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Procés

El Gobierno pide al Constitucional que suspenda el Plan de Acción Exterior catalán

Asegura que " menoscaba competencias del Estado en materia de relaciones internacionales y vulnera el principio de lealtad constitucional"

La ministra Portavoz del Gobierno, Isabel Celáa, comparece ante los medios de comunicación tras la reunión del Consejo de Ministros en Moncloa, en Madrid.
La ministra Portavoz del Gobierno, Isabel Celáa, comparece ante los medios de comunicación tras la reunión del Consejo de Ministros en Moncloa, en Madrid.Eduardo Parra (Europa Press)

 El Gobierno ha anunciado este viernes un acuerdo para pedir al Tribunal Constitucional (TC) que suspenda el Plan de Acción Exterior de Cataluña por considerar que "plantea un conflicto de competencias".

El acuerdo del Consejo de ministros estipula que dicho plan "excede el ámbito de actuación de la Generalitat" en el exterior, menoscaba competencias del Estado en materia de relaciones internacionales y vulnera el principio de lealtad constitucional en el ejercicio de las competencias propias, ha dicho la ministra portavoz del Ejecutivo en funciones, Isabel Celaá

En ese acuerdo se invoca el artículo 161.2 de la Constitución "para que se produzca la suspensión de dicho plan" después de que el Ejecutivo catalán contestara "negativamente" al requerimiento de incompetencia que se le remitió el pasado 23 de agosto, ha precisado.

Ahora, según la ministra, "el Gobierno interpone un conflicto positivo de competencia", al constatar que "persisten los problemas señalados en dicho requerimiento"

El objetivo de esta iniciativa, ha dicho, es que el Constitucional declare que Cataluña ha menoscabado competencias del Estado y el principio de lealtad constitucional porque, entre otras razones, el plan no menciona otros sujetos de la acción exterior, obvia la necesidad de coordinar esa acción y omite toda referencia al Estado y a la función de coordinación que realiza.

Celaá ha explicado que el análisis del Plan de Acción Exterior catalán 2019-2022 "no puede dejar de lado el contexto en el que ha sido aprobado" y que, como ha señalado el Consejo de Estado, es el de "un proceso independentista que pretende el desprestigio de la imagen internacional de España"

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