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Fianza de 79,1 millones a Fernando Martín, expresidente de Martinsa

El juez de la Gürtel le reclama esa cantidad por enriquecerse ilicitamente “manipulando la contratación pública”

Fernando Martín, expresidente de Martinsa
Fernando Martín, expresidente de MartinsaPablo Monge

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, José de la Mata, ha abierto esta mañana juicio oral a 21 investigados por las adjudicaciones irregulares a la trama Gürtel en el municipio madrileño de Arganda del Rey entre los años 1998 y 2009, y ha impuesto fianzas de hasta 80 millones de euros para algunos de ellos por la cuantía de las multas que afrontarán de ser condenados.

En concreto, en un auto dictado este lunes, De la Mata impuso 78 millones de euros de fianza para el líder de la Gürtel, Francisco Correa y su mano derecha, Pablo Crespo, y 79,1 millones al empresario de la construcción Fernando Martín, por las actividades desplegadas en casi una década para enriquecerse ilícitamente manipulando la contratación pública y con cargo a los fondos de las entidades municipales de la localidad madrileña.

También serán juzgados los empresarios Luis Bremond, José Luis Martínez Parra, Manuel Salinas y Amando Mayo, estos dos últimos con fianzas de 75 y 80 millones, respectivamente; el exresponsable de Constructora HispánicaAlfonso García Pozuelo y las mercantiles Special Events, Easy Concept,Good & Better, Diseño Asimétrico, Servimadrid Integral, Teconsa, Constructora Hispánica y Martinsa.

Según explica De la Mata en el auto de apertura de juicio oral, los investigados se pusieron de acuerdo para defraudar a las entidades públicas de Arganda del Rey y de forma señalada al propio municipio y la Sociedad de Fomento, para lo que intervinieron en la sucesión de actos de planificación y ulterior ejecución de la “actividad depredatoria” que entre todos realizaron.

En el caso de los empresarios, el auto recalca que contribuyeron para conseguir que los contratos públicos les fueran adjudicados, para lo que presentaban las ofertas ya amañadas, sabiendo que serían los adjudicatarios, con precios desorbitados, plazos de cumplimiento imposibles o con conocimiento previo de las condiciones de los pliegos, y con “comisiones millonarias” de por medio.

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