Los interinos alertan de un aluvión de demandas de indemnizaciones
Los afectados aún confían, no obstante, en que el TJUE reconozca su conversión a fijos de una forma u otra
La semana pasada, la Abogada General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) emitió sus conclusiones sobre unas cuestiones prejudiciales planteadas desde España sobre varios casos de empleados públicos interinos que llevaban en sus puestos entre 12 y 18 años. Estos trabajadores demandan que la sanción al abuso de la temporalidad en todos sus casos sea su conversión a fijos, ante la ausencia de medidas sancionadoras suficientes en la legislación española.
Sin embargo, estas conclusiones –que no son vinculantes para el fallo final del TJUE pero suelen tenerse en cuenta en la mayoría de los casos– dejaron frío a este colectivo de alrededor de medio millón de trabajadores, ya que no se decantaban por la posibilidad de que dicha sanción, en casos de abuso de la temporalidad del personal interino (más de tres años en el puesto), fuera su conversión automática en trabajadores fijos.
Pese a ello, los afectados han hecho un análisis de estas conclusiones que muestra avances en la lucha contra el abuso de la temporalidad. Desde la Asociación de profesionales de informática de la Sanidad de la Comunidad de Madrid matizaban ayer esta negativa precisando que lo que indicó esta Abogada General fue que “la fijeza no debe permitirse por sentencia judicial en España” pero deja la puerta abierta a que se haga “por un proceso restringido ordenado en el que solo participe quien ha sufrido ese abuso de temporalidad”.
Y es que, al tiempo que descartó esta conversión en fijos por sentencia, la jurista europea también rechazó que la sanción por este abuso pudiera ser la que ofrece el Gobierno: convocar procesos selectivos de libre concurrencia.
Por ello, en este escenario en el que la Abogada General del TJUE negó como posibles sanciones a este abuso de la temporalidad –que sí reconoce– la conversión automática a fijos y también la convocatoria de procesos de selección libres, la vía sancionadora que dejó más abierta fue el cobro de una indemnización, añadida a la reclamación por daños y perjuicios.
Así, desde esta asociación de uno de los sectores más afectados, el sanitario de la Comunidad de Madrid –con más de 22.000 interinos con antigüedades superiores a tres años– advirtieron ayer de que, en el caso de que la sentencia final del TJUE siga las conclusiones de su Abogada General o sea incluso más restrictiva y cierre la puerta a la conversión a fijos, “nos encontraríamos ante todo un terremoto en forma de aluvión de demandas de reclamación de indemnizaciones”.
Concretamente, se refieren a las demandas que presentarían, amparándose en la futura jurisprudencia europea, los trabajadores interinos, si el fallo judicial confirmara que la sanción adecuada es la indemnización, una vez descartadas la fijeza y la convocatoria de procesos de selección libres.
La mayoría de estas demandas se producirían en el momento en el que el interino fuera cesado en su puesto para dárselo al ganador de esa plaza en un proceso de libre concurrencia.
Es más, desde esta asociación de interinos afectados consideraron , que el elevado coste que podría suponer a muchas administraciones autonómicas y locales hacerse cargo de estas indemnizaciones, les podría llevar incluso a plantearse cambiar los procesos de estabilización a concursos de méritos por antigüedad.
A diferencia de los procesos de libre concurrencia, acordados por el Gobierno y los sindicatos de la función pública, con estos concursos de méritos donde la antigüedad pesara lo que más, prácticamente se garantizarían las plazas para los interinos que las ocupan.
Pero para hacer este cambio haría falta una ley autonómica, ya que la normativa actual solo recoge los concursos oposición de libre concurrencia. De momento, esta opción no parece posible aunque lo han intentado ya interinos de Madrid, Canarias y Andalucía.
Según los cálculos de las asociaciones de interinos del Servicio Madrileño de Salud (Sermas), solo con que en este organismo la mitad de los interinos de larga duración afectados por estos procesos de selección no lograra su plaza, el coste de las indemnizaciones se elevaría a unos 300 millones de euros. “Este sería el coste equivalente a cerrar un hospital grande y uno pequeño en Madrid o a reducir un tercio el gasto en recetas”, calcularon estos afectados.
Por su parte, la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid, confió ayer en que el TJUE imponga la fijeza o la indemnización del colectivo e incluso una multa añadida.
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