Banca

BBVA suma 3.100 millones de euros en hipotecas con IRPH

La entidad reitera en su folleto ante la CNMV las mismas advertencias sobre el caso Villarejo que ya hizo ante la SEC

Sede operativa de BBVA en Madrid
Sede operativa de BBVA en Madrid

La recomendación de la CNMV, e incluso del Banco de España, para que las entidades financieras españolas incluyan en sus folletos el riesgo de una sentencia desfavorable del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la utilización del índice de referencia de los préstamos hipotecarios (IRPH), parece que no ha caído en saco roto, aunque, de momento, es solo una reflexión de los supervisores. BBVA ha incluir las cifra de dicho riesgo en su folleto continuado remitido ayer a la CMNV. El banco que preside Carlos Torres Vila calcula que el importe de los préstamos hipotecarios a personas físicas referenciados al IRPH y al corriente de pago es aproximadamente de 3.100 millones de euros.

La entidad financiera explica que la banca española está pendiente de resolución una cuestión prejudicial en la que se cuestiona ante el TJUE la decisión adoptada por el Tribunal Supremo. Ante ello argumenta: “BBVA considera que la sentencia del Alto Tribunal español es clara y bien fundamentada. El impacto de una eventual resolución desfavorable por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea es difícil de estimar a priori, pero podría llegar a ser material. El impacto de dicha resolución puede variar dependiendo de cuestiones tales como (i) cuál sea la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea respecto a qué tipo de interés debe aplicar a la financiación; y (ii) si los efectos de la sentencia deben aplicarse retroactivamente”.

Añade que las acciones y procedimientos legales y regulatorios a los que se enfrentan otras entidades en relación con estos u otros asuntos, especialmente si tales acciones o procedimientos resultan en resoluciones favorables para el consumidor, “también podrían afectar negativamente a BBVA”.

El banco, además, explica que forma parte de procedimientos e investigaciones antimonopolio en determinados países que, entre otras cosas, podrían dar lugar a sanciones o conducir a la presentación de demandas por parte de clientes u otras personas. Como ejemplo cita que, en abril de 2017, la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) mexicana dio a conocer el inicio de una investigación por la posible comisión de prácticas monopólicas absolutas en relación con las actividades de algunos participantes en la intermediación de valores de deuda emitidos por el Gobierno Federal.

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores también inició una investigación independiente en relación con este asunto y en noviembre de 2018 emitió dos oficios sancionadores en contra del banco, en cada caso, “imponiendo multas por cantidades que no son significativas”. Pese a ello, el banco ha impugnado dichos oficios ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa a través de juicios de nulidad que se encuentran en curso.

Además, en marzo de 2018, BBVA Bancomer y otras filiales fueron demandadas en una acción que pretende ser colectiva, presentada en los EEUU, en relación con sus actividades como formadores de mercado e intermediarios de valores de deuda emitidos por el Gobierno Federal. “Los demandantes pretenden obtener una compensación económica no determinada. Es difícil predecir el resultado de las acciones y procedimientos legales y regulatorios”, añade.

Advertencias sobre el caso Villarejo

Sobre el caso de las presuntas escuchas ilegales a latos cargos por parte del excomisario Villarejo por encargo del expresidente, Francisco González, el banco reitera las mismas advertencias que ya hizo en su informe anual registrado ante la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos (la SEC, por sus siglas en inglés). Así, repite literalmente: "Estamos llevando a cabo una investigación, encargada a PricewaterhouseCoopers a través de nuestros abogados externos, Garrigues, junto con Uría Menéndez, sobre las acusaciones de actividades indebidas en relación con nuestra contratación de los servicios de empresas del Grupo Cenyt que pudieran haber violado nuestros principios éticos y las obligaciones de buen gobierno o normativas aplicables. Las autoridades judiciales también están investigando este asunto. Estamos llevando a cabo nuestra investigación para proteger los legítimos intereses del grupo y, en relación con ello, estamos cooperando con las autoridades judiciales y nuestros supervisores. No es posible predecir en este momento el alcance o la duración de nuestra investigación o de cualquier investigación por parte de las autoridades judiciales, o sus posibles resultados".

El banco también reitera que está "colaborando con las autoridades judiciales y los supervisores" y que no puede "descartarse la interposición de procedimientos o acciones judiciales o regulatorias contra el banco que pudieran tener un impacto negativo reputacional o económico", como ya advirtió en marzo.

Como ya hizo ante la SEC, el banco advierte: "Podríamos vernos afectados por acciones que sean incompatibles con nuestras normas de ética y cumplimiento normativo, y por no haber detectado o solucionado oportunamente dichas acciones". Y explica: "Algunos de nuestros directivos y/o empleados y/o personas que hacen negocios con nosotros pueden participar en actividades que son incompatibles con nuestras normas de ética y cumplimiento. Aunque hemos adoptado medidas diseñadas para identificar, supervisar y mitigar dichas acciones, y subsanarlas cuando tengamos conocimiento de las mismas, estamos sujetos al riesgo de que nuestros directivos y/o empleados y/o personas que hacen negocios con nosotros puedan involucrarse en actividades fraudulentas, corrupción o soborno, eludir o anular nuestros controles y procedimientos internos o apropiarse indebidamente o manipular nuestros activos para su beneficio personal o comercial en nuestro perjuicio".

También incluye literalmente la misma advertencia de marzo sobre que no puede garantizar que sus 125.000 empleados y directivos cumplan con las leyes contra la corrupción y las medidas al respecto que toma el banco para prevenirla, si bien esta advertencia está desligada del caso Villarejo, pues ya se incluía en términos similares el pasado año, antes del estallido del escándalo, y también otras compañías que cotizan en Nueva York como Telefónica o Santander la incluyen en parecidos términos.

Normas