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Anticorrupción pide a Dia más información sobre el fraude previo a Fridman

La fiscalía quiere ampliar el informe forense que EY elaboró; la compañía dice que los directivos implicados han sido relevados

Una de las tiendas Dia & Go en Madrid.
Una de las tiendas Dia & Go en Madrid.

El informe forense elaborado por EY sobre las irregularidades contables en Dia, previas a la toma de control por Mijail Fridman, no es suficiente. La Fiscalía Anticorrupción –a la que acudió la compañía una vez obtuvo las conclusiones de la auditoría forensic– ha pedido más información a la empresa sobre las cuentas de 2016 y 2017. Dia, por el momento, no ha aportado toda la documentación requerida, según afirma en el folleto de la ampliación de capital.

Hace ya más de un año que Dia se vio forzada a reformular sus cuentas de 2017, lo que hizo estallar una crisis financiera que se extendió durante meses. La razón fue un desfase contable en el cómputo de los descuentos contables a recibir de proveedores. Y encomendó a EY elaborar un informe forense para detectar qué había ocurrido.

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La consultora fue contundense. Tal y como publicó CincoDías el pasado 8 de febrero, EY encontró indicios de fraude en la gestión del grupo de supermercados, así como pruebas de que se ocultó de forma deliberada información al consejo, al auditor y a los accionistas. Este periódico también dio cuenta de algunas de estas evidencias, como correos electrónicos entre directivos de sus filiales de España y Brasil en los que quedaba de manifiesto su intención por burlar los controles internos de la compañía.

Dia reconoció en sus últimas cuentas anuales que este fraude le había supuesto un menoscabo patrimonial de 68,3 millones en 2017 y de 60,4 millones en 2016. La investigación no detectó salidas de caja.

Una vez obtuvo las conclusiones del informe forense, la cadena de supermercados las trasladó a la Fiscalía Anticorrupción. Este organismo, que investiga el caso desde entonces, ha pedido a Dia ampliar la información aportada en ese informe en “varias ocasiones”, según reza el folleto. La última de estas peticiones ha tenido lugar este mes de octubre y Dia aún no la ha atendido.

La compañía también afirma en este documento que los empleados y directivos involucrados en el caso bien han sido relevados de sus cargos o directamente están fuera del grupo. Antes incluso de dar a conocer sus sospechas al mercado, estas ya le costaron el cargo al máximo jefe de Dia durante 12 años, Ricardo Currás, así como a su director corporativo, Armando Sánchez. Las pesquisas de EY apuntaron además a Freddy Wu, durante siete años consejero delegado de Dia en Brasil y que fue destituido antes siquiera de tomar el mando de la filial argentina, su siguiente destino. También dimitió el sustituto de Currás en solo cuatro meses, Antonio Coto. La oposición de Fridman en la junta de accionistas de febrero relevó a KPMG como auditor tras 11 años y le encomendó la labor a EY, que en un principio iba a ser el coauditor.

Pese a que las investigaciones de Anticorrupción son aún iniciales, la compañía reconoce en el folleto que pueden derivar en una decisión judicial adversa que suponga un menoscabo en sus cuentas. Admite la existencia de otro proceso, en este caso en manos de la Audiencia Nacional, que investiga la toma de la compañía por su mayor accionista, Mijail Fridman. Este inversor ruso, cofundador de Letterone, está ya investigado por presuntamente haber asfixiado la tecnológica Zed para adquirila después a precio de saldo. La Audiencia investiga si en Dia siguió el mismo modus operandi.

Argentina reclama hasta 10 millones

Argentina. Además de las pesquisas de la Audiencia Nacional y la Fiscalía Anticorrupción españolas, Dia se ha visto envuelta en una investigación de la justicia argentina a la Asociación Mutual Argentina de Emprendedores por la que le reclaman hasta 9,6 millones. Paralelamente el fisco argentino investiga si las relaciones con determinados franquiciados pueden considerarse como laborales, lo que puede suponer una sanción de hasta unos 300.000 euros.

Brasil. La compañía afronta dos procesos fiscales en Brasil. El primero puede resultar en una multa de 102 millones por el ejercicio de 2014 y el segundo, sobre 2010, en una sanción de 96,7 millones.

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