España está a 3.000 millones de la recaudación medioambiental de la UE

Sus ingresos por estos tributos caen del 6,1% al 5,4% del total desde 2002. El país logra seis de cada 10 euros de la recaudación verde con Hidrocarburos

Aunque la preocupación social, política y empresarial por el medioambiente parece haber crecido enormemente en las dos últimas décadas, el peso de los impuestos que gravan las prácticas contaminantes ha descendido con fuerza en dicho periodo en los países desarrollados. Una tendencia que también se replica en España donde, además, el volumen de ingresos por tributos verdes sobre el total de recaudación está casi 3.000 millones de euros por debajo de la media europea.

Así se deriva del informe La fiscalidad ambiental en España, situación actual y tendencias, publicado ayer por el Consejo General de Economistas, que apunta que desde 2002 a 2017 la recaudación por impuestos verdes sobre el total de ingresos tributarios ha pasado del 6,8% al 6,1% en el conjunto de la UE y del 6,1% al 5,4% en España. Con todo, la cifra supera el 4,6% de Alemania o el 5% de Francia, pero queda lejos del 10,2% de Grecia o el 8,1% de Dinamarca.

La brecha española con la media comunitaria es aún superior, de unos 7.000 millones, si se tiene en cuenta el peso de estos tributos sobre el PIB de cada país, pues en la UE suponen de media un 2,4% del tamaño de la economía y en España apenas un 1,8% a cierre de 2017, último ejercicio del que hay datos comparables. Ambas cifras también arrojan una caída desde el 2,5% y el 2% registrados, respectivamente, en 2002.

“La explicación más razonable a esta caída” generalizada en la recaudación medioambiental, expone Luis del Amo, secretario técnico del Registro de Economistas Asesores Fiscales (Reaf) es que se trata de “impuestos anquilosados” que se crearon hace lustros y “han seguido como estaban mientras que la eficiencia energética ha mejorado” en empresas y vehículos, rebajando el consumo y los ingresos fiscales que generan.

A partir de esta tendencia general, eso sí, hay diferencias particulares en cuanto al diseño de la política fiscal medioambiental de cada país. Existen cuatro tipos de impuestos considerados medioambientales por la UE: los energéticos, que incluyen la tributación sobre carburantes o la emisión de gases; los del transporte, sobre la propiedad de vehículos; los que penalizan la contaminación, sea del aire, la acústica o por vertido de residuos; y los relacionados con la extracción de recursos naturales y su efecto en la erosión de parajes naturales, enumera María José Portillo, coordinadora del estudio. Aunque los primeros son más relevantes en toda Europa, arrojando un 76,9% de la recaudación total, en España resultan especialmente relevantes, proporcionando el 82,9% de los recursos verdes. Esta dependencia limita al 12,7% el peso de los tributos sobre transportes, frente al 19,8% de media comunitaria o el 40% que llegan a suponer en Dinamarca, y limitan al 4,4% el calado de los impuestos sobre la contaminación y la extracción de recursos.

En conjunto, España recaudó 21.382 millones con tributos medioambientales en 2017, demostrando una especial dependencia del impuesto de hidrocarburos, que arrojó 13.156 millones a las arcas públicas (pese a que las deducciones rebajan los ingresos en 850 millones). Aporta un 74% de toda la recaudación de impuestos a la energía y un 61,5% del total de tributos medioambientales. Le sigue en importancia el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, con 2.225 millones (de los que los particulares abonan 1.838 y las empresas el resto), el 10% del total.

De la recaudación total, el 82% corresponde a tributos estatales, el 8% a autonómicos y el 10% a locales. Estos dos últimos son los que más han proliferado en los últimos años, si bien aportan una recaudación poco significativa que va desde los 503 millones del canon de aguas catalán a los 127.000 euros de los vertidos litorales en Murcia.

Entre las reformas sobre la mesa, el Consejo de Economistas subraya la necesidad de homogeneizar el tratamiento fiscal entre territorios, asumiendo que la mejor opción sería una regulación global impulsada por la OCDE que evite problemas de competitividad. A escala nacional, España tiene especial margen para elevar los ingresos por impuestos al transporte. Sin embargo, la última gran propuesta de fiscalidad medioambiental, la equiparación de la tributación de diésel y gasolina que defendió el PSOE, elevaría de nuevo el peso de los tributos energéticos (hidrocarburos) y apenas arrojaría 670 millones, una cuarta parte de la brecha de ingresos de fiscalidad verde que España mantiene frente a la UE.