Anticorrupción concluye que Bankia urdió una "estrategia" para ocultar información al auditor externo
Considera "acreditado" que tanto Rodrigo Rato como Verdú conocían los deteriros que arrastraba la entidad
La Fiscalía Anticorrupción ha asegurado durante la tercera sesión consecutiva en la que expone sus conclusiones definitivas por el juicio que investiga la salida a Bolsa de Bankia que la entidad tejió una estrategia, encabezada por Rodrigo Rato (expresidente del banco) y Francisco Verdú (consejero delegado), para "evitar afloramientos" de los deterioros que arrastraba el banco y que conllevó la "obstaculización" de la labor del auditor externo, Francisco Celma (socio de Deloitte).
"Rato y Verdú tenían perfecto conocimiento sobre la situación generada, no solo por las manifestaciones realizadas por auditor Francisco Celma, sino por las reuniones que mantuvieron con los miembros del Banco de España y omitieron la realización de las diligencias perfectamente asumibles que impedían el afloramiento de los ajustes. Entendemos que la ausencia de las diligencias necesarias acredita un concierto entre los responsables de Bankia y BFA con los responsables de auditoria interna. Una estrategia para diferir la documentación que debería ser entregada al auditor externo y evitar los afloramientos de los deterioros que salieron después en la reformulación [de cuentas de 2012]", ha expresado Carmen Launa, fiscal encargada del caso.
Durante su intervención como acusado, Francisco Celma aseguró que no pudo realizar su labor porque la entidad no le proporcionó los datos necesarios para emitir la auditoria de cuentas del ejercicio de 2011. La representante del Ministerio Público ha estimado acreditado, a través de los correos electrónicos en los que Celma reclamaba información, que los responsables de la comisión de auditoria interna y cumplimiento conocían "perfectamente" los deterioros y obstruyeron el flujo de datos para evitar sacarlos a la luz.
En ese sentido, Launa ha señalado también al interventor de Bankia, Sergio Durá, y al exresponsable de auditoría interna Miguel Ángel Soria asegurando que diseñaron una "carrera de obstáculos" para "evitar la entrega de las tasaciones de activos inmobiliarios, de los inventarios y de los estados financieros", como mostrarían los correos intercambiados con el propio Celma. "Se proporcionó de forma limitada [la documentación], se omitía la entrega de tasaciones y parte de la documentación que afloraría los deterioros. Miguel Ángel Soria fue receptor de gran parte de los correos y coordinaba las peticiones. Soria conocía perfectamente los importantes deterioros", ha puntualizado.
Las cuentas relativas al ejercicio de 2011, que reflejaban un beneficio de 309 millones de euros, se registraron en la CNMV con retraso y sin el preceptivo informe de auditoría. Tras la dimisión de Rato y la ascensión a la presidencia del nuevo equipo liderado por José Ignacio Goirigolzarri, los estados financieros pasaron a ser de pérdidas por 2.979 millones. Según ha relatado la fiscal del caso, estas enormes discrepancias serían producto de "crear una ficción de las cuentas".
La Fiscalía Anticorrupción elevó el pasado mes de julio las penas que pedía inicialmente por presunto delito de estafa a inversores y añadió el de falsedad contable por las cuentas de Bankia y BFA del ejercicio 2011, con lo que el número de personas a las que acusa se incrementó desde
cuatro hasta catorce. De esta forma, ahora solicita ocho años y medio de cárcel para Rato en lugar de cinco años que pedía anteriormente; cinco años para José Luis Olivas (exvicepresidente de la entidad); cuatro años la pena de cárcel para José Manuel Fernández Norniella; y un año y seis meses para Francisco Verdú.
También acusa al exdirector general financiero y de riesgos de Caja Madrid y de Bankia Ildefonso Sánchez Barcoj, para el que pide dos años y medio; al socio auditor de Deloitte Francisco Celma (solicita dos años de prisión); al interventor de Bankia Sergio Durá (entre uno y dos años), y al exdirector de auditoría interna de Bankia Miguel Ángel Soria Navarro (entre uno y dos años). Asimismo, ha acusado a los exconsejeros Alberto Ibáñez (pide para él entre nueve meses y un año y medio de prisión), Araceli Mora (un año sustituible por multa), Miguel Ángel Acebes (entre nueve meses y un años y medio), Pedro Bedía (un año de prisión sustituible por multa), Remigio Pellicer (un año sustituible por multa) y José Rafael García Fuster (un año sustituible por multa).
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