El sudoku de las ayudas al alquiler en función de la comunidad donde viva
El País Vasco no limita el plazo de solicitud mientras que Madrid solo ofreció 15 días. Andalucía otorga los fondos por tres años, Baleares uno
El verano pasado, el Gobierno lanzó un nuevo plan de ayudas al alquiler para los colectivos con menos recursos y los jóvenes menores de 35 años en un momento en el que los precios volvían a repuntar con mucha fuerza. Recientemente, de hecho, el Banco de España alertaba de que en los últimos cinco años, los alquileres se habían encarecido un 50%, una alza a la que no han seguido los salarios.
El nuevo plan, vigente hasta 2021, incluye ayudas de entre el 40% y el 50% de la renta para alquileres que no superen los 600 euros al mes, pero cada comunidad autónoma –entes responsables de su gestión y de una parte minoritaria de su financiación– establecen convocatorias con criterios y tiempos de aplicación en ocasiones bastantes distintos. Muchas exigen unos plazos de solicitud muy cortos y unos periodos de resolución que pueden llegar hasta el medio año, por lo que quienes más necesiten la ayuda pueden ver su pretensión muy demorada en el tiempo.
Las ayudas están destinadas a los hogares cuyos ingresos no sobrepasen como máximo tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) –situado este año en los 7.519,6 euros anuales–, lo que equivale a no ganar más de 22.558,8 euros al año entre todos los miembros del hogar. No obstante, en Castilla-La Mancha, el límite máximo se sitúa en dos veces el IPREM y en Galicia y Castilla y León, en dos y media. Todas las comunidades aumentan el umbral hasta cuatro o cinco veces el IPREM dependiendo del tipo de familia numerosa o del grado de discapacidad de uno de sus miembros. Si quien pide la ayuda vive solo, entonces el tope estará en 1,5 veces el IPREM (menos de 11.279,4 euros anuales), y para cada persona adicional, se aumentará en 0,5 el IPREM hasta llegar al límite de tres.
La ayuda consiste en un porcentaje del alquiler que varía entre el 40% para las ayudas generales y el 50% en el caso de los menores de 35 años, mayores de 65, familias numerosas o con discapacidad. Pero únicamente para quienes residan en viviendas que no superen, en la inmensa mayoría de autonomías, los 500 euros al mes de renta. Entre ese tope figura Baleares, una de las comunidades que ha protagonizado uno de los mayores repuntes de precios en los últimos años.
Andalucía, País Vasco, Aragón y Madrid establecen alquileres máximos de 600 euros; la ciudad de Barcelona, Bilbao, San Sebastián y Vitoria lo elevan a 750 euros al mes, y Madrid capital (900 euros). No obstante, en el tramo que exceda los 600 euros, solo se aplica una ayuda del 30%.
Más allá de las cuantías, que varían en función de la realidad económica e inmobiliaria de cada autonomía, también se encuentran diferencias en el tiempo disponible para pedir las ayudas. Si bien casi todas las comunidades establecen plazos de un mes para realizar la solicitud, otras como Madrid, Canarias, o las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla dan apenas 15 días hábiles para recabar toda la documentación necesaria. Un plazo único para una ayuda de carácter plurianual.
A ello se suma que aquellas que menos plazo dan, son también las que más tardan en resolver la convocatoria, del orden de seis meses en Madrid y cinco en Canarias, frente a los tres meses de muchas otras regiones. Las dos únicas comunidades que no establecen un límite para pedir la ayuda, sino que permiten realizar el trámite hasta la finalización del plan en 2021 son Cantabria y el País Vasco.
Por otra parte, el Gobierno establece que las ayudas serán concedidas a sus beneficiarios por el plazo de tres años, aunque estás podrán ser por un tiempo inferior “siempre que haya razones que lo justifiquen”, una disminución que en la práctica se da en muchas comunidades autónomas, sin que, a priori, haya fijada una fecha para una siguiente convocatoria. Mientras que, por ejemplo, Andalucía y Castilla-La Mancha o Aragón establecen ayudas trianuales, en Madrid la convocatoria de este año solo se aplicaba con efectos retroactivos a los alquileres desde el 1 de enero de 2018 y hasta el 31 de diciembre de 2019. Otras, son tan solo de un año, como la Comunitat Valenciana o Baleares.
Retrasos en los pagos
Han sido muchas las comunidades de distinto color político que se han retrasado en el pago de las ayudas al alquiler del Plan de Vivienda 2018-2021. Algunos alegan falta de fondos del Ministerio de Fomento, de quien depende en torno al 70% de la financiación de estas ayudas, mientras que otros lo acachan al gran número de solicitudes recibidas y a la complejidad de otorgar financiación con carácter plurianual.
Aragón. Los solicitantes aragoneses llevan más de un año desde que se convocaron las ayudas esperando para saber si han sido beneficiarios y, en su caso, cuándo cobraran. Más de 12.200 hogares pidieron la prestación, pero de ellos menos de 5.000 se beneficiarán. Según la dirección de Vivienda de la región, más de la mitad de los que se han quedado fuera ha sido por falta de presupuesto y no por cumplir con los requisitos.
Madrid. A inicios de año, la ex consejera de Transportes y Vivienda reconoció el retraso en el cobro de ayudas pero lo achacó al nuevo Gobierno central, argumentando que las partidas fueron aprobadas por el Ejecutivo de Mariano Rajoy y estaban siendo revisadas por Fomento.
