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Fiat Chrysler llega a un acuerdo con la justicia de EEUU por el caso de las emisiones diésel

El grupo dará una "compensación monetaria" a una serie de clientes afectados, que deberán presentar las reclamaciones antes del 3 de febrero de 2021

Un técnico inserta una sonda detectora en el tubo de escape de un automóvil en un garaje.
Un técnico inserta una sonda detectora en el tubo de escape de un automóvil en un garaje. Efe

El grupo ítalo-estadounidense Fiat Chrysler Automobiles (FCA) asegura haber llegado a un acuerdo con la Justicia de Estados Unidos para poner fin a la demanda colectiva a la que se enfrentaba por el uso de software ilegal para ocultar las emisiones de sus motores diésel. FCA ha explicado en un comunicado que "ha recibido la aprobación final" de este acuerdo para poner fin a la disputa, pero reitera que no cometió ninguna infracción ni ninguna irregularidad.

El grupo subraya que el acuerdo "proporciona compensación monetaria" a una serie de clientes afectados, que deberán presentar las reclamaciones antes del 3 de febrero de 2021. "Los clientes que presenten una reclamación válida recibirán un pago en efectivo. Según el acuerdo de demanda colectiva, los propietarios pueden recibir hasta 3.075 dólares (unos 2.747 euros), y los que alquilaron los vehículos con opción de compra, hasta 990 dólares (unos 884,4 euros)", se lee en el comunicado.

FCA también se compromete a facilitar actualizaciones gratuitas del software de control del motor y una garantía extendida del tren motriz para las camionetas Ram 1500 2014-2016 y los SUV Jeep Grand Cherokee con motor diesel. Finalmente, informará a un auditor independiente sobre el estado de varias iniciativas dentro de la compañía, como los avances en capacitación y las mejoras en el proceso de certificación.

El pasado enero, FCA informó de que pagaría en EEUU 800 millones de dólares (unos 715 millones de euros) para resolver demandas sobre el uso de software ilegal para ocultar las emisiones de sus motores diésel. El acuerdo evita que FCA se enfrente en los tribunales a demandas interpuestas por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA), el Departamento de Justicia y 50 estados, entre otros organismos públicos.

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