El Tribunal de Cuentas Europeo pide endurecer la disciplina fiscal en la zona euro

El organismo auditor recomienda a la Comisión que establezca límites de gasto más estrictos en los planes prespuestarios de los Estados miembros

El Tribunal de Cuentas Europeo pide endurecer la disciplina fiscal en la zona euro

El Tribunal de Cuentas Europeo (TCE), el órgano fiscalizador de las cuentas comunitarias, pide a la Comisión Europea que endurezca la disciplina fiscal en los países del euro y que trabaje más estrechamente con los organismos independientes de autoridad fiscal de cada Estado miembro que el propio Ejecutivo comunitario mandó poner en marcha en los peores años de la crisis. Así lo recoge un informe publicado este miércoles por el TCE, en el que constata que el endurecimiento de las reglas de gasto y de déficit establecidas a partir de 2011 han contribuido a mejorar los marcos presupuestarios nacionales, si bien observa que todavía existe margen de mejora.

“La acción legislativa de la UE impulsó el fortalecimiento de la política fiscal en los Estados miembros”, sostiene el responsable del informe Mihails Kozlovs, si bien considera que el marco regulador de la UE que rige los marcos presupuestarios nacionales está fragmentado y debe no solo mejorarse, sino también supervisar más exhaustivamente su aplicación.

Los informes del TCE, que no son vinculantes, sí sirven para que el Parlamento Europeo ejerza presión sobre la Comisión y, de hecho, sus recomendaciones suelen ser tenidas en cuenta por el Ejecutivo comunitario en el 90% de los casos, detallaba ayer su presidente, Klaus-Heiner Lehne, en un encuentro con periodistas europeos en Luxemburgo.

Para tratar de remediar los peores efectos de la crisis económica y mejorar la gobernanza fiscal, especialmente en los países del euro, la Comisión Europea consideró necesario establecer límites vinculantes a las reglas presupuestarias nacionales de los Estados miembros, prosigue el informe.

Así, entre 2011 y 2013 se aprobaron varios paquetes legislativos para supervisar las políticas económicas de los Veintiocho y poder detectar a tiempo problemas, establecer programas de ajuste en los planes presupuestarios, e impulsar el Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC), con disposiciones más estrictas, entre ellas, limitar el déficit por debajo del 3% del PIB y la deuda pública por debajo del 60% del PIB. Los países que incumplían ese umbral entraron en el brazo correctivo de la UE, el llamado procedimiento de déficit excesivo, del que España fue la última de 24 países en salir este año, tras una década de fuertes recortes.

A pesar de estas mayores exigencias, el organismo auditor de la UE critica que varios Estados miembros, entre los que figuran España e Italia, no hayan registrado mejoras en sus resultados presupuestarios conforme a los requisitos del PEC. Si bien España ha conseguido reducir en la último el déficit del 11% al 2,5%, todavía presenta una deuda muy elevada que se prevé que cierre este 2019 en el 95,8% del PIB.

El informe sostiene, además, que los requisitos establecidos en los planes presupuestarios son más “suaves” que los recomendados en los códigos de buenas prácticas de organismos como el FMI y la OCDE, por lo que recomienda su endurecimiento, especialmente en el marco de los planes presupuestarios mutianuales.

Por otra parte, el TCE considera necesaria una mayor cooperación entre la Comisión Europea y los organismos independientes de autoridad fiscal de cada Estado miembro que esa misma institución mandó crear para el mayor control de las cuentas públicas, y que en España se materializó en 2013 con la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), dirigida por José Luis Escrivá.

Según el Tribunal de Cuentas, advierte del "riesgo de incoherencias" entre ambos organismos por llama a minimizar las diferencias de criterio que en ocasiones se dan a la hora de evaluar el efectivo cumplimiento de las reglas fiscales en cada país. Algo que ocurre, dice el TCE, por el “poder discrecional” del que ha venido haciendo uso la Comisión aceptando una serie de “circunstancias excepcionales” como justificación para suavizar el cumplimiento de los requisitos fiscales y objetivos presupuestarios a medio plazo.

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