Un juicio entre Santander y Orcel no es la mejor solución

Lo idóneo sería una solución negociada a través de un convenio entre las partes que blindase la confidencialidad

Después de presentar sus resultados durante el primer semestre de 2019, Banco Santander celebró ayer su junta extraordinaria para dar luz verde a una ampliación de capital y, asimismo, mantener al tanto a los accionistas sobre las novedades judiciales en torno al fichaje frustrado de Andrea Orcel, que amenaza con aumentar las provisiones por litigios de la entidad, que escalan por encima de los 3.000 millones de euros.

Durante la sesión, la entidad prometió actuar con “toda contundencia” para demostrar en los tribunales que el nombramiento del banquero de inversión excedió los costes previstos en el momento del anuncio y que su fichaje no se hizo efectivo en ningún momento.

Pues bien, en apenas unos días el banco debe responder a la demanda civil ante la jueza decana de los juzgados de Plaza de Castilla, María Jesús del Barco, contestando a las acusaciones interpuestas por el banquero italiano, quien reclama 110 millones de euros por daños y perjuicios. De celebrarse, sería un juicio que coparía la atención de todos los medios escritos, radiofónicos y televisivos. Y es que, cantidades millonarias al margen, hay mucho en juego.

El juicio no beneficiaría a ninguna de las partes, por lo que pese a todo no puede descartarse un acuerdo millonario de ultimísima hora. Y, principalmente, existen dos factores que aconsejan una solución negociada en un tipo de conflicto como este. En primer lugar, la confidencialidad; ya que el inicio de un procedimiento judicial destapa todas las cartas sobre la mesa. Es decir, se desvelaría la información de cómo negoció Banco Santander, de las condiciones en las que lo hizo, de las formas y modos empleados… Y lo mismo ocurriría en el caso de Orcel, afectando por tanto a la privacidad de ambas partes. Pero más importante aún es el efecto en el prestigio, puesto que al someterse esta cuestión a un jugado habrá una resolución judicial que, necesariamente, dejará en muy mal lugar a una de las dos partes. Y este señalamiento sería más grave en el caso de Banco Santander, porque al tratarse de una conocida y reputada marca, una resolución de este tipo puede menoscabar su prestigio e incluso afectar a la cotización de su acción.

De ahí que lo idóneo sería una solución negociada a través de un convenio entre las partes, que impediría que trascendieran los términos mas peliagudos de esta batalla y permitiría que simplemente apareciera la resolución final del acuerdo, dejando abierta la posibilidad de acudir a un arbitraje en el que un tercero accediera a toda la información antes de hacer público su dictamen.

Ese convenio, a fin de cuentas, blindaría la confidencialidad y el prestigio tanto de Banco Santander como de Andrea Orcel, los protagonistas enfrentados. ¿Será posible? Esperemos y veamos…

Ignacio González es Socio de Life Abogados

 

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