Solo el 19% de los menores de 30 años se emancipan, el dato más bajo de la última década

Estos jóvenes tienen que destinar el 90% de su sueldo para alquilar en solitario

Son malos tiempos para ser joven en España. El año 2018 concluyó con la menor proporción de jóvenes emancipados de la última década, y es que, para que una persona menor de 30 años pueda alquilar en solitario, debe destinar de media más del 90% de su salario. Por eso, solo 19 de cada 100 personas entre 16 y 29 años cerraron el ejercicio residiendo fuera del hogar de origen, llegando a cifras récord del 17% en regiones como Andalucía, Castilla y León o País Vasco. Son cifras presentadas este jueves en el balance anual del Consejo de la Juventud de España (CJE), órgano dependiente del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social y del Instituto de la Juventud.

Hay muchos más números que convierten en poco halagüeña la situación de los más jóvenes, atendiendo al balance de 2018. La tasa de temporalidad de los que tienen entre 16 y 29 años ronda el 55%, por encima del 32% de los que se mueven entre los 30 y los 34 años, y muy superior al 20% de los que tienen más de 35. A esto se le añade que a casi un 15% de los menores de 30 años les faltan horas de trabajo para poder hacer frente a sus gastos, y que casi el 45% de ellos está en situación de sobrecualificación, trabajando en tareas para las que no son necesarios los títulos formativos que han conseguido.

“Lo que nos dicen las cifras es que la situación de la juventud no ha mejorado. Los datos macroeconómicos señalan algo de luz en la economía española, pero esto no se refleja en la juventud, que se encuentra aún con salarios bajos, empleo temporal y cada vez más desajustes en el mercado”, explica Alejandro Delgado, responsable de finanzas y socioeconomía del CJE. Así, prosiguió, ante las nuevas fórmulas de contratación o de modelos laborales, los que pagan los consecuencias son, mayoritariamente, quienes se enmarcan en estas franjas de edad. “El abuso al trabajador es constante, y en muchas ocasiones ya no hablamos de defender derechos laborales que son bajos, sino que son inexistentes”. Así, las prácticas extracurriculares, la concatenación de becas y unos salarios que “impiden desarrollar un proyecto de vida” son, en opinión de Manuel Ramos, presidente del CJE, “unas herramientas de precarización que hay que eliminar cuanto antes”.

Desde el citado organismo también ponen el foco en la prácticamente nula capacidad de ahorro de quienes oscilan en estas franjas de edad. Según los datos recabados, la retribución neta de un asalariado que tiene entre 16 y 29 años supera por poco los 11.000 euros, llegando a algo más de 15.000 en el caso de los que se mueven entre 30 y 34 años. Así, en los hogares jóvenes, aquellos en los que los inquilinos tienen menos de 34 años, los ingresos netos anuales rozan los 25.000 euros.

Como medidas urgentes para encarar la situación es necesario “abordar la reforma del Estatuto de Trabajadores para adecuarlo a la realidad de nuestra juventud”, señaló Delgado. Así, más allá de la derogación de la reforma laboral, “debemos adecuar la normativa para que el colectivo juvenil tenga seguridad y pueda afrontar la emancipación”. En este sentido, la estabilidad política también es uno de los temas primordiales para el CJE, sobre todo en lo relativo a la elaboración y aprobación de los Presupuestos, con el objetivo de que “las partidas destinadas a la juventud sean blindadas y aumentadas y estén dirigidas a menguar el paro juvenil o las dificultades de acceso a la vivienda”, alega Delgado.

Sin olvidar las tasas de paro y los ingresos netos por persona, los bajos niveles de emancipación preocupan a los expertos por ser una de las consecuencias más directas de la situación actual y a la vez uno de los síntomas principales de una capacidad de ahorro que llega a mínimos. En España, de media, el precio máximo tolerable para adquirir una vivienda en propiedad es de 107.000 euros en el caso de los que tienen entre 30 y 34 años, pero el precio de la vivienda libre roza los 155.000. La situación es mucho más grave en zonas como País Vasco, Baleares, Cataluña o la Comunidad de Madrid. En esta última, la cifra que podría pagar uno de estos jóvenes supera los 125.000 euros, pero el precio llega hasta los 250.000, casi el doble del máximo tolerable.