Es necesaria una sensatez fiscal con el tabaco
El alza de los precios en Francia ha elevado el contrabando y reducido la recaudación, sin lograr sus objetivos sanitarios
El precio medio de una cajetilla de cigarrillos en Francia acaba de elevarse a diez euros, una subida que responde a una iniciativa irracional del gobierno francés, quien decidió, en noviembre de 2017, emprender una agresiva política fiscal sobre el tabaco con el propósito de reducir el número de fumadores en el marco de sus objetivos sanitarios contra el tabaquismo. Desde esa fecha, el precio de la cajetilla de cigarrillos se ha incrementado alrededor de un 25% en el país vecino.
Pues bien, dos años después, el tiempo transcurrido ha demostrado -y de ahí el calificativo como irracional de la iniciativa- que los constantes aumentos de precios no han cumplido con ese propósito y sin embargo, la abultada diferencia en el precio de la cajetilla respecto a países fronterizos con Francia como España, Bélgica o Luxemburgo, lo que sí ha provocado ha sido un aumento muy significativo de las ventas en las provincias limítrofes de estos países, ventas realizadas a ciudadanos franceses que se desplazan, atraídos por el considerable ahorro en el precio, a suministrarse de sus marcas de cigarrillos.
Ello ha ocasionado una significativa caída en la recaudación por los impuestos del tabaco en Francia, dado que los fumadores franceses han reducido sus compras en los estancos franceses, y al mismo tiempo ha ascendido notablemente el consumo de tabaco ilícito (no doméstico). Es decir, el de aquellos cigarrillos que no pagan sus impuestos en Francia. Así, su índice de contrabando se ha elevado hasta el 27,9% del mercado de cigarrillos, con un ascenso de diez puntos porcentuales en sólo dos años. Exactamente, los mismos puntos que ha bajado el consumo legal. Claramente, se ha producido un trasvase del consumo legal al ilegal, con un negativo impacto en la recaudación.
Las autoridades fiscales francesas deberían haber tenido en cuenta que el factor más determinante para los consumidores a la hora de decidir acudir al mercado negro es el precio y que también lo es para decidir desplazarse a un país vecino con menores precios. De este modo, zonas limítrofes de Francia con otros Estados Miembro, como es el caso de Roubaix, frontera con Bélgica, o Perpignan, frontera con España, presentan porcentajes cada vez más altos de consumo no doméstico. Esta realidad ha hecho que España, como mercado de origen de comercio ilícito en Francia, haya aumentado su importancia, como también lo han hecho Bélgica y Luxemburgo.
Así, los estancos españoles situados en la frontera con Francia han incrementado sus ventas de manera muy importante, habiéndose disparado en provincias como Lleida, Girona, Guipúzcoa, Huesca y Navarra, con incrementos en algunos casos de más de un 10%. No hay que olvidar que entre Estados Miembro la cantidad de cigarrillos que pueden comprarse en uno para introducirlos en otro, no tiene las limitaciones de los países terceros.
Es precisamente este aumento de las ventas de cigarrillos en zonas próximas a Francia lo que explica en gran medida, junto con la reducción del contrabando, que los últimos datos oficiales del Comisionado para el Mercado de Tabaco a septiembre de 2019, muestren un ligero aumento de las ventas legales y no el hecho, como algunos defienden, que haya aumentado el número de fumadores en nuestro país.
La situación descrita en Francia ratifica, con nitidez, la teoría ya expresada por expertos en Fiscalidad de cómo en el caso de los cigarrillos, las subidas agresivas de impuestos están directamente relacionadas con el incremento en los niveles de comercio ilícito de tabaco en esos mercados. Incremento que será aún mayor si aumentan los diferenciales de precios con los países vecinos, como es el caso que nos ocupa. Países que, por otra parte, ven beneficiadas sus arcas públicas por las mayores ventas de cigarrillos en sus respectivos mercados.
El tabaco dejó de ser hace tiempo el ejemplo de bien de demanda inelástica y la política fiscal francesa está demostrando su fracaso en la consecución de sus objetivos de reducción del tabaquismo. La reducción se está produciendo en el mercado legal, pero no en la realidad, debido al aumento del contrabando.
El caso francés, en definitiva, es un caso de libro, digno de análisis y estudio, cuyas graves consecuencias ponen de manifiesto que la política fiscal sobre el tabaco, pero también la regulatoria, debe estar regida siempre por la sensatez. Y ser sensatos es no hacer lo que ha hecho Francia, donde los datos reflejan muy claramente lo que está ocurriendo.
Afortunadamente, en España hay varios factores que han permitido que el volumen de contrabando se esté reduciendo paulatinamente: la sensata política fiscal sobre el tabaco que se está llevando a cabo durante los últimos años, caracterizada por una cierta estabilidad, sin subidas agresivas de impuestos; la mejoría producida en la situación económica, con un mayor poder adquisitivo de los consumidores que ha favorecido que vuelvan a comprar sus cigarrillos en el estanco; el hecho de que no se haya introducido el empaquetado genérico -que facilita la falsificación-, en contra de lo que también ha realizado Francia; y por último, la eficaz labor de los cuerpos y fuerzas de Seguridad del Estado, y del departamento de Aduanas de la Agencia Tributaria.
Confiemos en que el Gobierno que salga de las urnas el próximo día 10 disponga al menos del mismo o parecido nivel de sensatez para dotar al sector de la estabilidad fiscal necesaria que permita mantener los niveles de recaudación y de progresivo descenso del comercio ilícito de tabaco.
Rocío Ingelmo es Directora de Asuntos Corporativos y Legales de Altadis