Hacia un diseño de renta mínima que no cronifique la dependencia

Es destacable su utilidad como factor de lucha contra la pobreza pero debe minimizarse su posible efecto disuasorio en la búsqueda de empleo

Los beneficiarios de las rentas mínimas autonómicas, unas ayudas públicas que comenzaron a funcionar a finales de los años ochenta y cuya gestión pertenece a las comunidades autónomas, se han triplicado desde el inicio de la crisis. Según los datos de Funcas, los titulares de estas prestaciones han pasado de ser poco de más de 100.000 en 2007 a superar los 300.000 en 2017, último ejercicio del que existe información. A ese número de beneficiarios directos se une el de los familiares y dependientes de estos, lo que conforma finalmente un total de 780.000 personas. No se trata, en cualquier caso, de ayudas homogéneas ni en cuanto a su diseño ni en cuanto a su cuantía ni en su duración. Ello dificulta su análisis comparativo y conforma, también en esta cuestión, una suerte de reinos de taifas en los que cada comunidad autónoma concede y gestiona sus rentas mediante una estrategia y un criterio propios, que no siempre se relacionan con la incidencia efectiva de las situaciones de pobreza y exclusión en el territorio. Así ocurre en el caso de Navarra, cuya tasa de pobreza es de las más bajas del país y que cuenta con una de las prestaciones más altas y ventajosas, en contraste con Extremadura, con una incidencia mucho mayor de estas situaciones precarias y una renta mínima sustancialmente más baja.

Más allá de las diferencias, el debate de fondo sobre este tipo de ayudas radica en torno a su utilidad real a la hora de reducir las situaciones de pobreza y de su capacidad efectiva para ayudar a la inserción laboral de quienes las perciben. De los análisis realizados por Funcas, así como de experiencias recientes (en este caso con renta básica) como la de Finlandia, se concluye que en general las ayudas tienen un efecto positivo en la reducción de la pobreza al tiempo que no producen importantes efectos negativos sobre la búsqueda de empleo. Pese a ello, los investigadores concluyen que en algunos casos existe un riesgo, no mayoritario pero sí real, de cronificación de la situación de dependencia económica de los beneficiarios.

A la vista de esta radiografía de fortalezas y debilidades, parece oportuno replantear el diseño de renta mínima de forma que se potencia en su utilidad como factor de lucha contra la pobreza y se minimice su posible efecto disuasorio en la búsqueda de empleo. Pero sin perder de vista que la mejor herramienta contra la pobreza es siempre un crecimiento económico sostenido, mayor inversión en educación y más empleo.

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