Tribunales

El núcleo de la sindicatura de Popular plantea la mayor demanda contra el BCE y la JUR

Titulares del 6% del capital piden 495 millones de indemnización

Oficina de Banco Popular
Oficina de Banco Popular

Un grupo de accionistas de Banco Popular, que sumaban casi un 6% del capital, ha presentado una nueva demanda ante el Tribunal General de la UE contra el Banco Central Europeo (BCE) y la Junta Única de Resolución (JUR) por su responsabilidad en la resolución de la entidad. El colectivo, que incluye a accionistas clave del núcleo duro de la Sindicatura de Accionistas de Popular o a la Mutualidad de la Abogacía, está representado por el despacho Ramón C. Pelayo Abogados. El 2 de enero interpusieron una demanda de responsabilidad extracontractual en la que reclaman una indemnización de unos 484 millones de euros.

El pleito, que aseveran es el mayor hasta la fecha contra las autoridades por la caída de Popular y su inmediata venta a Banco Santander por un euro en junio de 2017, utiliza argumentos distintos a la demanda de anulación ya interpuesta previamente por el mismo despacho. Los demandantes acusan a Elke Konig, la presidenta del Mecanismo Único de Resolución, de haber desatado la fuga de liquidez que acabó con el banco en unos días al revelar información confidencial aludiendo a una posible intervención de la entidad en unas declaraciones recogidas por Bloomberg el 23 de mayo de 2017 y ampliamente difundidas por Reuters el 31 de mayo.

La demanda asegura que, además del incumplimiento de las normas de confidencialidad de la JUR, falló la adopción de medidas de actuación temprana sobre Popular. Caso diferente, alegan, fue el del banco italiano Carige, en el que la Comisión Europea ha dado luz verde al Italia para que avale la emisión de bonos.

Los afectados, que perdieron todo su dinero en una noche, recuerdan además que la JUR fundamentó su decisión en un informe provisional sin haber encargado el definitivo ex post.

Entre los accionistas de Banco Popular que firman la demanda está parte de la Sindicatura de Accionistas de Popular, integrada por las familias fundadoras del banco, algunas ligados al Opus Dei, y antiguos empleados, que en total llegaron a controlar un 9,6% del banco. Los litigantes corresponden a su núcleo duro, incluido el exconsejero del banco, Francisco Aparicio Valls.

La demanda también incluye a la Mutualidad de la Abogacía, que dos meses antes de la resolución tenía acciones, un bono y depósitos en la entidad que sumaban el 2% de su cartera de inversiones. Un porcentaje que se redujo hasta el 0,7% del total de su cartera antes de la resolución –vendió depósitos y el bono– y que el presidente de la Mutualidad, Enrique Sanz Fernández-Lomana, llegó a cifrar en 54 millones a valor de adquisición.

La demanda cuantifica la indemnización reclamada en base a la valoración inicial de Popular que hizo la JUR y, subsidiariamente, en el valor medio de los títulos entre el 29 de noviembre de 2016, fecha en la que el BCE publicó la exigencia de un nivel de capital de máxima de solvencia (CET1) del 10% para las entidades financieras, y las declaraciones de König en mayo de 2017.

Frentes judiciales abiertos

La resolución de Banco Popular la madrugada del 6 al 7 de junio de 2017 por parte de las autoridades europeas tras la fuga de miles de millones de depósitos de la entidad en unos días ha desatado una auténtica batalla judicial en múltiples frentes. La demanda del núcleo de la Sindicatura de Accionistas contra las autoridades europeas se suma a otras similares como la de Aeris, de la familia Luksic, que tenía el 3,45% del capital. A su vez, grandes fondos como Pimco se han personado tanto en la causa penal de la Audiencia Nacional junto a otros afectados representados por la OCU, o han acudido a la justicia de EE UU. Así lo ha hecho también la familia Del Valle, que tenía el 4,2%. A su vez se han abierto causas civiles de particulares y procesos de arbitraje.

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