Hacienda retiene 2.000 millones de más del impuesto de Sociedades en el pago fraccionado
El Consejo de Economistas critica que el retraso en su devolución acaba elevando la presión fiscal sobre las compañías
La agenda recaudatoria del Estado llega este lunes a un punto culminante pues este día confluyen el fin de la campaña del IRPF del ejercicio 2018, iniciada el pasado abril, y arranca la del impuesto de Sociedades, que culminará el 25 de julio.
Coincidiendo con el comienzo de esta nueva campaña, el Consejo General de Economistas y el Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF) han presentado un estudio sobre el tributo que revela que Hacienda retiene 2.000 millones de más cada año mediante el sistema de pagos fraccionados.
Este modelo, equivalente a las retenciones practicadas mensualmente en la nómina de los asalariados de cara al pago del IRPF, lleva a la Agencia Tributaria a terminar reclamando a las compañías el monto que les reste al presentar la declaración o a devolverles lo que hayan ido aportando de más.
“El saldo es negativo para la Administración, que en campaña devuelve 2.000 millones más de lo que ingresa, buena prueba de que los pagos fraccionados y las retenciones son mayores que la cuota del impuesto ” realizadas previamente, ha explicado este lunes Luis del Amo, secretario técnico del REAF.
Desde el Consejo de Economistas critican que esta retención excesiva, unida al largo plazo de devolución -que ronda los seis meses- hace que aunque la empresa acabe pagando menos sufra realmente una presión fiscal mayor al tener que descontar de caja un monto superior al que le corresponde.
Se da la coyuntura de que la validez del modelo de pagos fraccionados, vigente desde 2012, está ahora mismo en cuestión, después de que el Tribunal Constitucional haya aceptado revisar si la reforma impulsada vía real decreto ley por el exministro de Hacienda del PP Cristóbal Montoro es acorde con la Carta Magna.
El asunto fue elevado al alto tribunal por la Audiencia Nacional ante una reclamación de una compañía representada por EY Abogados después de que Montoro impulsara una subida del tipo de pago fraccionado del 12% al 23% de los beneficios empresariales en 2016, a fin de acercarlo al tipo nominal del 25%.
Las empresas, sin embargo, acaban pagando un tipo efectivo mucho más bajo que el nominal (del 25% en general y el 30% para bancos y petroleras). Según los datos recopilados por la Agencia Tributaria los grupos empresariales pagan de media un tipo efectivo del 5,99% y el resto de empresas un 16,99%.
La explicación a semejante diferencia, según el informe del Consejo de Economistas, radica fundamentalmente en la exención aplicada sobre los beneficios de filiales en el extranjero –en las que la gran empresa española se ha apoyado para paliar la caída de ingresos de la crisis- y por el aprovechamiento de las bases imponibles negativas sufridas durante los peores años de la última recesión.
Estos motivos explicarían que la recaudación total por Sociedades se situara en 2018 en 24.838 millones, un 7,32% más que el ejercicio anterior pero un 44,59% menos en el máximo alcanzado en 2007. Una cota que desde el REAF consideran irrepetible dado que la economía española vivía un boom desmesurado entonces y que su estructura se ha transformado luego con la digestión de la crisis -que permitirá a las compañías ir reduciendo el pago de impuestos por las pérdidas de años anteriores- y la internacionalización de los grandes grupos que cada vez tienen más actividad exterior por la que tributan en el extranjero.
Montero propone una reforma
Por su parte, la actual ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, ha apostado este lunes por impulsar una revisión de la "totalidad" del impuesto de Sociedades argumentando que la capacidad de aportación a las arcas públicas de las grandes compañías está siendo comparativamente inferior a la de la pequeña y mediana empresa.
Así lo ha expuesto Montero, recoge Efe, en su intervención en el curso "Imposición sobre la riqueza" de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Santander, en la que también ha abogado por una actualización de las figuras fiscales que graban la riqueza o por la "armonización" de los impuestos transferidos a las comunidades autónomas.
A falta de ver qué nuevas medidas propondría si el PSOE logra finalmente la investidura de Pedro Sánchez, la reforma fiscal planteada por Montero pasaba por crear un tipo fijo mínimo de Sociedades (del 15% general y el 18% para banca y petroleras) por debajo del cuál no puedan pagar las empresas mediante la aplicación de deducciones, por reducir el tipo de las pymes al 23%, y por rebajar del 100% al 95% la exención sobre los beneficios de filiales en el extranjero.
