El fondo Ramco financiará los pleitos del bufete Fieldfisher Jausas contra Santander por el ‘caso Popular’

El despacho de abogados prevé impulsar reclamaciones por valor de 250 millones de euros

Oficina de Banco Popular.
Oficina de Banco Popular.

A Banco Santander promete complicársele el frente judicial abierto por la desaparición de Banco Popular, cuyo negocio absorbió por un euro simbólico hace dos años. El fondo Ramco Litigation Funding ha anunciado que financiará las demandas que impulse en este terreno el bufete Fieldfisher Jausas, despacho que prevé dirigir reclamaciones por 250 millones de euros.

El despacho de abogados prevé atender a los inversores afectados por la caída de Popular, incluyendo a quienes acudieran a su ampliación de capital de 2016, hasta mediados del mes de noviembre a fin de interponer las demandas desde enero.

“Este acuerdo es muy positivo porque no sólo beneficia a los inversores minoristas que adquirieron instrumentos financieros después de la ampliación de capital de 2016 sino también aquellos que compraron con anterioridad”, y añade que “tras dos años de investigación en el caso Banco Popular, las pruebas que hemos obtenido son muy favorables a los inversores tanto minoristas como profesionales”, ha expuesto en un comunicado el socio de Fieldfisher Jausas, Jordi Ruiz de Villa.

“Los inversores minoristas y profesionales perdieron sumas muy elevadas en el caso Banco Popular. La financiación de litigios permitirá a dichos inversores recuperar sus pérdidas sin ningún coste para ellos. Estamos encantados de colaborar con Fieldfisher Jausas y dar un paso más para consolidar la financiación de litigios en España”, agrega Cristina Soler, socia de Ramco Litigation Funding.

Ramco es un fondo de origen escocés que ya ha financiado otras baterías de demandas como las dirigidas contra el cartel europeo de constructores de camiones. El acuerdo permitirá financiar todos los costes de litigación, incluyendo los honorarios de abogados, procuradores y peritos en primera y segunda instancia o ante el Supremo. También se cubre el riesgo de costas.

A cambio, los socios se quedarán del 30% al 35% del monto que recuperen los demandantes. La condición para acceder a esta campaña es que la cuantía mínima de las pérdidas sufridas por el demandante sea de 300.000 euros. Para que el acuerdo se mantenga, será necesario que el volumen total de reclamaciones tramitadas alcance los 150 millones, aunque la previsión es alcanzar los 250 millones.

“Si se alcanzara el importe máximo previsto probablemente sería el mayor caso de reclamación judicial contra un banco dirigida por un solo despacho de abogados en España”, sostiene Jordi Ruiz de Villa.

Si bien es cierto que una batería de demandas de particulares por esta cuantía podría ser la mayor hasta la fecha, el mayor litigio del caso Popular hasta la fecha es el planteado por los miembros del núcleo duro de la antigua sindicatura del banco, que reclaman 484 millones.

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