Contante y Sonante

El cada vez más enrevesado caso Villarejo-BBVA

Las declaraciones de Béjar han sido clave para que el juez aumente el número de imputados y no haya levantado aún el secreto de sumario

Francisco González, expresidente de BBVA
Francisco González, expresidente de BBVA

Nueva semana intensa y preocupante para el sector financiero. O por lo menos eso se desprende de sus confesiones. Sin apenas haber digerido los resultados de las elecciones generales del 10N y, sobre todo, sus ya parece que habituales dificultades para formar Gobierno (un juego de puzle, en el que para hacerlo más difícil o faltan piezas o algunas de las que hay están defectuosas), llega el juez Manuel García Castellón, responsable en la Audiencia Nacional del caso Villarejo, y pisa el acelerador en una de las numerosas piezas, en la denominada Tándem que investiga las relaciones entre el excomisario José Manuel Villarejo y el expresidente de BBVA, Francisco González.

Tras meses de investigación, el magistrado ha decidido ampliar la lista de imputados y para sorpresa de todos, ha llamado a declarar como investigado a Francisco González antes que al banco, como estaba previsto inicialmente. González desfilará hoy por los pasillos de la Audiencia Nacional, mientras que BBVA, imputado como persona jurídica, lo hará el miércoles.

Si la declaración de González es muy importante para intentar despejar las dudas de las vinculaciones y las manos ejecutoras de BBVA desde 2004 a 2017 con la firma Cenyt propiedad del excomisario José Manuel Villarejo, el testimonio de Juan Asúa asesor del actual presidente de BBVA, Carlos Torres, es también clave.

Asúa declarará en la Audiencia Nacional el martes y es uno de los pocos directivos de primera línea que se mantiene en el banco tras pasar por varios cargos, como el de responsable BBVA para España y Portugal entre 2007 a 2012. Ahora tiene bajo su responsabilidad coordinar el informe forensic que está realizando el banco con PwC, Uría y Garrigues. Sus conclusiones serán clave para esclarecer cómo, por qué y quiénes conocían los trabajos de Villarejo para BBVA.

Fuentes jurídicas apuntan a que su declaración puede derivar en que el juez amplíe la lista de imputados en el caso, sin descartar que al final pueda acudir a testificar el propio presidente del banco, Carlos Torres. El giro que ha dado el juez al caso incorpora más dudas sobre los verdaderos protagonistas de este caso. Fuentes jurídicas, de hecho, recuerdan que no hay que olvidar el papel en esta trama de Julio Corrochano, comisario de Política Nacional y exjefe de Seguridad de BBVA, y enlace inicial del banco con Villarejo.

Asúa fue durante años el jefe de Antonio Béjar, destituido como responsable de Distrito Castellana Norte (Operación Chamartín), y que antes fue director de riesgos del banco, cargo este en el que tuvo relaciones con Cenyt, como él mismo ha reconocido ante el juez. Béjar ha declarado como imputado ante García Castellón en cuatro ocasiones, y ha aportado una serie de pruebas que han sido decisivas para el nuevo rumbo que ha tomado el caso, y que, según algunas fuentes, estrechan más el cerco contra Francisco González.

Aunque para otras la lectura es distinta, ya que el expresidente del banco, a diferencia de en otros casos y testimonios, está llamado a declarar solo en la mañana de hoy, pese a que ello no signifique que su testimonio se pueda alargar.

Fuentes jurídicas señalan que durante los años que Cenyt trabajó para el banco eran varios los directivos que conocían su existencia, pero nadie cuestionaba su operativa, porque lo que hacían era ejecutar las órdenes que les transmitían. Habrá que esperar a la declaración de hoy de González (que parece que se ha distanciado de Carlos Torres), quien ha reiterado su predisposición a colaborar con la justicia. Lógico si se tiene en cuenta que si de algo presumió durante su trayectoria como presidente de BBVA fue de ser un banquero ético, como repetía cada vez que podía.

La declaración del exbanquero estará en línea con su comunicado de julio, en el que asegura que durante su mandato el banco trabajó “en la más estricta legalidad”, y que fue en mayo de 2018, cuando tuvo conocimiento de la contratación de Cenyt, tras lo que impulsó “una investigación interna”. Recordará, previsiblemente, que fue Corrochano quien, dentro de sus funciones, contrató esta sociedad, con el objetivo de espiar a una serie de promotores, y más en concreto a Sacyr, constructora que quiso hacerse con el control de BBVA.

Tras las declaraciones de esta semana, los abogados de los imputados esperan que el juez levante el secreto de sumario del caso. Será entonces cuando se despejen gran parte de las dudas abiertas, aunque la pieza clave es el forensic encargado por el propio banco.

Mientras, sobre el resultado electoral ya han corrido ríos de tinta, incluso en lo que afecta a la banca. Para este sector el escenario que se presenta, si finalmente PSOE y Unidas Podemos logran aunar otros apoyos para formar Gobierno, no es precisamente el más positivo, y las caídas de sus títulos en Bolsa de la semana pasada así lo vaticinan. Si el objetivo es subir en general los impuestos, en el caso de la banca, el gravamen contaría con un añadido, lo mismo que para las industrias contaminantes.

La formación liderada por Pablo Iglesias apuesta por un recargo a la banca de 10 puntos, frente al tipo del 30% que tiene el sector en la actualidad. Para Bankia el asunto se complica. La entidad que preside José Ignacio Goirigolzarri cuenta con un 61% de su capital en manos del Estado, y la idea que ha mantenido Podemos en sus programas electorales era crear a través de esta entidad un banco público, proyecto que no hace ninguna gracia a su actual cúpula, ni tampoco hace muy feliz a la ministra de Economía en funciones, Nadia Calviño. El mercado, de hecho, espera que la ministra contenga las ansias de Podemos de crear un banco público con Bankia, y pueda llevar a cabo un proceso de venta a un tercero, o en paquetes, o ambas cosas, como expliqué en esta misma tribuna la semana pasada.

Y en medio de la incertidumbre política sigue el proceso judicial del caso Banco Popular con la declaración estrella de Reyes Calderón, expresidenta de la comisión de nombramientos de la entidad, y quien propuso, según se desprende de varios testimonios, a Emilio Saracho, como presidente en sustitución de Ángel Ron. Calderón declarará en la Audiencia Nacional el próximo martes, coincidiendo en este organismo, aunque en otra sala y por otro caso, con Juan Asúa, de BBVA.