Promotoras y socimis piden seguridad jurídica a largo plazo para el plan de vivienda en alquiler

Solicitan rebaja del IVA, plazos mayores y colaboración entre Administraciones

El sector privado valora de forma positiva el anuncio

José Luis Ábalos, ministro de Fomento en funciones.
José Luis Ábalos, ministro de Fomento en funciones.

El sector inmobiliario recibe de forma positiva el plan anunciado el miércoles por José Luis Ábalos, ministro de Fomento en funciones, de cesión de suelos públicos durante 50 años para que inversores privados construyan y gestionen vivienda en alquiler. Aún así, las patronales y empresas esperan una mayor concreción, que incluya cambios legislativos, fiscales y, sobre todo, seguridad jurídica para la inversión privada.

“La propuesta lanzada por el Ministerio de Fomento apunta en la buena dirección. Creemos sinceramente que la colaboración público-privada es la vía para solucionar el déficit de vivienda social en España”, opina Eduard Mercader, responsable de la comisión legal y tributaria de Asocimi, asociación compuesta por 28 socimis.

“La valoración es positiva puesto que indica que desde el Ministerio de Fomento y Sepes (entidad pública de suelo) están trabajando en ofrecer suelo para ampliar la oferta de vivienda en alquiler a precios asequibles que tanta falta hace en determinadas ciudades de España”, destaca por su parte Daniel Cuervo, secretario general de APCE, la patronal de los promotores.

Sobre el plazo de 50 años, el representante de APCE indica que teniendo en cuenta los periodos de tramitaciones y de construcción quedarían unos 46 años de explotación, lo que considera insuficiente: “En operaciones similares los plazos suelen ser de entre 75 y 90 años”. Cree, a su vez, que el capital privado estará interesado siempre y cuando en las condiciones “haya una estructura jurídica con garantías, además de unos plazos y precios en los que pueda haber un beneficio de mercado acorde al riesgo que se está asumiendo”.

Además, desde la patronal de los promotores solicitan la “adecuación de las normas urbanísticas a este tipo de proyectos”, así como “una fiscalidad reducida” para estas operaciones, ya que están gravadas con el 21% del IVA al considerarse prestación de servicios, “lo que genera una carga importante en la renta asequible que se pretende conseguir”.

“El capital privado estará interesado siempre que se busquen fórmulas, que ya existen en otros países, que le permitan obtener el retorno que esperan de esas inversiones. España necesitaría promover más de dos millones de viviendas en los próximos años para cubrir sus necesidades de vivienda en los segmentos de población más vulnerables, lo que implica la necesidad de hacer inversiones estimadas en el entorno de los 300.000 millones de euros”, según Mercader, de Asocimi. Esta asociación reclama que haya “un marco de estabilidad y seguridad jurídica e institucional” que garantice a largo plazo lo legislado.

De igual forma la patronal de los promotores pide “seguridad jurídica en la concesión” en la que se aporte una due dilligence técnica, urbanística y jurídica del suelo y un plan de viabilidad económico-financiero de la operación.

Javier Rodríguez Heredia, socio responsable del residencial la gestora inmobiliaria Azora afirma que el marco de actuación debe respetarse durante todo el plazo de amortización establecido y reclama que estas iniciativas “se consensúen con quien tiene que financiarlas”.

Sobre la viabilidad de la propuesta de Fomento, Samuel Población, director de residencial de CBRE, apunta que dependerá de “la agilidad de las diferentes Administraciones públicas” a la hora de otorgar licencias “y de la viabilidad comercial del alquiler en las ubicaciones seleccionadas, así como de las rentas, de modo que el inversor pueda obtener sus retornos esperados en un plan de negocio”. Este experto califica el plan de Ábalos “como una ambiciosa propuesta” para paliar el déficit de vivienda en alquiler. Aunque de momento es solo una iniciativa en época electoral ante el comienzo de la campaña del 10N.

Opinión de las empresas

Testa. Wolfgang Beck, consejero delegado de Testa, la socimi con mayor número de viviendas en alquiler (más de 11.000) opina que el plazo de explotación de las casas por parte del sector privado podría extenderse a 75 años. Además cree necesaria “una implicación de los ayuntamientos y comunidades autónomas”. Y valora el plan como un estímulo al sector de la construcción en este nuevo negocio.

"Consideramos que impulsar la vivienda pública en régimen de alquiler asequible es muy positivo para garantizar el derecho de acceso a la vivienda a aquellas personas en situaciones de vulnerabilidad con la finalidad de corregir los desajustes que se producen en determinadas localidades", añade Beck.

Anticipa. “Me parece una propuesta acertada, ya que va en línea con el objetivo de incrementar la oferta de vivienda en alquiler”, responde Eduard Mendiluce, consejero delegado de los servicers Anticipa y Aliseda. “Creo que sería oportuno añadir financiación y bonificaciones fiscales”. Coincide en reclamar un marco jurídico estable “entendiendo las necesidades del inversor”.

"Creo que sería interesante poder atender las emergencias habitacionales con ayudas a las familias para que puedan pagar el alquiler", propone adicionalmente.

Azora. "España tiene 10 veces menos vivienda social y asequible que nuestros vecinos europeos, por lo que valoramos muy positivamente la propuesta porque por fin se pone el foco en el verdadero problema de vivienda en España que es la absoluta escasez de este tipo de vivienda, no pudiéndose atender las situaciones de vulnerabilidad social y de acceso a la vivienda de las rentas más bajas", recuerda Javier Rodriguez Heredia, socio responsable de residencial de Azora.

También señala la importancia de que estas iniciativas "no se queden en meros anuncios en época de elecciones que se guardan luego en un cajón, como hemos visto que ha pasado con muchas en la última década".

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