El PP manejará el 46% del gasto autonómico si gobierna en Madrid y Castilla y Léon
Ese aumento de poder le permitirá impulsar su programa de rebajas fiscales
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reafirmó el domingo por la noche, nada más cerrarse los colegios electorales, la hegemonía del partido socialista, al asegurar que había sido la formación más votada en diez de las doce autonomías en las que se celebraron los comicios. Un consuelo menor porque el recuento de votos posterior el cierre de los colegios electorales reveló que el Ejecutivo socialista no habría logrado arrebatar a los populares dos de sus gobiernos más longevos: Castilla y León, en manos del PP desde 1986, y Madrid, desde 1995.
Pese a ser la fuerza más votada, la falta de apoyos de izquierda podría impedir desbancar a los populares de ambas plazas, gracias a la suma de votos de Cs y Vox en ambas comunidades. Y no es un dato baladí por el importante presupuesto que manejan ambas. Los datos de las últimas cuentas públicas autonómicas, aprobadas en 2018, muestran como Madrid es la tercera región más dotada económicamente, con un gasto de 18.841 millones de euros, y Castilla y León la séptima, con 8.521 millones de euros.
Aragón y Navarra son los dos únicos gobiernos de las 17 comunidades autónomas, en el que aún no está claro si el gobierno caerá en manos del PSOE o del PP. En Aragón, la suma de las fuerzas de izquierda (PSOE, Podemos, Chunta Aragonesista e IU) se quedan a un escaño de los 34 que otorgan la mayoría absoluta, mientras que la suma de las de derechas (PP, Ciudadanos, PAR y VOX) sí suman 34. La iniciativa de conformar gobierno le corresponde al socialista Lambán, que tratará de convencer a Ciudadanos para sumar mayoría absoluta, algo que parece francamente difícil teniendo en cuenta que Albert Rivera no está dispuesto a levantar el cordón sanitario que ha impuesto al PSOE, con lo que las posibilidades de conformar gobierno parecen más fáciles para los populares.
En Navarra, la coalición Navarra Suma (formada por UPN, PP y Ciudadanos) obtuvo el domingo 19 escaños, siendo la fuerza más votada, a tan solo siete escaños de la mayoría absoluta. El candidato de Navarra Suma, Javier Esparza, tendió la mano a la socialista María Chivite para formar Ejecutivo y está ya avanzó en la madrugada del domingo que no iba a darle sus votos al PP. Un escenario de bloqueo que anticipa una difícil solución para uno u otro.
Los populares impulsarán la supresión de Sucesiones y Donaciones y de Patrimonio
Teniendo en cuenta todas esas premisas, el PP tendrá el poder en seis autonomías (Andalucía, Madrid, Galicia, Castilla y León, Aragón y Murcia) mientras que el PSOE lo tendría en otras siete (Comunidad Valenciana, Canarias, Castilla-La Mancha, Extremadura, Baleares, Asturias y La Rioja). Un escenario de igualdad que se deshace cuando se suman los presupuestos autonómicos de cada una de ellas. Los populares manejarían una cifra cercana a los 73.000 millones de euros (un 46,2% de las cuentas autonómicas) mientras que los socialistas apenas superarían los 43.000 millones de euros (un 27,4%).
La clave está en que los populares tendrán los gobiernos en Andalucía, Madrid, Galicia y Castilla y León, cuatro de las regiones con mayor presupuesto, mientras que el PSOE solo tendrá en ese grupo de cabeza a la Comunidad Valenciana, con 15.513 millones asignados en sus cuentas públicas.
Sucesiones y donaciones
De esta manera, la supuesta hegemonía socialista se convierte en popular, lo que permitirá al PP aplicar sus rebajas fiscales en algunos de las autonomías más importantes desde el punto económico, en clara contraposición frente a la subidas impositivas que quiere aplicar Pedro Sánchez si finalmente logra los apoyos necesarios para conformar un Ejecutivo estatal en las próximas semanas.
Madrid apuesta por rebajas fiscales en el IRPF en todos los tramos de renta
Ese cambio de política arrancó en Galicia y Andalucía. En la primera, Núñez Feijoo aprobó para este año la supresión del impuesto de sucesiones, la bajada del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP), que grava la compraventa de vivienda usada, y la anulación de un incremento del impuesto que grava el patrimonio.
Con la llegada al Ejecutivo andaluz de la coalición formada por PP, Cs y Vox el pasado mes de diciembre se puso en marcha un programa económico con una prioridad: la bonificación del impuesto de sucesiones y donaciones al 99% para acabar con una disparidad fiscal que le llevó a ser una de las autonomías más perjudicadas por este tributo. A esa rebaja fiscal le acompañará un incremento del gasto cercano al 5% en los presupuestos autonómicos para este año, en torno a 1.700 millones adicionales, que servirán para incrementar las partidas destinas a educación, sanidad y dependencia.
En esa misma línea se presenta la coalición de derechas que con toda seguridad gobernará Madrid bajo la presidencia de la popular Isabel Díaz Ayuso. Al margen del mantenimiento de la bonificación al 99% del Impuesto de Sucesiones y Donaciones y de la supresión del impuesto de patrimonio, los populares llevaban en su programa electoral una rebaja de medio punto en los cinco tramos del IRPF, incluidas las rentas más altas, lo que supondrá una merma de recaudación de 300 millones de euros, según los cálculos de los propios populares.
Díaz Ayuso también incluye un incremento de las deducciones por alquiler de vivienda para los más jóvenes hasta los 1.200 euros y la posibilidad de deducirse en el IRPF el 100% de los intereses de préstamos para costear sus estudios en grado universitario, máster y doctorado.
A la espera de que Alfonso Fernández Mañueco, candidato del PP a la Junta de Castilla y León, pueda conformar finalmente Gobierno junto a Ciudadanos y Vox, el programa en materia económica recoge un catálogo con las mismas prioridades: la supresión del impuesto de sucesiones y donaciones y las rebajas en el IRPF, aunque de una forma más pausada que las aprobadas en Andalucía o Madrid. En concreto, Fernández Mañueco precisaba que frente a la subida tributaria de 200 millones que planteaban los socialistas castellanoleoneses, su propuesta se basaba en rebajas fiscales, pero siempre y cuando se ligaran al crecimiento económico.
Comunidad Valenciana y Cataluña, en el punto de mira de Hacienda
La obtención de un gobierno autonómico por parte de una formación politica es una herramienta para adquirir poder en la medida en la que gestiona el presupuesto de esa región. Sin embargo, la victoria se puede convertir en un verdadero problema cuando la herencia recibida en términos económicos es de difícil digestión, especialmente en lo que se refiere al co ntrol dél déficit y de la deuda pública.
Las dos autonomías con peores registros, sin embargo, no celebraron elecciones el domingo. Se trata de Cataluña y Comunidad Valenciana. La primera cerró el pasado ejercicio con un pasivo de 78.732 millones de euros, un 27% del total de la deuda autonómica, que supera ya los 293.000 millones de euros. La deuda catalana, que supone el 33,9% del PIB, se ha triplicado desde el inicio de la crisis y representa más del doble de la registrada por la Comunidad de Madrid en el mismo período (33.270 millones de euros). De la deuda de 78.732 millones contraída por Cataluña, 74.893 millones son préstamos y una parte sustancial corresponde a créditos aportados por el Ejecutivo central a través del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). En concreto, los fondos consignados a través de estos mecanismos ascendían a 58.831 millones, un 79% del total contraído mediante préstamos. En el caso de déficit, la Generalitat catalana sí cumplió el objetivo de cierre marcado por Hacienda, con un saldo negativo del 0,44% del PIB.
La comunidad presidida por Ximo Puig es la segunda que más deuda pública acumula en términos absolutos (47.084 millones al cierre de 2018), pero es la primera en términos porcentuales, con un 41,8% del PIB. Tampoco queda bien retratada esa región si se analiza la evolución del déficit público, que mide la diferencia entre ingresos y gastos, ya que cerró el pasado ejercicio con el mayor déficit autonómico (1.456 millones de euros), un 1,29% del PIB, tan solo superada por Murcia, con un déficit del 1,34%, que suponen 421 millones de euros de desfase.
