El dinero y los negocios buscan seguridad jurídica y estabilidad
La fuga de capitales vivida por Cataluña demuestra la rapidez con la que se pierde la confianza y las dificultades que supone recuperarla
El año 2017 no pasará a la historia de Cataluña como un ejercicio pacífico, sino más bien como un caso digno de estudio sobre las consecuencias de la irresponsabilidad política y el populismo en todos los órdenes, también en el económico. Además de la fractura democrática y social que produjo el referéndum soberanista del 1 de octubre, la crisis institucional dejó en la comunidad autónoma una abultada factura en forma de fuga de capitales, alimentada por el traslado a otras regiones de miles de euros en depósitos bancarios y por el cambio de sede social de cientos de empresas, legítimamente preocupadas por proteger sus ahorros y sus negocios. En apenas tres trimestres, 37.500 millones de euros en depósitos fueron retirados de las sucursales de la región, casi el 20% del total. No fue un movimiento reflejo y precipitado, sino una tendencia que se prolongó e intensificó durante los meses siguientes. Si entre julio y septiembre de 2017, el trimestre previo al 1-O, fueron retirados casi 5.000 millones de euros, en los dos siguientes la fuga aumentó hasta multiplicarse por más de siete. La recuperación, lenta y costosa, comenzó solo a partir de la segunda mitad de 2018.
Desde esa fecha, el flujo del ahorro ha regresado progresivamente a Cataluña, pero todavía está lejos de alcanzar los niveles originales. Los últimos datos del Banco de España muestran que a junio de este año, cerca ya del segundo aniversario del desafío nacionalista y mientras el volumen de depósitos en toda España marca un nuevo récord, Cataluña ha recuperado poco más de la mitad del dinero fugado, lo que demuestra la rapidez con la que se pierde la confianza y las dificultades que supone recuperarla. No es ningún secreto que el dinero y los negocios buscan estabilidad política y demandan seguridad jurídica, dos variables que desaparecieron durante los meses que duró el conflicto soberanista y que generaron en los inversores, empresarios y ahorradores la imagen de una Cataluña democrática y políticamente deficitaria.
La lección que puede extraerse de lo sucedido entonces es extrapolable a cualquier escenario de incertidumbre e inestabilidad, incluido el que está viviendo actualmente España, instalada en una parálisis política y legislativa que no parece tener rápida solución. Pese a los repetidos llamamientos para avanzar hacia la formación de un Gobierno capaz de implantar reformas estructurales que permitan a la economía alargar un ciclo de crecimiento que está ya en proceso de desaceleración, los españoles estamos nuevamente ante una convocatoria de elecciones y frente a un horizonte plagado de incógnitas que urge despejar cuanto antes.