¿Se está ablandando la persecución legal de las empresas en EE UU?
El Gobierno y los supervisores federales ya no tienen como prioridad los delitos financieros
Nadie dijo nunca: “Compadece a los pobres abogados”. Sin embargo, la menor demanda de abogados defensores de cuello blanco en EE UU refleja un cambio en la aplicación de la ley: un descenso de los casos contra bancos y otras compañías. Es posible que la América corporativa por fin se esté comportando. Lo más probable, empero, es que los fiscales estén haciendo la vista gorda y persiguiendo presas diferentes.
La evidencia es anecdótica pero convincente. Prominentes reclutadores como Mlegal o Major, Lindsey & Africa dicen que es más difícil encontrar trabajo para abogados especializados en ejecutivos acusados de actos ilícitos.
La relajación de la aplicación de la ley parece ser en gran medida responsable. Hubo 443 procesos federales de cuello blanco en mayo de 2019, un 10% menos que en abril, según cifras oficiales. En los últimos cinco años, han caído más del 35%, alcanzando su nivel más bajo en 20 años en enero pasado –337–, según la Universidad de Syracuse. El número de casos civiles presentados por la SEC contra cotizadas también ha caído, alcanzando su nivel más bajo en cinco años en la primera mitad de 2018, según la Universidad de Nueva York y Cornerstone Research.
Para ser justos, muchas empresas han mejorado. JP Morgan, por ejemplo, separó los puestos de asesor jurídico y jefe de compliance después de las pérdidas por valor de 6.200 millones de dólares del trader apodado London Whale, en 2012. Se une así a Goldman Sachs, HSBC, Barclays y otros en dar mayor prominencia al compliance.
El autocontrol también ha tenido recompensa. El Departamento de Justicia, por ejemplo, se negó a procesar a Cognizant Technology Solutions por soborno en febrero porque su consejo reveló completamente la mala conducta dos semanas después de descubrirla. La tardía represión de los delitos empresariales a finales del segundo mandato de Barack Obama puede haber tenido un impacto real.
Pero probablemente sea ingenuo pensar que hay muchas menos argucias de cuello blanco en marcha. Los bancos siguen corriendo un riesgo especial. Apenas el año pasado, por ejemplo, los fiscales obtuvieron una declaración de culpabilidad de una filial de EE UU del holandés Rabobank –y una multa de 370 millones de dólares– por procesar fondos sospechosos y tratar de impedir que los reguladores investigaran. Las criptodivisas y las ofertas públicas de tokens como el Bitcoin también se están convirtiendo en un imán para estafadores. La SEC y la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) han golpeado al menos a una docena de compañías con cargos por ofrecer valores no registrados y por mentir sobre sus operaciones y rendimientos financieros esperados. Y la Comisión Federal de Comercio multó a Facebook con 5.000 millones en junio por una serie de violaciones de la privacidad.
¿Por qué no hace más acusaciones el Gobierno? Una de las razones podría ser un cambio en las prioridades. En los últimos dos años, Justicia ha hecho hincapié en la inmigración, las drogas y los delitos violentos en lugar de en las irregularidades financieras. La SEC se ha dedicado a perseguir a pequeños estafadores que timan a inversores individuales, y el presidente, Jay Clayton, ha hecho hincapié en el “crecimiento de la economía” frente a los movimientos corporativos llamativos. Otra razón podría ser el alza del mercado de valores, que tiende a oscurecer el comportamiento dudoso. En palabras de Warren Buffett: “Solo se descubre quién nada desnudo cuando sube la marea”. Y fiscales particularmente agresivos como los exfiscales de Manhattan Preet Bharara y Mary Jo White ya no vigilan Wall Street.
Pero tal vez el factor más importante sea la agenda desreguladora de Donald Trump y otros republicanos. La Ley de Crecimiento Económico, Alivio Regulatorio y Protección al Consumidor del año pasado, por ejemplo, flexibilizó las regulaciones impuestas a los bancos más pequeños después de la crisis. La Casa Blanca está en proceso de eliminar más de 80 regulaciones ambientales. En julio de 2018, el entonces fiscal general adjunto Rod Rosenstein prohibió el “amontonamiento”, el hábito de que múltiples agencias multen a las empresas por la misma conducta. Y desde que Trump asumió el cargo, firmas como Walmart y Barclays han resuelto casos federales por mucho menos de lo que exigían los fiscales con Obama.
Sin embargo, algunos funcionarios parecen ya decididos a tomar el relevo. Los fiscales generales estatales están promoviendo acusaciones penales y civiles en relación con opioides, infracciones ambientales y otras áreas tradicionalmente manejadas por los federales. La oficina del fiscal general de Nueva York, por ejemplo, presentó recientemente denuncias por marketing engañoso contra Purdue Pharma y otros fabricantes y distribuidores de opioides. Mientras, la CFTC ha dicho que no se harán “pausas” en el castigo de las malas acciones, y ha lanzado una serie de nuevas denuncias sobre corrupción y un grupo de trabajo sobre información privilegiada.
Incluso los bufetes de abogados están instando a las empresas a que se vigilen a sí mismas ante la laxitud de la aplicación de la ley. Un memorándum reciente del importante despacho experto en fusiones Wachtell, Lipton, Rosen & Katz citaba “la significativa caída” de los acusaciones como “posiblemente el mejor momento para que las corporaciones continúen invirtiendo en sus programas de compliance”. Es un argumento inteligente para defender su propio negocio, por supuesto, pero también un consejo que vale la pena tener en cuenta: Las empresas que escatiman en vigilancia cuando la aplicación de la ley se vuelve algo blanda se arriesgan a sufrir una reacción violenta cuando los organismos de control vuelven a prestar atención a las actividades de cuello blanco sospechosas.
Los autores son columnistas de Reuters Breakingviews. Las opiniones son suyas. La traducción, de Carlos Gómez Abajo, es responsabilidad de CincoDías