Dia denuncia ante la Fiscalía el fraude detectado en la revisión de sus cuentas
EY completa el informe forense, que ya ha supuesto despidos. Calcula un impacto de 68,3 millones en 2017
Dia ha decidido denunciar ante la fiscalía los casos de fraude hallados en la investigación forense sobre las cuentas de la sociedad que ha encargó a EY. Tal y como adelantó CincoDías el viernes, antes de culminar el informe la compañía de supermercados ya había empezado a depurar responsabilidades de sus altos cargos tanto en España como en Latinoamérica. Ahora los responsables deberán responder ante la justicia.
Dia reconoció en las cuentas de 2018 la existencia de estos casos de fraude, que habían eludido los controles internos de la sociedad. Algo que también refleja en el informe del auditor, KPMG: "La sociedad ha identificado prácticas contables irregulares que han motivado la revisión del importe de los descuentos que venían siendo aplicados".
Fuentes cercanas a la compañía indican a este periódico que en el informe elaborado por EY, que según afirma la empresa ya ha concluido, queda constancia de que se ocultó de forma deliberada información al consejo, al auditor y a los accionistas. Ya en el informe de gobierno corporativo Dia avanzaba su intención de tomar las medidas legales oportunas. En el radar está Freddy Wu, durante siete años CEO de Dia en Brasil. A principios de diciembre fue nombrado consejero delegado en Argentina, pero las conclusiones de la forensic hicieron que no llegase a tomar posesión del cargo. En el informe de gobierno corporativo queda patente que la empresa despidió en 2018 a tres empleados, uno de ellos directivo, por denuncias disciplinares internas. También han sido relevados otros directivos en España y se investiga la implicación de Antonio Coto, que fue responsable del negocio en Latinoamérica antes de ser CEO del grupo durante cuatro meses. De hecho, y según el informe de remuneración de los consejeros, Coto puede tener que devolver parte de la indemnización cobrada tras su despido, si se demuestra que estuvo implicado en el fraude.
Revisión de cuentas
Los resultados presentados el viernes también desgranan buena parte del impacto en las cuentas de 2017 y 2016 de los casos de irregularidades y fraude detectados. Y actualizan la revisión de las cuentas que realizó la compañía el 22 de octubre, que fueron el detonante de la crisis. En suma, Dia reconoce un menoscabo en sus cuentas por "irregularidades y errores" de 68,3 millones para 2017, de los cuales 7,8 millones le restan al beneficio y 60,5 millones, a las reservas. El efecto sobre el ejercicio de 2016 es de 60,4 millones, 15,2 millones en reservas y 45,2 millones en el beneficio. No hay indicios de salidas de caja no registradas. EY ha encontrado los principales casos de fraude en España y Brasil, la división que ha retrasado la elaboración final del informe. Portugal y Argentina quedan al margen. Las irregularidades detectadas en España le han restado al grupo 55,4 millones de beneficio. Las halladas en Brasil, 11,3 millones.
El mayor impacto proviene de la sobreestimación de los descuentos aplicados a proveedores, conocidos en el argot como rappels. Fue precisamente este desfase contable el único que reconoció la compañía al inicio de la crisis, sin aclarar si se debía a errores de gestión o de conductas fraudulentas. Se ha saldado finalmente con un impacto de 68 millones: 33,4 millones sobre el beneficio y 34,6 millones contra las reservas.
La otra área de fraude detectada en el informe forense han sido las facturas de proveedores registradas en un periodo diferente al que correspondía. Algo que ha restado a la compañía 24,6 millones en reservas y ha incrementado la deuda en 52,4 millones. El auditor revisa las previsiones de diversa índole realizadas en España y Brasil, mientras que en Portugal tan solo se ha identificado un pequeño monto por la baja de un derecho de cobro, que la compañía atribuye a un error.
Una multa pendiente con la Hacienda brasileña
Dia informa en sus cuentas de que la Hacienda brasileña ha levantado actas contra su filial en el país por la tributación del ejercicio de 2014. Le obliga a pagar 97 millones de euros (431,12 millones de reales brasileños). La empresa afirma en el informe financiero que tiene intención de recurrir por vía administrativa primero y por la judicial después la decisión del Estado brasileño, "al considerar que existen argumentos suficientes para conseguir un resultado favorable".