Podemos mantiene la denuncia en Anticorrupción contra Ábalos pese al acuerdo de Gobierno
Unidas Podemos también acusa a Borrell. Se da la situación de que los denunciados pueden compartir Gobierno con los denunciantes
Si Pedro Sánchez consigue la investidura como presidente del primer Gobierno de coalición de la democracia, en su Consejo de Ministros se producirá una situación incómoda. Unidas Podemos mantiene la denuncia ante Anticorrupción que presentó en julio contra José Luis Ábalos –ministro de Fomento en funciones y que tiene opciones de repetir en el cargo en esta nueva legislatura–, por la aprobación de la conocida como Operación Chamartín. En ese escrito en la Fiscalía también se demanda a Josep Borrell, titular de Exteriores en funciones y que ejercerá próximamente como Alto representante de la UE de Asuntos Exteriores.
Unidas Podemos de la Asamblea de Madrid presentó ese escrito en la Fiscalía Anticorrupción contra 28 políticos, altos cargos y directivos empresariales en los que pide que se investigue por cohecho, malversación de caudales públicos y prevaricación, con un quebranto para las arcas públicas superior a los 2.100 millones. Desde el grupo parlamentario se explica ahora que la denuncia, una vez presentada, mantiene su curso y tiene que ser la Fiscalía la que analice si hay delito y quién lo habría perpetrado, por lo que no consideran que puedan retirar la acusación, puesto que el Ministerio Público ya ha tenido conocimiento de los hechos. Desde Fomento, por su parte, no se valora esta situación en la que ministros de Unidas Podemos acusan a posibles compañeros de Gabinete.
La denuncia se produjo tras la aprobación en julio del macroproyecto urbanístico ahora conocido como Madrid Nuevo Norte por unanimidad en el pleno municipal, con acuerdo de Más Madrid, PP, Ciudadanos, PSOE y Vox. En el escrito aparecen ocho titulares de Fomento, entre ellos Ábalos y Borrell, porque ejercía como ministro de Obras Públicas en 1993 cuando se aprobó la operación de desarrollo urbano junto a la estación de Chamartín.
Se da la circunstancia de que el proyecto final fue diseñado y desbloqueado por en la anterior legislatura por la coalición municipal Ahora Madrid, impulsada por Podemos e Izquierda Unida. Tras la ruptura con Más Madrid, el nuevo partido de la exalcaldesa Manuela Carmena, la Operación Chamartín se convirtió en un caballo de batalla. Sin embargo, en la demanda no se incluye a José Manuel Calvo, entonces concejal de Urbanismo y ahora en el grupo de Más Madrid, ni a la anterior regidora. Ni siquiera a José Luis Martínez Almeida (PP), bajo cuya alcaldía se ratificó el plan. De momento, el desarrollo todavía necesita la luz verde del Ejecutivo regional, previsiblemente en diciembre.
En Madrid Nuevo Norte se edificarán 10.485 viviendas, además de alrededor de 1,5 millones de metros cuadrados de oficinas y otros 103.119 m2 de uso comercial. En total, el equipo de Carmena calculó allí un negocio de 13.198 millones. La empresa Distrito Castellana Norte (DCN) dispone del derecho de gran parte de los terrenos en ese ámbito, por los que tendrá que pagar alrededor de 1.300 millones en 20 años al administrador ferroviario Adif. Sus actuales accionistas son BBVA (74,54% del capital), Merlin (14,46%) y Grupo San José (10%). La denuncia de Unidas Podemos hace hincapié en el precio que se deberá pagar a la empresa pública, que considera por debajo de su valor.
Ábalos ya contestó en un entrevista en la Cadena Ser a la acusación, que se tomó con “tranquilidad e indignación”, según señaló. “Es una denuncia de Podemos contra la gestión de Podemos”, apuntó sobre el proyecto de Carmena. “Se utiliza para manchar la reputación. ¿Cuánto hace que el PSOE no gobierna en Madrid?”.
Fuentes conocedoras de la denuncia destacan que Anticorrupción todavía no ha tomado ninguna medida. La Fiscalía podría tomar tres caminos. Por un lado, rechazar la petición del grupo parlamentario; abrir diligencias si ve indicios de criminalidad y por tanto remitir el caso previsiblemente a la Audiencia Nacional (aunque en el caso de Ábalos iría al Supremo tras pedir un suplicatorio al Congreso), y por último abrir diligencias de investigación antes de tomar una decisión.
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