Trabajo avala la corrección del pacto de control de jornada de las cajas
El acuerdo se publica en el BOE al permitir el sector que todos los sindicatos accedan a los datos, como reclamaba el Ministerio
La Dirección General de Trabajo ha dado finalmente el visto bueno al acuerdo de registro de jornada impulsado por el sector de las antiguas cajas de ahorro tras comprobar que las entidades del ramo han corregido las vulneraciones de la ley que había detectado el Ministerio. Como consecuencia, el texto del acuerdo fue publicado ayer en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
En concreto, tal y como adelantó este diario, a comienzos de octubre el Ministerio de Trabajo abrió un expediente sobre el acuerdo tras detectar que su articulado impedía acceder a la información del control horario a los delegados sindicales de aquellos sindicatos que hayan obtenido una representación inferior al 10% de los votos en la elección del comité de empresa.
“Desconociendo si se trata o no de una omisión involuntaria”, expuso el Ministerio, esta exclusión supondría una vulneración de la reciente legislación de registro de jornada, así como de los derechos de libertad sindical recogidos en la Constitución Española. Una irregularidad que había sido denunciada ante las autoridades por la Confederación Intersindical Gallega (CIG), central que no había sellado el acuerdo sectorial rubricado entre las entidades financieras adheridas a la CECA y los sindicatos CC OO, FINE y UGT.
La amonestación de Trabajo fue llevada a mediados de mes ante la comisión negociadora del convenio colectivo de cajas de ahorro, que acordó “modificar el texto” para contemplar el envío de la información recopilada a todos los representantes sindicales.
Superado este escollo, por tanto, el sector de cajas se convierte en uno de los pioneros en articular el nuevo modelo de registro horario. El texto contempla el uso de aplicaciones para medir el “tiempo efectivo de trabajo” y desaconseja las horas extras, que considera de carácter voluntario y excepcional.
El acuerdo, que compromete a entidades como CaixaBank, Bankia, Ibercaja, Abanca, Unicaja o Liberbank, afectará a unos 70.000 trabajadores y deberá estar implantado antes de final de año.
