económico y social, es la mejora de la calidad institucional y el fortalecimiento de los sistemas de checks and balances, propiciando la separación nítida entre el estamento político y el funcionarial.

Es por ello que las naciones más prosperas, independientemente de su configuración política y administrativa, se distinguen por encomendar las actividades de gestión a los funcionarios, reservándose la identificación de los objetivos de las políticas públicas a la clase política elegida en las correspondientes elecciones.

Sin embargo, nuestra democracia ha venido a constituir una nueva tradición consistente en la captura de las Administraciones Públicas por parte de los partidos políticos. Estos ven como legítimo trofeo de conquista electoral el disponer de la arbitrariedad en los nombramientos de los altos cargos, así como el derecho a inmiscuirse en las tareas de gestión, creciente foco de ineficiencia y de corrupción, como atestigua el análisis de cualquiera de las tramas de todos conocidas. Todo ello propiciado por el propio estamento funcionarial que, o cede graciosamente su espacio sin oposición alguna, o lo que es peor, es proactivo a la hora de postularse para servir fielmente, con las previsibles consecuencias de servilismo para con quien le ha nombrado.

Los más que previsibles cantos de sirena que escuchen los nuevos ministros, no acostumbrados al agasajo que se suele dar en las alturas administrativas, la necesidad de trasladar una imagen de mando y resolución y la facilidad y el resultado inmediato que ofrece ocuparse de cuestiones relacionadas con la gestión, frente a la complejidad de establecer una estrategia global o liderar un proyecto político, suponen algunos de los peligros a los que serán sometidos los nuevos ocupantes de tan insignes posiciones.

Los denominados nuevos partidos han dado muestras evidentes de asimilación del actual sistema político, sobre todo en lo que a los vicios se refiere. A pesar de ello, en el caso de que finalmente se cumplan las predicciones sobre la conformación de una “Vicepresidencia Social”, bajo cuyo ámbito de influencia se encontrarían tres o cuatro ministerios, se darían las condiciones para poner en práctica determinadas medidas de carácter innovador en estas latitudes, y que coadyuvarían, sin ningún género de dudas, al éxito final de las políticas públicas asociadas, objetivo final de cualquier gobernante:

i) La elección de los altos cargos (secretarios generales, subsecretarios, directores generales y presidentes o similares de las empresas públicas vinculadas a cada departamento) a través de mecanismos públicos y transparentes y vinculados a un programa y objetivos concretos que determinan las causas concretas de cese;

ii) la implementación de una única subsecretaría para la llevanza de los asuntos comunes (oficina presupuestaria, recursos humanos, tecnologías de la información, secretaria general técnica, ...) de todos los departamentos asociados a la Vicepresidencia. La creación de una supersubsecretaría no solo responde a las mejores prácticas en la gestión de los asuntos comunes. Además, supone un factor que favorece la coordinación y efectiva puesta en marcha del funcionamiento de los departamentos en un escenario donde la creación de los mismos supondrá interminables negociaciones por cuestiones que poco aportan a la consecución de los objetivos;

iii) la identificación de las políticas públicas con afectación multiministerial y constitución de equipos de trabajo interministeriales que vengan a superar la actual concepción de silos administrativos independientes;

iv) el inicio una estrategia de evaluación de políticas públicas a través de encargos de trabajo a la Airef, la dación de cuentas en sede parlamentaria en el momento de la presentación del proyecto de Presupuestos Generales del Estado y la puesta en marcha de una estrategia de generación y análisis de datos de distinta procedencia, incluida la administrativa, que venga a facilitar las dos anteriores.

Es un hecho incontestable que los partidos que hasta ahora han dirigido la Administración han ocupado esferas que no les corresponde, produciendo un deterioro tanto institucional como, lo que es peor, de la efectividad de las políticas públicas, poniendo en grave peligro el propio sistema democrático. Los grandes retos (climático, demográfico y tecnológico) a afrontar por las democracias representativas no pueden ser asumidos con garantía de éxito por sociedades que carezcan de instituciones públicas fuertes, independientes y que sirvan al interés general. La entrada en el Gobierno de un nuevo partido supone una oportunidad única, quizá la última hasta dentro de otros 40 años, de intentar aplicar lo que otros países de nuestro entorno han demostrado como prácticas efectivas para la administración y gestión de lo común.

José Antonio García García es funcionario de la Administración General del Estado y expresidente de Astic