Santander y España defenderán el 4 de julio ante el TJUE la resolución de Banco Popular

La audiencia del Tribunal de Justicia europeo no se celebrará, no obstante, hasta dentro casi de un año

banco popular tjue
Banco Popular, integrado en Banco Santander

El próximo 4 de julio está previsto que Banco Santander y la Abogacía del Estado presenten ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sus escritos en los que defenderán su idea de que la resolución de Banco Popular, de la que esta madrugada se cumplieron dos años, se efectuó de acuerdo a la ley y, por lo tanto, se ajusta a derecho.

Pese a la proximidad de la fecha, no será hasta el primer semestre del próximo año cuando se celebre la audiencia en la que el TJUE dictamine. Antes, las partes deben presentar sus alegaciones y las respuestas a ellas.

Santander y el Reino de España se consideran terceros coadyuvantes en la resolución de Popular por parte de la Junta Única de Resolución (JUR) al tener intereses comunes para que Europa no pierda el caso. Algunos abogados de las acusaciones no les termina de convencer que el Abogado del Estado apoye a Santander y a la JUR y no a los más de 300.000 accionistas que perdieron toda su inversión en Popular hace dos años.

Entre ellos destaca Bernardo Cremades, quien no encuentra lógica esta posición, según ha asegurado a este periódico. Este despacho representa a uno de los seis casos seleccionados por el TJUE que han demandado a la JUR, y reclaman la nulidad de la resolución y cuyos fallos crearán jurisprudencia.

Pese a que en en la pasada madrugada se cumplieron los dos años desde que Popular fuera intervenido por la JUR y vendido por un euro a Santander, hay aún muchas dudas sobre el procedimiento de su resolución. Queda abierto un extenso abanico de contingencias por la
responsabilidad de lo acontecido en el banco con los 305.000 accionistas y bonistas que perdieron su dinero a raíz de esta actuación.

Los litigios se dirigen contra los antiguos gestores de la entidad y contra todos los organismos que tuvieron que ver en su resolución, como el FROB y la JUR, incluso contra el BCE y la Comisión Europea.

Los juzgados españoles han recibido un aluvión de demandas civiles reclamando la devolución de lo invertido en acciones del banco y muchas de ellas ya han sido resueltas en sentido favorable para los consumidores, algunas que denunciaban irregularidades contables.

Popular llevó a cabo en 2012 una ampliación de capital de 3.000 millones de euros y cuatro años después realizó una tercera de 2.500 millones que justificó en la obtención de importantes beneficios y cobro de dividendos (la segunda se llevó a cabo en 2013 y fue destinada íntegra a un solo inversor, la familia mexicana de Antonio del Valle). Durante todo este tiempo, su entonces presidente, Angel Ron, defendió la situación "inmejorable" del banco y se vendió una imagen de solvencia económica y patrimonial.

Pero, los beneficios se convirtieron en pérdidas y los dividendos nunca llegaron. Las demandas contra los antiguos gestores versan sobre las "irregularidades contables" de los últimos ejercicios y la supuesta falta de veracidad de los folletos para las ampliaciones de capital.

A las autoridades de resolución se les cuestiona el modo en que se llevó a cabo el procedimiento. El FROB ha recibido 1.063 solicitudes por responsabilidad patrimonial en la resolución de Banco Popular, según su memoria de 2018, y existen otras reclamaciones en el mismo sentido contra el Banco de España y la CNMV.

Aunque la Audiencia Nacional ha admitido a trámite 262 recursos contencioso-administrativos contra el FROB, su tramitación se ha suspendido a la espera de una resolución definitiva en los recursos de anulación formulados contra la decisión de la JUR de resolver la entidad y que
están a la espera de que se pronuncie el Tribunal General de la Unión Europea.

De su lado, la JUR está inmersa en un procedimiento de audiencia pública y debe decidir si cabe compensar a los accionistas y acreedores por la intervención, aunque de manera preliminar ya avanzó que no resultaría necesario, después de que el informe 'Valoración 3' de Deloitte concluyese
que las pérdidas sufridas por los inversores hubieran sido mayores de haber seguido el procedimiento nacional de insolvencia.

El panel de recurso de la JUR concluyó su conformidad con el acceso a una versión censurada de la decisión de resolución de Popular y de los informes de valoración que utilizó para ello. Varios grupos de inversores han reclamado ante el panel que se publiquen los documentos completos.

La Vía penal en la Audiencia Nacional  

También está abierto un procedimiento penal en el Juzgado de Instrucción 4 de la Audiencia Nacional en el que Banco Santander ha sido desimputado, al considerar la Sala de lo Penal que la entidad cántabra no tiene ninguna responsabilidad penal como consecuencia de los hechos que se investigan solo por haber absorbido al banco resuelto.

Entre los investigados sí están los expresidentes de Banco Popular, Ángel Ron y Emilio Saracho, así como alrededor de una treintena de nombres vinculados a la entidad aún por confirmar.

Al sumario se ha incorporado el informe hecho público en abril por los peritos del Banco de España Santiago Jesús Ruiz-Clavijo y Pablo Hernández Romeo, quienes concluyeron que las causas de la resolución de la entidad fueron tres episodios de fuga de depósitos durante el segundo
trimestre de 2017, que sumaron 16.347 millones de euros, derivados de la pérdida de confianza de los depositantes por la mala evolución en Bolsa, la incertidumbre sobre los objetivos anunciados en la ampliación de 2016, los nuevos requerimientos de solvencia y noticias y declaraciones
sobre la situación del banco.

Los peritos también dictaminaron que las cuentas de los ejercicios 2015 y 2016 publicadas por Popular y reflejadas en el folleto de la ampliación "no respetaban determinados aspectos de la normativa contable", en especial la clasificación de las operaciones refinanciadas en dudoso, y que nada de lo anterior implica que el banco fuese inviable.

Otro de los últimos documentos incluidos ha sido un expediente sancionador emitido por el Banco de España a 41 antiguos gestores del banco como consecuencia de presuntos incumplimientos durante 2014 y 2017 de la normativa relativa a la consolidación prudencial y a los requerimientos
de recursos propios.

Arbitraje y petición de documentación en EE UU.

Al margen de los procedimientos abiertos en España y Luxemburgo, el grupo inversor mexicano MIG, liderado por el accionista de Popular Antonio del Valle, ha iniciado dos arbitrajes internacionales contra España, ya que considera que el país incumplió las garantías y protecciones
establecidas en el Tratado Bilateral de Inversión España-México de 2006, culpando así al anterior Gobierno de Mariano Rajoy de causar la resolución por "múltiples actos y omisiones antes, durante y después".

Tras enviar una carta al Ejecutivo en enero de 2018 notificando su intención de iniciar este proceso y pasado el periodo de reflexión de seis meses para que se resolviesen la disputa sin ninguna solución, el grupo mexicano presentó sus solicitudes ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), un organismo del Banco Mundial, y ante la Comisión de las Naciones Unidas y las Reglas de Arbitraje para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI).

Además, los mexicanos iniciaron en abril del año pasado, junto a los fondos de inversión Pimco y Anchorage Capital, procedimientos legales en Juzgados estadounidenses para obligar a Banco Santander a revelar documentación clave sobre la resolución. Este procedimiento es conocido
como Discovery y permite a los demandantes solicitar pruebas sobre una causa legal abierta en el extranjero siempre que el demandado tenga presencia en Estados Unidos.

El Tribunal dictaminó que solamente Santander Investment Services (SIS), su bróker dealer estadounidense, debía revelar la información de la que disponga relacionada con Popular, aunque esta filial, por su actividad, no tendría por qué tener ningún tipo de documentación al respecto.
Los demandantes han recurrido el fallo y presentado una queja ante el Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York.

Integración de Santander y Popular 

Santander anunció dentro de su plan estratégico que recortaría en el medio plazo sus costes operativos en 1.200 millones de euros, de los que 250 millones corresponden a sinergias adicionales por la integración de Popular, que se suman a las sinergias de 500 millones a partir de
2020 con que contaba tras adquirir la entidad.

Banco Popular está todavía en proceso de ser integrado en los sistemas del grupo Santander.
Se ha completado ya la integración tecnológica de las oficinas en las comunidades autónomas de Aragón, Navarra, La Rioja, Comunidad Valenciana, Baleares, Región de Murcia y Castilla-La Mancha.

Está previsto que el proceso próximo mes de julio finalice el proceso de integración de las 1.584 oficinas procedentes de Banco Popular, si bien muchas de ellas serán cerradas en el marco del ERE que Santander está negociando actualmente con los sindicatos y que contempla la supresión de 1.150 oficinas y 3.464 empleos.

Un lustro de proceso judicial

Todas las fuentes consultadas por CincoDías aseguran que el proceso judicial del conocido como caso Popular se prolongará varios años, incluso un lustro, y como ejemplo citan el caso Bankia, menos complejo aún que este, en el que por primera vez en Europa se interviene y expropia un banco a todos sus accionistas aprovechando la nuevas normativas sobre resoluciones de bancos con problemas en Europa.

Con esta expropiación se quería evitar que los contribuyentes siguieran pagando la caída de un banco con ayudas públicas, es decir, con su dinero, y que fueran los accionistas y bonistas quienes asumieran las primeras pérdidas.

Estas mismas fuentes aseguran que según vayan avanzando los meses, hasta que se aproxime abril de 2020, las demandas civiles irán creciendo como una mancha de aceite. Será ese mes cuando prescriba el plazo para presentar demandas civiles. 

La idea de que los accionistas que quieran presentar sus demandas aprovecharán hasta el último momento tiene se base en que será entonces cuando se tengan más pruebas y documentación sobre lo que llevó a la JUR a intervenir el banco. Varios abogados, de hecho, citan como ejemplo el informe de los peritos del Banco de España, dado a conocer hace unas semanas y que de nada les ha servido a los que presentaron demanda con anterioridad y ya ha sido vista, y en la que no se ha podido argumentar este documento porque se desonocía.

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