Los pensionistas no saben cuánto cobrarán en 2020
La parálisis política deja en el aire la revalorización de 9,7 millones de pensiones
En España hay cerca de 8,7 millones de pensionistas que cobran un total de 9,7 millones de pensiones ya que alrededor de un millón de ellos reciben dos prestaciones (por lo general de jubilación y de viudedad). Y a poco más de cuatro meses de que termine el año, este abultado colectivo de ciudadanos aún no sabe cómo se revalorizarán sus pensiones a partir de enero de 2020. No saben qué cobrarán el próximo año.
Esta situación es anómala porque las normas de revalorización habían estado claras en la ley hasta ahora. Antes de la reforma de pensiones de 2013, cada Gobierno decidía el incremento anual de las pensiones pero siempre con una garantía: las prestaciones se revalorizaban en enero al menos lo mismo que hubiera crecido el IPC interanual del mes de noviembre anterior. Así, los pensionistas tenían garantizado el mantenimiento de su poder de compra.
Sin embargo, el fuerte impacto negativo que tuvo en las cuentas del sistema de Seguridad Social la desaparición de más de tres millones de cotizantes por la destrucción de empleo causada por la crisis entre 2008 y 2013 hizo que en ese último año el Gobierno del PP hiciera una reforma de pensiones que introdujo un nuevo índice de revalorización. Consistía en una fórmula matemática que tenía en cuenta las finanzas de la Seguridad Social en los cinco años anteriores y las previsiones de los cinco posteriores al año en el que se fueran a revalorizar las prestaciones, de forma que mientras ese cómputo arrojara un déficit, las pensiones solo podrían subir un 025%.
Y eso fue precisamente lo que ocurrió en los cuatro primeros años de aplicación de este nuevo índice. En 2014 las pensiones subieron un 0,25% y la inflación media anual bajó dos décimas, por lo que este colectivo no perdió poder adquisitivo sino que ganó casi medio punto porcentual de poder de compra. Al año siguiente el resultado fue aun más favorable. La subida fue nuevamente del 0,25% ante los persistentes números rojos del sistema pero los precios cayeron un 0,5%, con lo que la ganancia de poder adquisitivo fue del 0,75% en 2015. Mientras que en 2016 volvió a repetirse la situación de 2014 y las pensiones subieron el ya conocido (y cada vez más criticado) 0,25% frente a una caída de dos décimas de la inflación media anual, con lo que ganaron prácticamente otro medio punto de poder de compra. De esta forma, entre 2014 y 2016 los pensionistas vieron como su poder adquisitivo subía alrededor de un 1,65%. Si bien, en 2017 cambiaron las tornas y tras tres años de caídas de precios, la inflación subió un 2%, con lo que tras la subida del 0,25% los más de nueve millones de beneficiarios de pensiones, perdieron un 1,75% de poder de compra en ese ejercicio.
Esa situación generó la aparición de movimientos de protesta del colectivo de pensionistas por toda España, que tuvieron su epicentro en el País Vasco. Por ello, a la hora de aprobar los Presupuestos Generales de 2018, el PNV, cuyos votos eran necesarios para sacar adelante las cuentas, obligó al entonces ministro de Hacienda del PP, Cristóbal Montoro, a poner en suspenso la reforma de pensiones de su propio Gobierno y a subir las pensiones mínimas un 3% y el resto un 1,6% tanto en 2018 como en 2019.
El posterior Gobierno socialista fue más allá y aprobó un decreto en el que, además de estas subidas, compensó en enero a los pensionistas con una “paguita” –como la llamó la ministra de Trabajo y Seguridad Social, Magdalena Valerio–, para actualizar la cuantía de las pensiones al incremento del IPC del 1,7%, con lo que les subió las prestaciones una décima más.
Pero hasta aquí las certezas, porque la última referencia legal a la subida de pensiones (el decreto de finales de diciembre pasado) solo indicaba como revalorizarlas en 2019. Por tanto, en estos momentos la normativa vigente sería la previa a los Presupuestos de 2018 y a dicho decreto, o sea, el indicador de 2013 que vuelve a la subida del 0,25% ya que la Seguridad Social, lejos de haber saneado sus cuentas ha incrementado sus números rojos hasta el entorno de los 19.000 millones anuales.
Ante esta incertidumbre, una de las exigencias que escuchará el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, por boca de los líderes sindicales de UGT y CC OO cuando les reciba esta semana en la Moncloa tendrá que ver con esta actualización de las pensiones. Ambos le reclamarán que tome, cuanto antes, la decisión de revalorizar las pensiones más de un 0,25% para el próximo año. El procedimiento legal por el que tendría que optar el Gobierno al estar en funciones, sería nuevamente aprobar un decreto que debería convalidar el nuevo Parlamento.
Sin embargo, no parece que esta medida esté en los planes de Sánchez ni de su Ejecutivo en funciones. Así lo demuestra una reciente respuesta parlamentaria a una pregunta de Unidas Podemos acerca de cómo piensa revalorizar el Gobierno las pensiones en 2020. En dicho texto el Ejecutivo remite al diálogo social con empresarios y sindicatos y a las recomendaciones de la Comisión Parlamentaria del Pacto de Toledo el diseño de un nuevo índice para revalorizar las pensiones.
Según el decreto de Sánchez de diciembre pasado, el diseño de dicho índice debía producirse en el primer semestre de 2019. Pero el fracaso en la aprobación de los Presupuestos para este año y la disolución de las Cortes dejó en papel mojado este compromiso. Por ello, la respuesta del Gobierno es que “habrá que esperar a que la Comisión del Pacto de Toledo retome sus trabajos para poder cumplir con dicho mandato”. El caso es que esto no ocurrirá de forma inmediata y mucho menos será rápido, por lo que, de momento, los pensionistas no saben cómo ni cuanto se revalorizará su pensión el año que viene.
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