Una sanidad cuya calidad y gestión de recursos es necesario proteger

La excelente atención de la sanidad pública española se ha convertido en los últimos años en un poderoso aliciente para los visitantes extranjeros

La denuncia que ha hecho pública ASPE, una asociación que aglutina a 1.300 empresas de la sanidad privada española, sobre una presunta trama de fraude por parte de aseguradoras británicas en la asistencia sanitaria a turistas ingleses en España apunta a serias irregularidades con consecuencias económicas tanto para la sanidad privada española como para la pública. Según señaló ayer ASPE, que cifra el montante del fraude en más de 100 millones de euros al año, un grupo de aseguradoras británicas ofrece a sus clientes pólizas de seguros que aparentemente garantizan asistencia en clínicas privadas españolas en caso de percance durante el viaje, aunque en realidad la letra pequeña del contrato no ofrece esa cobertura, lo que obliga a transferir a los pacientes a hospitales públicos a cuya cobertura gratuita ya tienen derecho por la tarjeta sanitaria europea. La trama implica un perjuicio para las clínicas privadas, puesto que la sanidad pública desvía posteriormente a ellas la factura de traslado y tratamiento del enfermo, y también para la pública, por la sobrecarga y costes inmediatos que la atención trae consigo, además del fraude soportado por los propios viajeros, la mayoría de ellos de edad avanzada. Desde la asociación española se reclamaba ayer con razón una actuación contundente por parte de las autoridades británicas y el Gobierno español ante una situación que es necesario clarificar y solucionar cuanto antes.

La excelente calidad de la sanidad pública española y su amplia cobertura se han convertido en los últimos años en un poderoso aliciente para los visitantes extranjeros. En el caso de los ciudadanos europeos, esa atención resulta cubierta con la presentación de la tarjeta sanitaria comunitaria, cuyo objetivo es precisamente garantizar que sus usuarios sean atendidos en centros sanitarios públicos en las mismas condiciones que los ciudadanos del país que visitan. La seguridad que esa garantía proporciona al visitante supone un gancho especialmente atractivo para el turismo británico, hasta el punto de que la ministra de Industria, Reyes Maroto, aseguró hace unos meses que el Gobierno haría lo posible por garantizar que este pueda seguir disfrutando de asistencia médica gratuita tras el Brexit.

Esa propuesta, formulada en el contexto de un paquete de medidas destinadas a paliar los efectos del divorcio británico en la economía española, poco tiene que ver con la trama denunciada porASPE, que apunta a un negocio lucrativo e ilegal mantenido a costa del engaño a los consumidores ingleses y el perjuicio a un sistema sanitario español cuya calidad y gestión de recursos es fundamental proteger.

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