La familia Botín compra 10 millones de acciones del Santander por 36 millones de euros
La operación llegó tras la compra que realizó Ana Botín
La familia Botín compró el pasado 31 de octubre un total de 10 millones de acciones de Banco Santander en el mercado continuo por más de 36 millones de euros, según consta en los registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) actualizados este lunes.
En concreto, el pasado jueves se anunció la adquisición de un millón de acciones por parte de Ana Botín en diez órdenes distintas por un total de 3,6 millones, tras el desplome de la acción del Santander, como muestra de compromiso y confianza en la evolución del banco.
A esta compra se han sumado otras dos órdenes de compra, una de seis millones de títulos por 21,72 millones de euros y otra de tres millones de acciones por 10,86 millones de euros. En total, las adquisiciones se han ejecutado por 36,18 millones de euros.
Las operaciones corresponden a acciones sindicadas adquiridas por las sociedades Agropecuaria el Castaño, Nueva Azil y Cronje y se han hecho públicas a través de la participación de Francisco Javier Botín.
Agropecuaria el Castaño es propiedad de Francisco Javier Botín, director no ejecutivo de Banco Santander, mientras que Nueva Azil está controlada por Carolina Botín, y Cronje, por Ana Patricia Botín.
La familia Botín posee 90,17 millones de títulos del banco, una participación del 0,543% que está valorada al precio actual de mercado en unos 334,5 millones de euros.
La semana pasada, las acciones del Santander se desplomaron entre el lunes y el jueves un 9,74%, hasta los 3,594 euros por título, siendo especialmente intensa la caída del miércoles, tras presentar sus resultados del tercer trimestre.
La entidad recortó su beneficio neto hasta septiembre en un 35%, hasta 3.732 millones, tras haber dotado 2.448 millones, principalmente por el ajuste del fondo de comercio de Reino Unido, anunciado el pasado 24 de septiembre (1.491 millones de euros), así como por una provisión adicional por los seguros de protección de pagos (PPI) en el Reino Unido (103 millones de euros) y otros cargos (40 millones de euros).
