La Airef propone acabar con el programa de competividad industrial
Sostiene que los escasos efectos producidos desaparecen tras cinco años
Nuevo varapalo de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) a la efectividad del gasto público. El organismo dirigido por José Luis Escrivá recomienda acabar con el Programa de Reindustriliazación y Competitividad Industrial (RCI), dados sus escasos efectos en las empresas y su elevado coste para las arcas públicas. Así lo ha valorado la Airef este miércoles en su sexto informe del Spending Review en el que se revisa el gasto público.
El programa analizado por la Airef, conocido como Apoyo a la Inversión Industrial Productiva e impulsado por el Ministerio de Industria, funciona con préstamos concedidos directamente por la cartera que dirige Reyes Maroto y está destinado a desarrollar proyectos industriales. En concreto, se trata de créditos similares a los bancarios pero con condiciones más ventajosas a un tipo de interés de mercado, con tres años de carencia y un plazo de amortización a diez años.
Los resultados que arroja el informe son bastante negativos. En efecto, el organismo fiscalizador critica los nulos efectos del programa sobre la competitividad empresarial, dado que no encuentra ningún resultado significativo a largo plazo, y destaca además que el "impacto modesto" en inversión y empleo desaparece al cabo de cinco años.
El análisis detalla que entre 2008 y 2016 se otorgaron 4.900 millones de euros a cerca de 5.000 proyectos, por lo que tan solo ha beneficiado en torno al 2% de las empresas industriales del país. En ese periodo, el coste total ha sido de unos 1.000 millones, a razón de unos 210 millones por préstamo, un gasto "muy elevado" que no ofrece los resultados buscados. La Airef asegura también que los intereses cobrados por el Ministerio de Industria no compensan los impagos, dado que solo se recupera un 2% anual del crédito en mora.
Además, la institución destaca que el coste público de cada puesto de trabajo a empresas beneficiarias es casi cinco veces mayor que el subsidio por desempleo máximo y cifra en 55 céntimos el gasto que implica para la Administración Pública cada uno de los euros invertidos.
Por todo ello, propone acabar con el programa tal y como está concebido en la actualidad, y redefinirlo para establecer un alineamiento claro entre las necesidades del tejido industrial y objetivos a medio plazo cuantificables. Para ello, recomienda además crear un fondo de capital financiado de una parte con dotación presupuestaria y, de otra, con una financiación bancaria equivalente de forma que se compartan los riesgos con el sector privado.
