Siete partidas presupuestarias donde España gasta mal

La Airef revela que la Administración no suele analizar los resultados y la efectividad de muchas políticas que adopta, ya sea en subvenciones, empleo, educación o sanidad

España salió hace un mes del procedimiento por déficit excesivo de la Unión Europea en la que llevaba inmersa la última década, y pese a haber salido del brazo corrector de Bruselas, el Ejecutivo comunitario todavía pide al Gobierno tres puntos de ajuste fiscal para equilibrar las cuentas públicas. Llegar al equilibrio presupuestario supone la difícil tarea de equilibrar ingresos y gastos, pero en el último mes se ha evidenciado claramente que España tiene un amplio margen de mejora para gastar de forma mucho más eficiente y ahorrar así recursos a las arcas públicas.

Esta semana, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef)presentó los dos últimos informes de un total de siete enfocados revisar la efectividad de más de 30.000 millones de euros anuales de gasto público. Una tarea que el anterior Gobierno de Marino Rajoy encargó al organismo independiente, y que saca los colores a la gestión de la Administración. El gasto del Estado, que según detalla el presidente de la Airef, José Luis Escrivá, supone el 40% del PIB, se invierte mal, sin el suficiente diseño ni planificación. No solo eso, sino que la mayoría de políticas públicas no definen de forma clara los objetivos que se proponen conseguir. Algo que impide hacer un seguimiento efectivo y evaluar a posteriori los resultados conseguidos, unas dinámicas que impiden que haya transparencia, y por lo tanto que se lleve a cabo la correspondiente rendición de cuentas.

“En España hay una gran carencia de evaluación del gasto público”, criticó recientemente Escrivá, razón por la que observa un “extraordinario margen de mejora” en la gestión del gasto. Además de evaluar los resultados y el cumplimiento de objetivos, la Airef defiende la necesidad de avanzar hacia una coordinación territorial mayor que evite solapamientos, actualizar leyes confusas y desfasadas, y simplificar la compleja burocracia.

Subvenciones

La primera partida que la Airef entra a analizar fue también la más cuantiosa de las siete: las subvenciones, para las que el Estado se gasta cada año en torno a 14.000 millones de euros. Un coste muy elevado para después no saber si realmente han resultado útiles o han atajado algunos de los problemas para las que se plantearon. En efecto, el organismo fiscalizador constata que existe una “clara falta” de estrategia a la hora de planificar y diseñar las políticas públicas, decidir sobre su dotación presupuestaria y plasmarlas en subvenciones. Y ello porque “la estrategia, que tendría que ser el hilo conductor de todo el diseño de la política pública hasta su aplicación, solo entra al final del proceso”.

A ello viene a sumarse, además, la falta de coordinación territorial de estas políticas por el escaso protagonismo de las comunidades autónomas en las mesas de negociación con el Estado, así como el hecho de tener una Ley General de Subvenciones poco clara e incompleta, basada en un sistema de reparto en ocasiones poco objetivo o desactualizado y con una “carga administrativa excesiva” para gestores y beneficiarios. Toda una serie de obstáculos que dificulta la transparencia y la rendición de cuentas.

Medicamentos

La siguiente partida fiscalizada por la Airef y una de las que mayor polémica han suscitado es la del gasto en medicamentos dispensados con receta, que concentra uno de cada seis euros del gasto total en Sanidad, algo más de 10.000 millones de euros al año. La principal conclusión del organismo dirigido por Escrivá es que existe margen para mejorar la equidad del sistema mientras se logran ahorros para las arcas públicas. Por un lado, la Airef señala que el actual modelo de copago penaliza a los trabajadores con ingresos bajos, por lo que recomienda eliminar la diferenciación entre activos y pensionistas y establecer el doble de tramos de renta para hacerlo más justo y gradual.

Por otro lado, destaca que el gasto en medicamentos en España es más elevado que el de la media de países de la OCDE con un sistema sanitario comparable al español (del 0,8% del PIB, frente al 0,98% de nuestro país), por lo que defiende que existe margen para ahorra cerca de 1.000 millones al año (el 10% de la partida), principalmente aunque no solo, a través del establecimiento de un sistema de subastas a escala nacional para fijar los precios.

Un modelo que ya se aplica en Andalucía y que, según la Airef, permite reducir el coste para el Estado a la hora de adquirir medicamentos por la mayor competencia entre proveedores. Desde el sector farmacéutico, advierten, sin embargo, de que ese modelo podría suponer un riesgo de desabastecimiento en algunos casos. El órgano constata, además, la ausencia de una revisión periódica del precio de los medicamentos ya integrados en el sistema, y de nuevo, apunta a la escasa gobernanza de los enteres territoriales en la toma de decisión.

Empleo

Mucho más contundente se muestra el organismo a la hora de evaluar las políticas activas de empleo (PAE), al denunciar la falta de eficacia de estas partidas para atajar el elevado nivel de paro. Cada año, estas políticas suponen un gasto aproximado de entre 6.100 y 6.500 millones de euros, si bien la Airef reconoce que el cálculo puede no ajustarse totalmente a la realidad debido a las “claras deficiencias” para analizar con exactitud los datos, insuficientes y de poca calidad. En concreto, sobre el Programa estatal Prepara, destinado a desempleados de larga duración, concluye que “no mejora la probabilidad de incorporarse al mercado laboral”, sino todo lo contrario, pues “genera desincentivos” en los seis meses que dura la prestación. Solo aprecia un impacto positivo tras 12 meses, pero apenas en cuatro comunidades: Aragón, Navarra, País Vasco y La Rioja.

De ahí que defienda un reparto de fondos ligado a la consecución de objetivos y que favorezca la trazabilidad del gasto para mejorar su transparencia. Llama así a fijarse en otros modelos europeos que, además de invertir mucho más (4.089 euros por parado en Alemania, o 2.752 en Francia, frente a los 470 de España), cuentan con sistemas de evaluación para mejorar los resultados y adecuarse mejor a las necesidades de las empresas.

Respecto a los incentivos a la contratación (normalmente con bonificaciones a las empresas) la Airef apunta que “no son eficientes”. Otro importante varapalo dado que suponen el 40% de las partidas y que España es, además, de los países de la UE que más gasta en este tipo de incentivos.

Becas e I+D+i

Las partidas dedicadas a las becas universitarias y a la promoción de la investigación son prácticamente las únicas para las que la Airef pide aumentar la dotación. En concreto, el organismo sostiene que las becas universitarias (que suponen cerca de 800 millones al año) han contribuido notablemente a garantizar las igualdad de oportunidades, pero apunta que las ayudas son insuficientes para los estudiantes que cursan la carrera fuera del domicilio familiar. Por otro lado, pide adelantar las convocatorias de solicitud y asignación antes del inicio del curso para evitar que nadie se quede sin estudiar por falta de recursos previos. También llama a ampliar los tramos de renta para mejorar la equidad.

Respecto a las ayudas a investigadores pre y posdoctorales, destaca igualmente la importancia de aumentar las cuantías (actualmente suponen un gasto de 300 millones, el 5% del presupuesto en I+D+i) para hacerlas más competitivas a nivel internacional y retener talento. Sostiene que es preciso revisar los criterios de concesión para reducir la discrecionalidad y adecuar estas becas con las necesidades del sector privado, para que el talento pueda integrarse en el tejido productivo del país y se mejore la calidad de la producción científica.

Industria

El ámbito que probablemente sale peor parado, junto con el de las ayudas a desempleados, es el del Programa de Reindustriliazación y Competitividad Industrial (en torno a 620 millones anuales) que la Airef recomienda directamente eliminar, al menos en su configuración actual. Y es que percibe un impacto nulo en la competitividad de las empresas industriales, y muy escasos efectos sobre el empleo que, de todas formas, desaparecen tras cinco años. El programa consiste en créditos con condiciones ventajosos que solo han beneficiado a menos del 2% de las empresas del sector, y que tienen “un elevado coste” ya que los intereses no compensan los impagos.

Correos

Por último, la Airef observa que el Sistema Universal Postal de Correos tiene un coste bastante más elevado que en otros países de nuestro entorno. El servicio (que cuesta sobre los 150 millones al año), se presta de forma permanente en todo el territorio y a precio asequible y acumula cinco años con déficit operativo (pérdidas). Por ello, la Airef recomienda reducir el número de días de reparto de correspondencia para que no sea diario (como ocurre en Italia), automatizar procesos para mejorar la productividad y externalizar la red de oficinas. Llama también la transición hacia mercados mucho más competitivos, como el de la paquetería urgente.