ATA pide a Pedro Sánchez que ponga fin a la parálisis política

En la reunión, las principales organizaciones del colectivo han pedido mejoras para los trabajadores por cuenta propia.

autonomos ATA Pedro Sanchez

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha mantenido este jueves una reunión con las principales organizaciones del colectivo de los trabajadores autónomos, con motivo de la ronda de contactos que Sánchez está llevando a cabo con los principales agentes sociales del país,.

En la reunión ha estado presente el presidente de ATA, Lorenzo Amor, quien ha trasladado la "vital importancia" de que se conforme de una vez el nuevo Gobierno y se recupere el ritmo de trabajo habitual y se reactive la economía. "No podemos tener 4 elecciones en 3 años, necesitamos que dialoguen y pongan fin al bloqueo y a la parálisis política", ha señalado Amor.

Además, desde ATA apuntan al consenso como factor primordial para poder avanzar, y tiendan la mano a la hora de colaborar y a seguir construyendo un diálogo que sitúe a los autónomos como uno de los pilares de la hoja de ruta de Sánchez, para que signa siendo "palanca del crecimiento y de la generación de empleo en España".

Ya en materia, desde las organizaciones del colectivo se le ha reclamado a Pedro Sánchez que se mejore la protección social de los autónomos, y que no se les prohíba el acceso a la jubilación por el hecho de tener pequeñas deudas con la Seguridad Social.

También se le ha pedido más mejoras en cuanto a seguridad jurídica y deducciones fiscales, así como que se saque adelante el Decreto de representatividad y el Consejo del Trabajo Autónomo, del mismo modo que una agenda 2025 que "orienten las políticas de autónomos y emprendimiento y la legislación a la realidad actual de las relaciones mercantiles y el trabajo por cuenta propia”.

La Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos también ha puesto énfasis en su comunicado en la necesidad de poner en marcha un régimen que sanciones a quienes incumplan los plazos de pagos estipulados por la ley de morosidad, y que siguen siendo ignorados por las administraciones públicas y por las grandes empresas.

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