Los sueldos de más de 11 millones de personas, congelados a la espera de Gobierno
Montero sugiere que el Gobierno elevará la previsión de crecimiento para este año del 2,2% actual al 2,3%
El Gobierno en funciones ya tiene “bastante avanzado el esqueleto técnico” de los posibles Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2020. Así lo ha avanzado hoy la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, en una entrevista a la Cadena SER, en la que precisó que los técnicos de su departamento tienen bien diseñado el capítulo de los ingresos pero “faltaría resolver la parte política (de los gastos), es decir, la que depende de las negociaciones con otras formaciones políticas”.
Entre esas políticas de gasto que los miembros del Ejecutivo en funciones calculan que tendrían que negociar con sus hipotéticos socios de Gobierno están, por ejemplo, la decisión de cuanto subirán inicialmente el próximo año las pensiones de 8,84 millones de pensionistas y los sueldos de 2,57 millones de empleados públicos.
Ambas cuestiones requieren ser aprobadas por un Real Decreto que el actual Gobierno en funciones no puede aprobar, porque ninguna de estas subidas se incluye en el ámbito de cuestiones “ordinarias” que un Ejecutivo en funciones puede aprobar, según la situación jurídica que explicó ayer Montero.
De ahí que los Ministerios de Trabajo y Seguridad Social y el de Política Territorial y Función Pública tengan las manos atadas y no puedan proponer la aprobación de los correspondientes decretos que determinarían la elevación de las rentas de estos dos colectivos.
Atendiendo a las declaraciones de distintos ministros y a los compromisos del anterior Ejecutivo, si Pedro Sánchez lograra formar Gobierno, aplicaría una subida inicial a las pensiones igual a la previsión de inflación con la que se diseñaran los Presupuestos y, después, se ajustaría al alza, si el IPC real que resultara a finales de año fuera superior al incremento inicial, como ya se hizo a principios de 2019.
Mientras que en el caso de los empleados públicos, el acuerdo que alcanzaron el último Gobierno del PP y los sindicatos de la función pública preveía un aumento salarial fijo del 2%, a lo que habría que sumar otro 1% variable si el PIB subiera un 2,5% o más el próximo año. En caso de que fuera inferior, la parte variable disminuiría proporcionalmente hasta un mínimo del 2,1% de avance del PIB. Además, si el próximo año se cumpliera el objetivo de déficit público, se sumaría un 0,55% adicional.
Pero sin la formación de un Gobierno, ambas subidas –que afectarían a las rentas de 11,4 millones de personas–, están a fecha de hoy en el aire.
Y este mismo vacío afecta a la aprobación del techo de gasto para la elaboración de los próximos Presupuestos; y al pago de unos 4.500 millones de euros a las comunidades autónomas en concepto de las entregas a cuenta del sistema de financiación autonómica.
Montero detalló ayer que una de las primeras decisiones del futuro Ejecutivo socialista si llega a materializarse, será actualizar estas entregas a cuenta y hacer que no vuelvan a depender “nunca más” de los Presupuestos Generales del Estado.
Según explicó la titular de Hacienda, la Abogacía del Estado sí le ha permitido que, en el caso de formar Gobierno, se pueda llevar a cabo esta desvinculación, “pero hacerlo ya desde un Gobierno en funciones era ya imposible”. Aunque añadió que “no se da por vencida”.
Montero también desveló ayer que la intención del Gobierno es elevar la previsión de crecimiento de la economía española del actual 2,2% al 2,3%, en línea con las estimaciones de otros organismo internacionales como la Comisión Europea o el FMI. El Banco de España, por su parte, elevó esta previsión hasta el 2,4%, pero Montero dijo que el Gobierno es “prudente”, por lo que sugirió que su revisión sería de una décima menos.
Dicho todo esto, la titular de Hacienda admitió que existe “preocupación” en el seno del Ejecutivo en funciones acerca de una posible desaceleración de la economía causada por la parálisis gubernamental. Por lo que volvió a instar a Unidas Podemos a que se siente a negociar un acuerdo programático, porque el Gobierno de coalición “ya fue rechazado” por ellos.