¿Y si las Administraciones fueran más flexibles con las deudas de autónomos y pymes?
Desde CIAE se sigue reclamando algo que, a su juicio, reportaría más ingresos a las arcas públicas.
Una reciente sentencia del Tribunal Supremo abre la puerta a que a los autónomos se les pueda condonar parte de las deudas públicas. Hasta ahora, la Ley de Segunda Oportunidad permitía a los trabajadores por cuenta propia con deudas, bajo ciertas circunstancias, ser exonerados de las mismas. Con el objetivo de volver a reemprender, o no arrastrar de por vida una deuda contraída de buena fe en el ejercicio de su actividad.
Sin embargo, de esta "salvación" se exceptuaban las deudas con las Administraciones Públicas. Algo contra lo que se habían pronunciado todas las asociaciones de autónomos.
Este mes, el Tribunal Supremo abría la puerta a una exoneración total de deudas, aunque estas hubieran sido contraídas con organismos públicos. Dicha sentencia establece el perdón para el 70% de la deuda de un profesional con las Administraciones. También se determina que el resto de la deuda pueda abonarse de forma fraccionada hasta en cinco años.
¿Y si las Administraciones fueran flexibles?
“Si las Administraciones Públicas concedieran más flexibilidad, se conseguirían salvar más empresas”, apuntan desde CIAE (Confederación Intersectorial de Autónomos del Estado español). El resultado de estas acciones sería el de la obtención de mayores ingresos fiscales y mayores aportaciones a la Seguridad Social a medio plazo, según su perspectiva.
Desde la Confederación recuerdan que en España los concursos de acreedores que afectan a los autónomos se incrementaron en un 18,9% durante el pasado año 2018. Es decir, habrá más casos como los contemplados en esta sentencia, en donde una exoneración de la deuda pública contraída haría más efectiva el fin para que el que fue concebida la Ley de Segunda Oportunidad.
En su análisis, CIAE recuerda las diferencias de la normativa española frente a la de otros países, y pide que esta normativa se acerque a la que rige en ellos. Lo que implicaría incluir los créditos públicos, que es lo que impide hablar de una completa y real exoneración de los autónomos que hayan contraído deudas durante su actividad.
