Los deberes del nuevo Ejecutivo en materia tributaria
Desde la adopción de directivas pendientes y la fiscalidad digital hasta reducir la litigiosidad y abordar la reforma de la financiación local
El Gobierno que tendrá que constituirse para la legislatura tiene que afrontar una serie de retos de manera inmediata. En primer lugar, deberá impulsar las reformas necesarias para, en un escenario de menor crecimiento, garantizar el cumplimiento de los objetivos de estabilidad y, más allá, continuar el proceso, tímidamente iniciado, de reducción de la deuda pública. En segundo lugar y ya desde un punto de vista técnico, existen directivas cuyo plazo de transposición finaliza el próximo 31 de diciembre y que este va a ser incumplido, dada la disolución de las cámaras. Nos referimos, de un lado, a la denominada directiva de intermediarios fiscales –DAC6– y, de otro, a la reforma del régimen de las operaciones intracomunitarias en el IVA. En ambos casos existen proyectos normativos elaborados por el ministerio y sometidos a información pública, que deberán ser tramitados de forma inmediata.
En tercer lugar, debe darse respuesta, también de manera urgente, a la situación creada por los diversos pronunciamientos del Tribunal Constitucional en torno al Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, que han dejado el tributo sin reglas de cuantificación claras y han provocado una avalancha de solicitudes de devolución. En tanto no se reforme el impuesto, en el sentido de gravar únicamente plusvalías reales y en la medida en que se hayan producido, la litigiosidad continuará, comprometiendo –y esto es lo más grave– la suficiencia financiera de las corporaciones locales.
En cuarto lugar, no puede olvidarse que, a nivel global, se están discutiendo importantes iniciativas fiscales sobre las que España debe fijar posición y, en su caso, adoptar medidas internas de carácter transitorio. Nos referimos, principalmente, a los importantes avances que se han dado en el seno de la OCDE en torno a una propuesta para el gravamen de la economía digital, basada en dos pilares. El primero, relativo al nexo para someter a imposición a las empresas que, sin presencia física, obtienen rentas procedentes de nuestro territorio. El segundo pilar se refiere a la propuesta global de norma anti-erosión de la base imponible por parte de las multinacionales. En su virtud, los Estados de residencia de las matrices podrán adicionar los resultados de sus filiales extranjeras, siempre que estas no estén sometidas a una imposición mínima. Al tiempo, los Estados donde residan dichas filiales podrán negar a éstas la deducibilidad de los pagos realizados a su matriz, bajo la misma condición. Esta segunda propuesta parece de más fácil consenso. Pero el diablo está en los detalles, señaladamente, la fijación de un umbral mínimo de tributación.
Volviendo al plano interno y en quinto lugar, no debe olvidarse el elevado grado de litigiosidad que registra la aplicación de nuestro sistema tributario. Por ello es urgente diseñar e implantar una estrategia general para su reducción. Esta debe referirse, en primera instancia, al mismo proceso de creación normativa, que debe dar lugar a normas más sencillas y fáciles de interpretar. Pero también al proceso de aplicación de los tributos, favoreciendo la relación cooperativa, la implantación de buenas prácticas tributarias en las empresas y el acuerdo con la Administración. Finalmente, deben adoptarse medidas en la fase de revisión consistentes, de un lado, en favorecer la conciliación y, de otro, en acortar los tiempos de respuesta a las discrepancias jurídicas. Para terminar, pero no porque sea menos importante, sino porque es lo más complejo, debería acometerse una reforma de los sistemas de financiación autonómico y local, lo que afecta al diseño de la mayor parte de los impuestos. Para ello serán necesarios, nos tememos, amplios consensos.
Javier Martín Fernández y Jesús Rodríguez Márquez son Socios de Ideo Legal