Las cuentas autonómicas de 2020, abocadas a recortes o a sus propias prórrogas

El presupuesto extremeño se verá afectado entre un 8% y un 10% y Cantabria ya ha anunciado recortes

Preparativos para una conferencia de presidentes autonómicos.
Preparativos para una conferencia de presidentes autonómicos.

Está avanzando el verano y los Gobiernos autonómicos se están poniendo nerviosos. Es en estas semanas cuando sus arcas reciben las transferencias o entregas a cuenta que les corresponden en virtud del sistema de financiación autonómica para que, a partir del cuarto trimestre, elaboren los presupuestos del año venidero.

Pero este año las entregas a cuenta provienen de unos Presupuestos Generales del Estado realizados en 2018, con lo que no hay actualizaciones ni aumentos. La prórroga de las cuentas estatales conlleva, además, la falta de nuevas inversiones territorializadas, con lo que se agranda el descalabro económico de las autonomías. Recortes en el gasto o prórroga de sus propias cuentas son los escenarios con los que no quieren contar pero que son más que probables.

“Para todas las comunidades autónomas es una pérdida importante de dinero”, afirman en la Consejería de Hacienda de la Junta de Extremadura. “Calculamos en 200 millones de euros lo que dejamos de ingresar por la falta de entregas a cuenta y el cambio del sistema del IVA”. En la comunidad presidida por Guillermo Fernández Vara, la situación de bloqueo “afectará al presupuesto de 2020 entre un 8% y un 10%”. Sobre los pasos a seguir ante esta situación, no se pronuncian.

Lo mismo ocurre en Andalucía, en la que fuentes de Hacienda declaran que “a pesar de todas las dificultades e incertidumbres, este Gobierno trabaja ya en la elaboración de los Presupuestos para 2020”. Eso sí, reconocen que “la inestabilidad de no tener Gobierno ni PGE dificulta la previsión de ingresos”.

Lo que es evidente es que en este verano de 2019 las autonomías de régimen común dejarán de recibir unos 4.500 millones de euros en las entregas a cuenta del sistema de financiación y que corresponden a la actualización prevista en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2019 que fue rechazado en el Congreso por falta de apoyos parlamentarios. Esto significa que, al seguir prorrogados los de 2018, la cantidad a percibir será la misma que el año pasado, 102.856 millones de euros. Esta cantidad representaba un 7,2% más que la entregada en 2017. La falta de presupuestos supone, asimismo, que no habrá nuevas inversiones. Para Extremadura es un jarro de agua fría en lo que “se refiere especialmente a las infraestructuras ferroviarias en la región”.

Hay comunidades que reconocen “tensiones de tesorería en la Administración autonómica, que es la que presta los servicios públicos más importantes: la sanidad, la educación y los servicios sociales y la que paga las nóminas de todos los empleados públicos”, aseguran en la Xunta de Galicia. La comunidad que preside Alberto Núñez Feijóo cuantifica una deuda por el bloqueo de 700 millones de euros, “de los que 530 millones están incluidos en los presupuestos vigentes”, y fue la primera en quejarse. Incluso hubo una iniciativa parlamentaria para solicitar al Gobierno central el pago de esta cantidad, votada por el PP, el BNG y En Marea.

En otras comunidades ha salido ya a relucir la palabra “recortes”. El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, advirtió hace unos días de que la falta de transferencias estatales y de inversiones para su región acarrearán recortes en los próximos presupuestos cántabros. En esta comunidad dejarán de ingresar 135 millones.

Otros presidentes autonómicos optan por pedir responsabilidades a la oposición, como el jefe del Ejecutivo asturiano, Adrián Barbón, quien ha manifestado que “Ciudadanos y Podemos están bloqueando que Asturias reciba 200 millones de euros”.

La solución, hoy por hoy, es enrevesada. En el Ministerio de Hacienda insisten en que las entregas a cuenta se actualizarán en cuanto se constituya el Gobierno y que, según ha declarado la ministra María Jesús Montero, la Abogacía del Estado ha dado luz verde a que se lleve a cabo mediante un Decreto Ley. Pero esto solo podrá hacerse cuando exista un Ejecutivo efectivo, no uno en funciones. Mientras, se aproxima septiembre y las entregas a cuenta no llegan.

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